El Consejo de Estado desestimó los argumentos de las tres demandas mediante las cuales se pedía la anulación del nombramiento de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación.

Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, la Sección Quinta del alto tribunal desestimó argumentos como que no se respetó la separación de poderes; que Cabello Blanco debió renunciar un año antes de su elección en el Congreso o que no podía ser ternada por el Presidente de la Republica porque era en ese momento Ministra de Justicia.

Según la Sección Quinta, la Constitución diseñó un mecanismo que le permite a quien sea elegido jefe de la Procuraduría adoptar las decisiones que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos como la vigilancia de los servidores públicos “con total independencia de las Ramas del Poder Público que intervienen en su elección”.

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Una de las consideraciones del fallo advierte que la Procuradora elegida “está habilitada para desempeñar el ejercicio de su cargo de manera deliberada, incluso para disciplinar o vigilar el actuar de quienes hacen parte del Ejecutivo (su postulante) en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Tampoco prosperó la tesis de que la ternada, como ministra del gabinete, debió renunciar un año antes de su elección porque, dice el Consejo de Estado, esa inhabilidad “solo está contemplada así en la Constitución para integrantes del gabinete que aspiren a una plaza en la Corte Constitucional”.

En consecuencia, el máximo tribunal contencioso administrativo dejó en firme la elección de la jefe del Ministerio Público.