LA POLÍTICA de seguridad y orden público fue puesta ayer bajo lupa en un debate de control político en la plenaria del Senado. Mientras la oposición hizo una dura radiografía, región por región, de los picos delincuenciales y el rebrote de la violencia, el Ministerio de Defensa y la coalición gubernamental, cifras en manos, resaltaron la reducción de homicidios, el nuevo enfoque antidroga y el objetivo de la “paz total”.
El principal senador citante, David Luna, de Cambio Radical, advirtió un deterioro grave de la seguridad y orden público en todo el país, debido a un aumento del accionar de los grupos armados, así como de la delincuencia común y organizada.
“En el 2023 se han reportado 210 violaciones al cese al fuego, es decir, 2.6 por día. 145 veces por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, 38 por el ‘Clan del Golfo’, 26 por la ‘Segunda Marquetalia’ y 1 por ‘Los Pachenca’”, advirtió.
Sostuvo que; “no existe una política pública definida de seguridad y defensa en el país, razón por la que no sabemos a qué apunta el sector defensa".
Recalcó, igualmente, que los decretos gubernamentales sobre cese el fuego con grupos residuales de las Farc, así con las bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, “amarraron las manos de nuestra Fuerza Pública y por eso hoy se debilita la seguridad del país, porque cuando no existe control, los ratones hacen fiesta”.
“Llevamos más de tres meses sin mecanismos de verificación en un cese al fuego, donde se le ha ordenado a nuestra Fuerza Pública no actuar sobre esa materia. La verificación es la única manera de saber qué y cómo está sucediendo en el territorio”.
“Muchos municipios del departamento del Cesar están acorralados. Comerciantes y gente de bien, están sometidos a una permanente extorsión, totalmente impune y sin ninguna medida efectiva para combatirla”, advirtió, a su turno, el senador Didier Lobo.
El congresista Carlos Mario Farelo, alertó sobre la crítica situación que enfrenta el Magdalena y en especial los seis municipios de la subregión centro por la presencia de grupos al margen de la ley.
Entretanto, el senador Jorge Benedetti urgió que “sería importante que el presidente Petro antes de irse para Haití, pusiera los ojos en Cartagena, que está siendo sitiada por bandas criminales”.
Por otra parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, también hizo una dura crítica a la política de seguridad y orden público: “Los resultados de la política del Cambio: aumento de las masacres, aumento de los secuestros, aumento del terrorismo”.
Desde la Alianza Verde hubo voces críticas, también. “¿Regresamos al pasado? Como en tiempos de Escobar cuando atacaron al El Espectador, hoy El Heraldo es asediado por los violentos. Otra vez secuestran policías, militares y hasta fiscales, vuelven las caravanas escoltas por las carreteras del país”, precisó el senador “Jota Pe” Hernández.
La defensa del Ministro estuvo en cabeza de senadores como Iván Cepeda, Aída Avella, Wilson Arias y otros de la coalición del Pacto Histórico, quienes destacaron que en medio de los cese al fuego se han reducido los homicidios y masacres.
Resaltaron, igualmente, que la “paz total” tiene un enfoque integral para desactivar todos los actores generadores de violencia, pero en qué modo alguno a la Fuerza Pública se la “amarraron las manos” para combatir a la delincuencia.
Hay resultados
A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cifras en mano, defendió largamente los resultados logrados en materia de seguridad y orden público en lo corrido de este Gobierno. Expuso lo logrado en materia de reducción de homicidios, masacres, asesinato de líderes sociales, así como en cuanto a incautaciones de cocaína, operaciones contra minería ilegal, contrabando, extorsión y secuestro, entre otros delitos.
Reconoció que los grupos armados, el narcotráfico y la minería criminal son la mayor amenaza. Defendió el nuevo enfoque en lucha antidroga, dirigido a atacar los cultivos industriales y a los grandes carteles, fortaleciendo las capacidades de interdicción.
Recalcó que la Fuerza Pública no baja la guardia y que, por ejemplo, en el caso del ‘Clan del Golfo’, se continuarán destruyendo las dragas que se utilizan para minería criminal.
Dijo que “es verdad que hay muchas muertes, pero hay menos muertes”, sostuvo. Resaltó que en lo transcurrido de este año se han reducido las muertes en un 6 %, aunque debe trabajarse para lograr más resultados.
“La Fuerza Pública debe respetar los derechos humanos y privilegiar la vida a pesar de mantener siempre las armas en alto”, recalcó al responder las críticas de los congresistas sobre casos ocurridos como el secuestro de 76 policías por una turba campesina en zona rural de San Vicente del Caguán.
También expuso los planes de inversión para aumentar las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía, mejorar el bienestar de las tropas, reforzar la estructura carcelaria e incrementar las medidas de seguridad rural y urbana.