Un nuevo pulso tendrán mañana en la mesa de negociaciones, cuando se reinicien las deliberaciones en la capital del país, el Gobierno del presidente Iván Duque y el Comité Nacional de Paro, y esta vez será por uno de los puntos más sensibles: los bloqueos viales.
Ayer, por ejemplo, hubo pronunciamientos de lado y lado, de los que se infiere que la tensión de los días pasados volverá a la mesa, luego de la polémica que suscitó la firma del acuerdo entre el Comité de Paro en Buenaventura con los delegados gubernamentales y que generó una fuerte reacción del presidente Duque.
Este acuerdo establecía la creación de un comité conjunto en el que la Fuerza Pública y varios delegados del Comité Distrital de Paro de Buenaventura podrían inspeccionar las mercancías a movilizar desde el puerto a través de un corredor humanitario.
Esto generó la molestia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes descalificaron a los dos viceministros que suscribieron el acuerdo: Juan Camilo Restrepo Gómez, viceministro de Agricultura y designado Alto Comisionado de Paz, y Juan Pablo Díaz-Granados, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.
Vargas Lleras aseguró sobre el acuerdo que “el Gobierno nacional ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga”, y agregó “legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado ‘corredor humanitario por la vida y la paz’, donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen. Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad”.
Y Uribe dijo en sus redes sociales: “Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”.
Por ello, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo ayer que el Gobierno nacional “desautorizó” el documento.
“Los únicos que pueden hacer una inspección de la carga que sale del puerto de Buenaventura es la Fuerza Pública”, enfatizó el Ministro tras recordar que en el puerto hay actualmente más de 2,2 millones de toneladas de carga represadas, pese a que en las últimas semanas el Ejército ha acompañado las caravanas de tractomulas.
No obstante, el viceministro Díaz-Granados aseguró que el documento no usurpa funciones propias de la Fuerza Pública. “Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad”.
Advertencia de Duque
Frente a la polémica, el propio presidente Iván Duque le puso punto final a la controversia y advirtió que el Gobierno no negociará si no se levantan los bloqueos viales en todo el país.
“Le dije al Ministro del Interior: ahí no hay ninguna autorización mía para que se sustituya al Estado ni ninguna que le quepa a la Fuerza Pública. Tenemos que garantizar la seguridad, la movilidad, el corredor vial y los derechos de todos los colombianos”, dijo Duque a Blu Radio.
Y agregó que “nadie puede usurpar ninguna función del Estado, nadie puede usurpar ni funciones de la Policía, ni de inspección aduanera, de nada de ese sentido. Y yo he sido muy categórico: en el Gobierno Nacional nosotros no avalamos ninguna medida que atente contra los principios de la libertad económica, que están regulados, donde hay entidades con sus responsabilidades”.
En su declaración, Duque advirtió que “el Gobierno nacional no negociará, mientras sigan los bloqueos, porque con ello se están bloqueando los derechos de los colombianos”.
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Corredores no, desbloqueo total
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Comité Nacional de Paro, Emilio Archila, insistió en que se busca levantar todos los bloqueos viales en el país para permitir la normalidad en el suministro de productos de primera necesidad.
“No se trata de tener corredores, pedimos desbloqueo completo de vías. Esa es la posición del Gobierno”, dijo Archila en una declaración pública.
Archila sostuvo que se espera llegar “lo antes posible” a un acuerdo sobre un texto que involucra a varios ministerios y la Fuerza Pública.
Comité de Paro defiende los bloqueos
Al cierre de esta edición el Comité Nacional de Paro expidió una declaración en la que fija su posición frente a la protesta pacífica y los bloqueos viales.
En un comunicado de nueve puntos, sus directivas señalan que “el derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democracia, es una expresión normal y necesaria de una sociedad donde coexisten diversos y contradictorios intereses. Este derecho incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo”.
En ese sentido, dice el comunicado que “el ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido”.
Por ello, la declaración expresa:
1- Desde el 28 de abril estamos convocando a movilizaciones pacíficas por la vida, la paz y los derechos.
2- Condenamos todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la Fuerza Pública, como los que realizan los particulares. Rechazamos la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social.
3- Rechazamos los actos que destruyen infraestructura y bienes públicos, así como bienes privados en medio de las protestas.
4- Los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas.
5- Siempre hemos declarado y promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, insumos para la salud, todo lo necesario para prevenir y evitar el aumento de los contagios y las muertes causadas por el covid-19 y las misiones humanitarias.
6- Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria.
7- Continuaremos impulsando el diálogo para que se llegue pronto a acuerdos con cada sector de la ciudadanía que se encuentra realizando concentraciones y cortes de vías.
8- Adelantar con seriedad y celeridad las negociaciones que conduzcan a la solución de las demandas presentadas por la ciudadanía ayudaría a la reactivación económica.
9- Reiteramos la voluntad para llevar a cabo negociaciones y llegar a acuerdos con el Gobierno nacional.