Después del aplazamiento el martes pasado, finalmente ayer la ministra Gloria Inés Ramírez presentó al Congreso la reforma laboral, que entre sus objetivos busca favorecer la estabilidad y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, hay fuertes reparos del empresariado y el sector productivo por los efectos que tendría en el empleo, debido a que los beneficios que propone incrementarían los costos de la nómina.
La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, coordinadora ponente del proyecto, explicó que de los 82 artículos se lograron acuerdos en un 50 %. “El resto lo sacaremos adelante en el debate legislativo”, aseguró la Parlamentaria a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
La representante por el Pacto Histórico destacó sobre el trámite de la iniciativa de ley que trabajarán enfocados en el diálogo social como norte, en ofrecer garantías de trabajo y permitir la seguridad jurídica de los empresarios.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, liderado por Gloria Inés Ramírez Ríos, aseveró que la reforma laboral es una de las iniciativas de este Gobierno que “ha priorizado el diálogo social y la concertación. Esperamos que el Congreso legisle en favor de los derechos laborales y el trabajo decente (…). Ha sido un proyecto concertado con diferentes sectores sociales, económicos y políticos. El Congreso de la República logrará la mejor reforma para las y los colombianos”.
Polémica por la reforma
La radicación de la reforma laboral se dio en medio de la polémica y algunas advertencias sobre eventuales efectos negativos, como lo dijo recientemente en un informe el Banco de la República.
El documento, avalado por Leonardo Villar, gerente de la entidad, hizo hincapié en el panorama desalentador que dejaría la reforma en Colombia, de ser aprobada por el Congreso. En el texto, habló de la pérdida de la formalidad laboral, como una consecuencia del aumento de los costos salariales; además, de la posible destrucción de 746 000 puestos de trabajo en el lapso de 3 años.
A su vez, destacó el incremento de costos operacionales que implicaría la reforma, lo que perjudicaría en sobremanera la inversión nacional y extranjera en el país. Villar argumentó que esta situación será consecuencia del incremento de las remuneraciones por concepto de jornadas de trabajo nocturna y jornadas extendidas.
También iniciará con la advertencia de las implicaciones negativas que podrían generar las indemnizaciones concernientes a los despidos injustificados.
“El costo de las indemnizaciones por despidos sin justa causa genera un riesgo muy importante: que las empresas dejen de contratar trabajadores formales. Al no contratar un trabajador formal por lo que conlleva el despido, hará que muchos empleadores reconsideren las opciones de contratación”, se puede leer en el informe presentado por el Banco de la República.
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En la misma tónica, la entidad dirigida por Villar habló de los supuestos riesgos que supondría para los contratistas independientes. Es que, si los términos que plantea la iniciativa al respecto siguen su curso, estos trabajadores tendrán que ser absorbidos por las empresas, a través de contratos indefinidos.
“Se supone que el sector económico que reporta el contratista es el mismo que el de la empresa para la que trabaja; de esta manera, se excluye a los contratistas que reportan haber cotizado a seguridad social por actividades del sector de administración pública, los cuales no están cobijados por este punto de la reforma. Teniendo en cuenta estos criterios, se encuentran alrededor de 661 000 contratistas independientes”, aseguró el Banco de la República en el documento hecho público recientemente.
Bajo la misma óptica, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, manifestó preocupaciones por los ‘obstáculos’ que la reforma podría colocar a los emprendedores y por los ‘peligros’ que supone para el empleo.
Antes de la radicación del proyecto, el líder de la ANDI utilizó su perfil de Twitter para solicitar al Congreso una evaluación minuciosa de esta iniciativa, con el fin de evitar las posibles repercusiones que, a su juicio, podrían generarse, de seguir su curso normal. “Ojalá el Congreso se tome el tiempo de ser consciente de los potenciales efectos de las decisiones que tome en este y otros frentes”, dijo.