Se deberá proteger más a la ciudadanía para evitar el impacto del excesivo ruido

Los violadores de la contaminación auditiva mediante el uso de parlantes potentes fueron puestos en cintura mediante el fallo de tutela de un tribunal. En efecto, esta medida, que inicialmente beneficia a los pobladores de la isla de San Andrés, también lo va a ser para todo el país.

El abogado de acciones populares de la Universidad del Rosario, Sebastián Senior, quien además interpuso la acción jurídica, dijo que esta sentencia se tendrá que cumplir no solo en toda la isla y no solo en el barrio donde se originó el problema, sino que beneficiará a todos los ciudadanos.   

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué buscaba con el fallo de la tutela?

SEBASTIÁN SENIOR:Lo que se busca es garantizar dos derechos colectivos y es un fallo de una acción popular. Se quiere proteger el derecho colectivo al medio ambiente sano, y derecho colectivo al equilibrio ecológico. Lo que se garantiza es que las autoridades de policía, como la de San Andrés y Providencia, y la gobernación, y adicionalmente la Corporación Carolina empiecen a hacer vigilancia y control sobre la contaminación que por ruido se está produciendo en la isla. Al principio buscamos que el fallo se pronunciara sobre un barrio en concreto y una situación en concreto.

ENS: ¿Cuál era la situación que se presentaba?

SS:Era la afectación que se daba en un barrio obrero a los residentes de ese barrio, pero también a los dos únicos centros hospitalarios que existen en San Andrés y Providencia, que son el hospital de San Andrés. La única clínica particular que es la clínica Villa Real, está ubicada en este barrio obrero, donde convivían las dos clínicas. En esa zona de invasión se empieza a dar una serie de fiestas o verbenas como se llaman en la región, una serie de fiestas alrededor de estos parlantes. Estos parlantes producen un ruido impresionante y se prendían 8 y 9 picos al mismo tiempo durante 24 horas, todos los días de la semana, y eso comenzó a afectar a los residentes de Barrio Obrero y a los pacientes de los hospitales que no podían conciliar el sueño, pero también afectó el medio ambiente.

ENS: ¿Se generaban situaciones de inseguridad?

SS:Sí, alrededor de los altoparlantes se generaban situaciones de inseguridad, porque estaba comprobado que se producían riñas, hurtos y por supuesto homicidios. La semana pasada nosotros le pusimos de presente al Tribunal y le dijimos que era vital que el fallo saliera lo más pronto posible. Justo la semana pasada la policía en intento de apagarlos y de ordenarle a la gente apagarlos, mataron a un policía en San Andrés y Providencia.

ENS: ¿Qué dice la sentencia?

SS:Justo el miércoles pasado el Tribunal expidió la sentencia y dijo que efectivamente había unas responsabilidades claras. La policía tiene unas responsabilidades porque tiene que aumentar los controles y tiene que ejercer más autoridad sobre este tema. La gobernación también, porque está omitiendo muchas de las responsabilidades, especialmente en el momento de vigilar estos sitios, al momento de hacer cumplir la norma, al momento de tomar decisiones que garanticen que por la contaminación por ruido la seguridad no se siga afectando y adicionalmente Coralina que es la entidad ambiental más importante del departamento. Es la más responsable de todas, porque es la que tiene que vigilar el medio ambiente, que es lo más afectado por contaminación de ruido.  

ENS: ¿Qué ordena la sentencia?

SS:Ordena que se tengan que hacer jornadas de sensibilización, se tiene que hacer pedagogía incluso con los dueños de estos aparatos, que están afectando la salud de las familias, porque esa producción de contaminación auditiva a los que más afecta es a los que están al lado del parlante. El tribunal dice esto se cumple para todo San Andrés, esto no se limita al barrio Obrero, la problemática es de toda la isla.

ENS ¿Qué se debe hacer?

SS:Creemos que el funcionamiento de los parlantes hay que limitarlo, no prohibirlo totalmente, porque es una expresión cultural de la gente del Caribe colombiano. Esta realidad se vive en Cartagena, en Barranquilla, en San Andrés y Providencia, es una realidad del Caribe, entonces lo que hay es que limitarlo hasta donde dice la ley, pero también sirve para todo el país.