DESPUÉS DEL Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, se han registrado más de 1 millón de desplazamientos forzados, lo que, según Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), pone a Colombia en una “lamentable posición” de crisis humanitaria.
Pero en lo que va del año se han reportado 60 desplazamientos masivos, afectando a 29 584 personas, principalmente de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Bolívar y Meta.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el balance en cuanto a desplazamientos forzados en el país durante este primer semestre del año?
MARCO ROMERO: Colombia está viviendo una crisis humanitaria grave. Los datos generales hablan de más de 1 millón de personas desplazadas después del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. Eso tiene mucho que ver con la persistencia de conflictos sin resolver, disidencias, bandas criminales y ausencia del Estado en los territorios.
Desde el 2017 hasta ahora, encontramos más de 800 casos de desplazamientos forzados masivos. La Unidad de Víctimas tiene un registro de más de 1 millón de víctimas. El presidente Gustavo Petro ha logrado volver a enfocar la era de la paz, ya que en la era Duque tuvimos un stand by muy largo, en el que no hubo diálogos de paz con grupos armados, no hubo proceso de sometimiento a la justicia con bandas criminales, no hubo acuerdos con las Farc.
ENS: ¿Cuáles son las zonas más vulnerables hoy en día?
MR: Las zonas más vulnerables a este tipo de hechos son la Costa Pacífica, desde Buenaventura, norte del Cauca, Nariño y Chocó. Obviamente, lo que ocurre en materia de violencia tiene un impacto diferencial grave porque afecta, ante todo, al pueblo afrodescendiente, pueblos indígenas, mujeres rurales.
Pero también hemos visto una extensión de la violencia en el Bajo Cauca, Córdoba y Antioquia, zonas afectadas por la presencia de bandas criminales, disidencias y grupos armados que se disputan los territorios.
Otras regiones de Colombia, como el Catatumbo, se mantienen en el radar de la crisis humanitaria. Caquetá y Arauca siempre han tenido situaciones de violencia, pero ahora es muy grave. Hemos visto que se ha disparado la violencia nuevamente en la Costa Caribe, como Montes de María y otras zonas que se consideraban ya en una especie de posconflicto después de la negociación con los grupos paramilitares.
ENS: ¿Cuáles son los principales actores que intervienen en este fenómeno de desplazamiento forzado?
MR: La Defensoría del Pueblo ha hablado del surgimiento de muchas bandas criminales nuevas, además de grupos históricamente establecidos. En el Pacífico siempre hay presencia del Eln, ‘Clan del Golfo’ y disidencias de las Farc.
Pero también hay grupos nuevos que se disputan territorios o rentas ilegales. En Buenaventura hay muchos grupos tras el control del territorio o zonas mineras.
ENS: ¿De qué manera ha incidido el proceso de paz total en este fenómeno?
MR: La paz total es una buena noticia. Creo que Colombia tiene siempre la oportunidad de buscar la paz y hay que trabajar por ella. Busca consolidar las negociaciones de paz, cerrando distintos conflictos. Mientras persistan grupos armados y conflictos armados sin resolver, vamos a tener una reproducción de la violencia. Por lo mismo, hay que cerrar las distintas fuentes de violencia con criterios que hay que tomar para cada grupo.
Obviamente, en algunos casos habrá que hablar de negociaciones políticas, y en otros casos, de procesos de sometimiento a la justicia. Pero hay que cerrar esas dinámicas de violencia, ya que Colombia tiene más de 50 años de conflicto armado y mucha gente es experta en hacer guerra, en primer lugar. Segundo, hay que consolidar la paz estable y duradera en los territorios. En ese sentido, el Gobierno tiene una oportunidad muy grande.
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ENS: ¿Cómo incide el cese al fuego que anunció el gobierno Petro desde Cuba en esta situación, tomando en cuenta que grupos guerrilleros aseguran que no dejarán de delinquir para poder financiarse?
MR: Lo importante es que los ceses al fuego den la posibilidad de proteger a la población civil. Esperamos que no sea solo un cese de operaciones ofensivas entre el Estado y grupos armados, sino que también sea una protección de la población. Aquí se impone una verificación de las acciones del Estado y el Eln para que cumplan con las disposiciones del cese al fuego. Pero, por otro lado, que las instituciones del Estado sigan desarrollando una política robusta de protección en los territorios.
ENS: El confinamiento de la población por parte de los grupos armados al margen de la ley también se ha constituido en un problema grave, ¿cómo se ha estado atendiendo esta situación?
MR: El confinamiento es una dinámica muy compleja en los territorios, porque es control de la población. Es un fenómeno en el que grupos armados han carnetizado a los ciudadanos. Imponen horarios de salida y entrada, les quitan sus teléfonos celulares, imponen restricciones severas. La población, a veces, ni siquiera puede salir desplazada.
Quedarse confinado tampoco es una alternativa. Hemos escuchado en la Costa Pacífica el incremento de suicidio de jóvenes que se ven sometidos a la disyuntiva de quedarse bajo férreo control de grupos armados o desplazarse abandonando sus territorios y sus fuentes tradicionales de subsistencia.