TRAS LA reunión de los presidentes Petro y Maduro en Caracas, el pasado martes, sobre nuevos desarrollos en las relaciones de los dos países, entre los que más han sido comentados es que Colombia sería observador en las próximas elecciones presidenciales allí; así mismo posibles proyectos de integración energética en gas y petróleo y el fortalecimiento de las acciones para mejorar la seguridad en la frontera. Más allá de los buenos propósitos manifestados en estos frentes, hay escollos y realidades que dificultarían o los harían inviables.
- Elecciones en Venezuela
Luego del encuentro el pasado lunes en Cúcuta con su homólogo venezolano Yvan Gil, el canciller (e) Luis Murillo informó que hicieron la propuesta a Colombia para ser observadora de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio próximo.
“El canciller Gil nos ha propuesto, nos ha invitado a que participemos con una especie de observación electoral, una veeduría electoral de Colombia”, dijo Murillo.
Muchos consideran que sería un error craso si Colombia acepta ser observador de las elecciones en Venezuela porque de su parte estaría legitimando un proceso que ha sido descalificado por la mayoría de países porque no se permitió la participación de la candidata que era reconocida por la mayoría de la oposición, María Corina Machado.
En enero pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la sanción a Machado de 15 años para ejercer funciones públicas porque apoyó en 2019 las sanciones de Estados Unidos a Venezuela por la afectación del régimen de Maduro a la democracia del país, así como porque ella respaldó al entonces presidente interino Juan Guaidó.
Luego también impidieron que Corina Yoris, a quien Machado le dio la bandera de la candidatura de oposición, se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral. Esto ha sido interpretado por la comunidad internacional de argucias del régimen para asegurar la segunda reelección de Maduro.
Finalmente, un sector de la oposición logró inscribir a Manuel Rosales, con quien el presidente Petro se reunió esta semana en su visita a Caracas. Sin embargo, el aspirante no es visto con buenos ojos por los opositores, pues al fin de cuentas fue el que aceptó el régimen que se inscribiera.
Sobre el particular, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, integrante de la Comisión Segunda que tiene para su conocimiento las relaciones exteriores, dijo a EL NUEVO SIGLO que “tras la invitación del régimen para que Colombia actúe como observador en las elecciones del 18 de julio, sería vergonzoso para Colombia aceptar dicha propuesta”.
Agregó el parlamentario conservar que “como observador solo daría la impresión de que Colombia se convierte en cómplice de la dictadura del régimen de Maduro, pasando por alto los atropellos democráticos sufridos por otros candidatos en la contienda electoral. Colombia no debería aceptar ser observador en estas elecciones, especialmente cuando prácticamente el único candidato en la papeleta presidencial es Nicolás Maduro”.
Vale recordar que distintos sectores en Colombia reclamaron por su silencio frente a que fuera bloqueada la participación de Machado y luego de Yoris. Finalmente, el pasado 26 de marzo, la Cancillería emitió un comunicado en que “Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición”.
Este pronunciamiento fue motivo para la airada reacción del canciller de Venezuela, quien dijo que “empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los EE. UU., la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo les competen a los venezolanos”.
- Seguridad en la frontera
El presidente Petro dijo sobre los resultados de su encuentro con Maduro, que “un acuerdo alrededor del desmantelamiento de bandas, las criptomonedas como mecanismo de lavado de activos y la lucha conjunta contra mafias de economía ilícitas, harían que este escenario de una paz política se dé en Venezuela alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano en común”.
Como se sabe la frontera es uno de los principales factores que afectan la seguridad de ambas naciones porque desde hace tiempo se han hecho fuertes las guerrillas colombianas, así como las organizaciones delincuenciales de Colombia y Venezuela dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de combustible.
Es preciso mencionar que desde el mismo momento en que los dos países reabrieron sus relaciones diplomáticas en septiembre del 2022, se asumieron acuerdos y compromisos para trabajar en mejorar la seguridad en la frontera, sin embargo, la realidad es que son pocos los avances que se han logrado.
Incluso sectores independientes en Venezuela e inteligencia militar de Colombia tienen información de que el régimen de Maduro le daría cobijo en ese territorio al Eln y a la Segunda Marquetalia, en donde no solo se resguardarían, sino que participarían en el narcotráfico y la minería ilegal.
Hace unas semanas, el representante a la Cámara por Arauca, el liberal Germán Rozo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “tradicionalmente el departamento de Arauca, por muchos años, ha contado con la presencia de grupos armados al margen de la ley. En ese sentido, debo decirles que en la actualidad aún hay la presencia de disidencias de las Farc, facciones del Eln, organizaciones delincuenciales, así como también grupos de delincuentes integrados por extranjeros”.
En tanto que, en febrero pasado, el entonces personero de Cúcuta, Karol Blanco, dijo sobre el grave hacinamiento en las estaciones de policía, que sufrimos los coletazos de lo que pasa en la zona de frontera y la violencia que se vive en Arauca. El orden público se ha visto afectado por diferentes bandas”.
El tema de seguridad en la frontera es tan delicado que adicional a los compromisos que llevan a cabo los dos gobiernos, los gobernadores de la zona buscan aportar. En febrero pasado se reunieron el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y del Táchira, Freddy Bernal, para trazar algunos objetivos.
Este último dijo que es una “mesa de seguridad fronteriza para enfrentar fundamentalmente la dinámica criminal, las economías ilegales, la desaparición forzada de personas, la trata de personas, y para ello, está prevista una reunión en coordinación entre la Fuerza Militar de Colombia y de Venezuela”.
- Integración energética
El presidente anunció que se habló con Maduro de lograr un acuerdo energético que consiste en la posibilidad de que “Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo venezolana, y petróleo en condiciones de alta calidad, más cerca a la de Norte de Santander. Y que nosotros podamos exportar energía eléctrica, ojalá limpia, a través de La Guajira y a través del Táchira”.
También el ministro de Minas, Andrés Camacho, confirmó esta semana la intención de traer gas desde Venezuela. “Ha sido la revisión de la infraestructura del gasoducto, que como lo dije en el Congreso tiene un kilómetro que fue desmantelado, pero se ha venido haciendo la revisión tanto con Pdvsa como con Ecopetrol de la infraestructura y pues del propósito que tenemos de recuperar la infraestructura de este gasoducto”.
El anuncio no cayó bien en Colombia en sectores políticos y económicos, principalmente porque se dijo no puede depender su abastecimiento de gas de un país en donde su régimen es proscrito internacionalmente por afectar la democracia y violar los derechos humanos. Y que, también, ante cualquier problema diplomático hay la posibilidad de que cierre la llave del gasoducto.
Además, la factibilidad del proyecto es complicada por varias razones: una es que el gasoducto Antonio Ricaurte, entre Ballena (La Guajira) y Bajo Grande (Venezuela), está inactivo desde hace 9 años, y los millonarios recursos para ponerlo a punto, no los tendrían completos los dos países.
Otra duda es que no se sabe cuál es la capacidad del tubo para traer gas y que satisfaga las necesidades de Colombia. En la ACP (Asociación Colombiana del Petróleo y Gas) dicen que han conocido que sería de solo 50 millones de pies cúbicos.
Otro problema es que tampoco se sabe cuál es la calidad del gas venezolano y, por ende, si cumple con la exigente normatividad que tiene nuestro país en la materia.
Expertos como la ACP recomiendan que es mejor que Colombia siga explotando su gas y para que mantenga la autosuficiencia reactive las exploraciones frenadas en este Gobierno.