ENTRE EL 19 de mayo y el 18 de junio del 2023, y en medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno nacional a comienzos de este año, la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Estado Mayor Central’ –EMC– (grupos disidentes de las Farc) realizaron 48 acciones indirectas, es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

En el boletín "Monitoreo defensorial, situación de DD. HH. y DIH, ceses al fuego decretados para tres grupos armados ilegales: ‘Segunda Marquetalia’, ‘EMC’ y ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’" (como se denomina a la banda criminal de ‘Los Pachenca’), el sexto del año elaborado por la Defensoría del Pueblo, quedó evidenciado que aunque solo se presentó una acción bélica entre la Fuerza Pública y el ‘Bloque Occidental Jacobo Arenas’, perteneciente al ‘EMC’, en Andes (Nariño), los dos grupos armados ilegales mantienen su accionar y se enfrentan con otras organizaciones, realizan amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones. 

“En este sexto monitoreo evidenciamos que los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.  

Las acciones indirectas o violaciones a los DD.HH. y DIH tuvieron lugar en los departamentos de Nariño (8), Antioquia (6), Putumayo (6), Cauca (5), Huila (5), Arauca (4), Casanare (3), Valle del Cauca (3), Guaviare (2), Meta (2), Caquetá (2), Córdoba (1) y Boyacá (1). 

“Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas alertas tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo”, resaltó Camargo. 

La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, como el ocurrido entre el Frente 4 de las disidencias de las Farc, en articulación con el Eln, y el ‘Clan del Golfo’ en El Bagre (Antioquia), a finales de mayo. También dejó en evidencia el que sucedió entre el ‘Frente Dagoberto Ramos’ del ‘Estado Mayor Central’ y el Eln en Silvia (Cauca), el 1° de junio.

Igualmente, se han presentado acciones indirectas, como el homicidio de un firmante de paz en Vista Hermosa (Meta), el 20 de mayo. Al 'ECM' se le atribuye el homicidio de un habitante de la inspección Guacamayas, en San Vicente del Caguán (Caquetá) en esa misma fecha. 

• Le puede interesar: El factor Amaya volvería a ser decisivo en elección de Boyacá

Los grupos armados, además, han detonado artefactos explosivos, obligado a los pobladores a asistir a reuniones, instalado pancartas, entregado boletines y enviado videos con mensajes, en ocasiones intimidantes o alusivos a los grupos armados.

Alarma en Antioquia

De otro lado, ante la crítica situación de vulneración de derechos humanos que se viene presentando en zona rural del municipio de Cáceres (Antioquia), en la que el ‘Clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc se disputan metro a metro el control del territorio, la Defensoría del Pueblo hizo un enérgico llamado a estos grupos armados al margen de la ley, para que respeten los derechos de la comunidad y el DIH.

La entidad nacional protectora y garante de los derechos humanos, además, rechaza las acciones que están afectando a quienes habitan esa zona del nororiente del departamento, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.

Así mismo, les exige no instrumentalizar a los campesinos, personas trabajadoras y humildes que se ven obligadas a realizar manifestaciones contra la Fuerza Pública, que ejerce su labor constitucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. También rechaza de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad no tienen por qué estar integrando las filas de los ilegales, bajo ninguna circunstancia, pues es una práctica cruel que contraría la normativa del DIH.

De la misma manera, la Defensoría repudia la modalidad de homicidio que viene siendo implementada por esas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal.