Cuando se conocieron las primeras declaraciones de Day Vásquez contra Nicolás Petro, al señalar que éste recogió cerca de $2 mil millones para la campaña de su padre en 2022, pero que al final se quedó con esa plata, muchos pensaron que lo denunció por un arranque de rabia tras su separación. Sin embargo, más de cinco meses después, se comprobó que era apenas la punta del iceberg de uno de los mayores escándalos de la política colombiana en la última década.

Y, más allá de lo que muchos creyeron que se trataba de un tema menor, asociado más a las supuestas indelicadezas de un hijo que no midió hasta dónde su conducta afectaría el gobierno de su progenitor, en los órganos de control se incubó una sombra de duda acerca de que algo 'raro' pudo pasar en la financiación de esa campaña.

Sombra de duda que luego creció al conocerse en junio unos audios de Whatsapp que le envió el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, a la por esos días jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, en los que en tono que luce amenazante le dice que todos podrían ir presos si contara sobre los $15 mil millones que asegura consiguió para la campaña en la costa Caribe.

Benedetti, tras reclamarle a Sarabia porque ella y el presidente no lo atendieron en una oportunidad en que fue a Palacio, dijo entre otras en esos audios que “no te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijueputa, a ti y al presidente, ¿oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío”.

Por ello, tras lo dicho por Day Vásquez en una entrevista a medios, el Consejo Nacional Electoral abrió el 3 de marzo pasado una investigación preliminar a la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022.

El Consejo busca establecer si la totalidad o parte de esos dineros que recogió el diputado del Atlántico Nicolás Petro, aprovechando su condición de hijo del jefe de Estado, entraron a esa campaña y no fueron reportados en las cuentas que recibió por parte del gerente de la misma, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, o no ingresaron, como dijo Vásquez en dicha entrevista a un medio.  

También a principios de marzo pasado se activaron más investigaciones en otras instancias por las palabras de Vásquez. Por un lado, en la Fiscalía para establecer si el diputado habría incurrido en enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Esto último porque, según su exesposa, Nicolás Petro recibió para la campaña presidencial $600 millones de Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien pagó una pena de 18 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y $400 millones de Alfonso Hilsaca, conocido como el Turco, quien ha sido investigado varias veces por supuesto involucramiento con grupos paramilitares.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió, también en marzo pasado, investigación contra el diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico por presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial 2022.

Y en junio pasado, por los audios de Benedetti, la Fiscalía aperturó una indagación preliminar a la campaña de Gustavo Petro, con el fin de verificar si superó los topes de gastos. Esto porque desde el 2017 por una ley esta conducta se convirtió en delito electoral.

Mientras que también en junio pasado, por las afirmaciones de Benedetti llegaron nuevas denuncias al Consejo Nacional Electoral pidiendo investigar esa campaña.

Así como por esos días por lo que dijo el entonces embajador en Venezuela se presentaron cuatro denuncias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro, entre las cuales estaban la de Federico Gutiérrez, hoy candidato a la Alcaldía de Medellín, y el parlamentario Christian Garcés, del Centro Democrático.

Si bien se abrieron investigaciones en la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara a la campaña del 2022, la decisión de Benedetti de no hablar cuando fue llamado a declarar, amparándose en el derecho a guardar silencio, y la de Laura Sarabia de afirmar en las oportunidades en que fue citada que nada tuvo que ver con la financiación, llevaron a pensar a los órganos de control que algo estaba debajo de la mesa.

Lo que venía en camino

Posiblemente nadie sospechaba que la Fiscalía estaba en la tarea desde marzo anterior de construir un expediente muy sólido en este caso de Nicolás Petro, en el que no solo estaría comprobando los ilícitos en que éste habría incurrido, sino que además tendría los hilos conductores para otros procesos alrededor de la campaña presidencial.

El país ignoraba esto, por ello se sorprendió al conocerse la noticia, el pasado 29 de julio, de que agentes del CTI despertaron de su sueño, a las 6 de la mañana, en sus apartamentos a Nicolás Petro y Day Vásquez para un allanamiento y llevárselos capturados.

Entonces el presidente dijo en Twitter que "como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción".

Agregó que "como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley…como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso". 

Mientras que a su hijo le dijo que "le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores".

El martes pasado, la Fiscalía en la audiencia que se convocó para tal fin imputó al hijo mayor del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que a su exesposa por lavado de activos y violación de datos personales. 

En la maratónica audiencia el fiscal del caso, Mario Burgos, exhibió un ‘arsenal’ de pruebas: chats, grabaciones de audio, documentos, el mapa de operaciones financieras, que comprometen a estas dos personas.

En las conversaciones, Nicolás Petro y Day Vásquez hablan de fuertes sumas de dinero que tienen y hacen cuentas de qué esperan recibir, de bienes que van a comprar, de personas que aparentemente conocen de esas actividades o que les colaborarían en proyectos.

Como una situación en que Vásquez con un interlocutor habla de un proyecto que esperaban que se lo financiara la Gobernación del Atlántico para atender personas de la tercera edad, pero que según lo que dicen era para lucrarse, pues entre sus planes se refieren a un médico que contratarían para que facturara $5 millones mensuales, pero efectivamente le darían solo $2 millones.

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El fiscal Burgos dijo que Nicolás Petro con su sueldo de $21 millones mensuales como diputado no podía justificar gastos de $1.600 millones de pesos en 2022.

“Para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos por mes. Creo que todos nos haríamos elegir como diputado. ¿200 millones de pesos mensuales? ¡Por favor!”, dijo el fiscal del caso.

Fue tan contundente el material probatorio que exhibió la Fiscalía, que cuando restaba pedir la medida de aseguramiento intramural para estas dos personas y ya habían dicho que no aceptaban cargos, Petro anunció que colaboraría con la justicia.

“Quiero anunciar a Colombia que iniciaré un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, dijo Petro.

Como consecuencia el fiscal Burgos pidió aplazamiento de dicha audiencia. Aprovechando esto, el pasado miércoles los abogados de Petro y Vásquez acordaron, por separado, con la Fiscalía a nombre de sus clientes el plan de colaboración con la justicia. Vale anotar que esta mujer ya tenía un acuerdo con este organismo para entregar información del caso. 

En la audiencia del jueves pasado, el fiscal Burgos soltó una bomba al revelar que como parte de la colaboración Nicolás Petro aceptó que si recibió los dineros que denunció Vásquez, pero lo más relevante es que aseguró que una parte de los recursos entraron a la campaña presidencial del 2022.

“Ese dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña”, dijo el fiscal Mario Burgos.

Por ello, si bien la Fiscalía mantuvo los delitos que imputó a estas personas, por su colaboración solicitó medida de aseguramiento para ambos con el beneficio de casa por cárcel para Nicolás Petro y libertad para Vásquez. Empero, el juez ordenó libertad para los dos en la audiencia del viernes pasado.

El presidente sostiene que no tuvo conocimiento de que dineros que su hijo asegura captó, entraran a su campaña.

Lo que queda claro

Mucha es la tela que resta por cortar en este caso, pues sobre la situación jurídica de Nicolás Petro y Day Vásquez, la Fiscalía ahora trabajará en la parte del proceso para llamarlos a juicio y eventualmente lograr su condena.

Hay que recordar que Petro y su exesposa están colaborando con la justicia, pero no han aceptado cargos.

En este punto Nicolás Petro tendrá que decir como ingresaron los dineros que afirma a la campaña, quién los recibió, en qué se utilizaron.

En lo que corresponde a la campaña, las investigaciones en la Fiscalía, la Comisión de Acusación de la Cámara y el Consejo Nacional Electoral dan un giro de 180 grados con la revelación del hijo del presidente de que entraron dineros que no habrían sido reportados a las autoridades correspondientes.

Se espera que estas investigaciones con los nuevos elementos sean impulsadas, pues el país exige respuestas prontas acerca de si hubo irregularidades o no en la financiación de la campaña, prontitud que exigieron los partidos Conservador y Liberal, entre otros.

Incluso se prevé que Fiscalía, Consejo Electoral y Comisión de Acusación de la Cámara compartan la información que tienen en sus investigaciones, con el fin de llegar a la verdad de este gran escándalo.  

Podría pasar también que la Procuraduría oficie a estos organismos para que le entreguen información para la investigación que adelanta contra Nicolás Petro.

Por su lado, el presidente se prepara ante lo que viene y el viernes anunció que ya tiene abogado.

Dije que ha “otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Pena de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Pava Lugo, para que me represente”.

También es claro que la Fiscalía abrirá investigaciones a personas que mencionarían Petro y Vásquez en la colaboración que se comprometieron con la justicia, así como otras que nombran en los audios.

Es el caso de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso Hilsaca, y Óscar Camacho, un empresario de Cúcuta, pues Nicolás Petro dice que le entregaron dineros.

También nombran empresarios como Euclides Ortega, de quien en una conversación entre Vásquez y Michelle Romero, dicen que financió toda la campaña en la región Caribe.
Así como la “familia Torres” (grupo económico señalado de ser muy cercano a las toldas petristas).

Otros mencionados son el exministro Alfonso Prada, el embajador Benedetti, Laura Sarabia y empresarios.