EL FANTASMA de la crisis eléctrica y energética sigue asustando al país: se tendría que empezar a importar gas en 2026 y petróleo en 2028, según la ACP (Asociación Colombiana de Petróleo) porque se agotan las reservas; la Contraloría alertó riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas por retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras; y también ciudades como Bogotá están racionando agua por la falta de lluvias. Sin dejar de lado las altas tarifas en la energía, especialmente en la costa Caribe, que golpean a la población más pobre.

El Gobierno nacional se comprometió a bajar las tarifas, y en ese sentido el presidente expidió un decreto para asumir funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió este acto administrativo advirtiendo que la regulación de las tarifas de los servicios públicos corresponde al Congreso, no al primer mandatario.

Como consecuencia, el presidente Petro anunció que el Gobierno presentará una reforma a la Ley de Servicios Públicos para solucionar este problema; así como otros proyectos de ley en materia de energía y electricidad; sin embargo, pasados dos meses de esta tercera legislatura no llegan.

De igual manera, se anunciaron varias iniciativas de origen parlamentario, que no han llegado al Congreso, para atender la crisis del sector.

a. Reforma a Ley de Servicios Públicos

En un discurso que hizo el presidente Petro en la Plaza de Bolívar, en junio de 2023, anunció que la reforma a la Ley de Servicios Públicos se presentaría en ese semestre “para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario”.

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde ese anuncio el proyecto no ha llegado al Congreso. En julio pasado, el Departamento Nacional de Planeación sostuvo que “en la recta final está la consolidación de la propuesta del Gobierno del cambio para modificar las normas de prestación de servicios públicos domiciliarios en el país”.

El director del DNP, Alexander López, indicó en esa oportunidad que “han sido acciones concretas las que hemos llevado a cabo junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país”.

En julio pasado, recién llegado al cargo el ministro del Interior, Juan Cristo, dijo al comenzar las reuniones con los distintos partidos para acordar el paquete de proyectos, comenzando por la coalición: “Vamos a concertar con todas las bancadas. Lo más importante es que estuvimos dos horas discutiendo a fondo sobre reformas a servicios públicos, el plan de reactivación económica, la reforma laboral, la reforma a la salud y el tema del Código de Minas”.

La reforma a la Ley de Servicios Públicos busca justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, usuario como el centro de la regulación, fortalecimiento institucional y gobernanza y focalización de subsidios, según el Gobierno.

b. Código Minero

El presidente Petro dijo en diciembre de 2022 que el Código Minero “hay que reformarlo, no nos sirve (…). El Estado ya no debe priorizar la gran multinacional minera; el Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minera tradicional”.

En San Marcos, Sucre, el pasado 20 de marzo, insistió en que “el Código Minero hay que reformarlo”, y por ello encargó de esa tarea al Ministerio de Minas y Energía.

En febrero pasado, este Ministerio publicó un borrador de lo que sería este proyecto, denominado “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”.

El Ministerio de Minas y Energía no ha vuelto a hablar desde esa fecha hasta hoy de la reforma al Código Minero. Lo único que hay al respecto es el anuncio que hizo el ministro del Interior en julio pasado, cuando nombró este proyecto dentro del paquete de iniciativas que radicará la Casa de Nariño en la presente legislatura.

Según dicho borrador esta reforma, entre otros, diseñará un plan de transición para las personas dedicadas a la minería de carbón térmico, contemplando las acciones para la sustitución, reconversión o diversificación de la actividad económica de quienes desarrollaban y dependían de este tipo de minería. Adicionalmente, el documento prohíbe la minería en espacios marinos y costeros jurisdiccionales.

c. Opción tarifaria

El Ministerio de Minas logró en julio pasado un acuerdo con seis comercializadoras de energía en la ruta para reducir las tarifas, por el cual el Estado asume el pago de los saldos de la opción tarifaria.

Con este propósito se anunció que los Ministerios de Hacienda y Minas presentarían el 20 de julio pasado ante el Congreso el proyecto que permite al Estado asumir el pago de dicha deuda. Sin embargo, el Gobierno cambió de opinión y decidió incluir este asunto en la ley de financiamiento o reforma tributaria que recientemente radicó.

Son $4,7 billones que contempla la reforma tributaria para pagar la deuda por opción tarifaria que tienen los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras de energía.

Sin embargo, esta decisión de la Casa de Nariño le ha valido muchas críticas de la oposición y los independientes porque, señalan, condiciona resolver este problema a la aprobación de la reforma tributaria.

d. Comisionados de la CREG

Parlamentarios de la oposición e independientes anunciaron un proyecto de acto legislativo para hacer ajustes en la conformación de estas comisiones de regulación, con el propósito de darles mayor autonomía y que dependan menos de los criterios del gobierno para evitar que sus funciones se afecten porque, eventualmente, el presidente se demora en designar a sus representantes en estos organismos, como ha ocurrido con el actual jefe de Estado.

Esta situación ha afectado a la CREG para tomar decisiones porque en varios casos no ha contado con el quórum de sus comisionados debido a que el presidente Petro no ha designado a todos sus representantes.

Sin embargo, este proyecto de acto legislativo aún no arriba al Congreso.

e. Reingeniería del mercado

El Gobierno y algunos congresistas han manifestado la necesidad de un proyecto de ley marco para una reingeniería del mercado de energía, en donde se tocaría lo relativo a las negociaciones y cotizaciones en bolsa, así como el control de precios en las transacciones entre generadores, distribuidores y comercializadores.

Se ha visto también la necesidad de una vigilancia preventiva del mercado de futuros con el fin de evitar que las coyunturas climáticas, de operación o funcionales del sistema redunden en el aumento exagerado del precio del kilovatio, lo que lleva a que los incrementos terminen siendo trasladados al usuario.

f. Tarifas de energía

En el Congreso se ha anunciado la radicación de varios proyectos para regular las tarifas de energía, aunque solo han llegado unos pocos a la espera de que el Gobierno cumpla el compromiso que asumió en esta materia.

Una de las iniciativas fue radicada por parlamentarios de la costa Norte con el propósito de que las modificaciones tarifarias de energía eléctrica en esta región obedezcan a criterios objetivos, de acuerdo con los planes de inversión que se generen para superar los costos por pérdidas operativas.