PROYECTOS como la ley de sometimiento a la justicia terminará por hundirse durante en esta primera legislatura que termina el 20 de junio, por la falta de mayorías del Gobierno en el Congreso, según señaló Ariel Ávila, ponente de esta iniciativa y senador del partido Alianza Verde.

Aseguró, en conversación con EL NUEVO SIGLO, que la propuesta era fundamental para someter a las leyes a grupos criminales de alto calibre como ‘Los Espartanos’, ‘Los Shottas’, ‘Clan del Golfo’ y ‘Autodefensas de la Sierra Nevada”.

Este revés, según el legislador de Alianza Verde, implica la continuidad de la guerra en el país, la cual ha dejado tras de sí muerte y sufrimiento. “Hay gente que quieren dejar las armas y plegarse a la justicia, pero no hay un marco jurídico para recibirlos. Esto hará que la guerra se prolongue”, indicó.

Asimismo, aseveró a este medio que la principal razón para el naufragio del proyecto es la falta de mayoría del Gobierno Petro en el Congreso, la cual, según el parlamentario, tendrá que ser restablecida para el próximo período para que iniciativas como estas puedan avanzar.

La misma suerte corrió el proyecto de humanización carcelaria, el cual no pudo debatirse en esta oportunidad en el Senado, así que ambas serán presentadas nuevamente el 20 de julio, cuando se retomen las sesiones legislativas.

Como se sabe, uno de los defensores más importantes de las dos propuestas es el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Explicó que, ante la llegada del fin de la primera legislatura, las propuestas que quedaron en lista de espera serán presentadas el 20 de julio para consideración de los congresistas.

“Los dos proyectos gozan de suficiente aprobación entre los parlamentarios y suficiente respaldo en todas las bancadas”, aseguró, contrario a las afirmaciones de Ávila que considera que el hundimiento de las reforma se deben al poco apoyo que tuvieron durante la primera legislatura.

En defensa de la propuesta de humanización en las cárceles, puntualizó que se trata de “una ruptura con este modelo carcelero, vengativo, que ha tenido nuestra sociedad”.

Pero, además, destacó que volverán a “insistir y con la ley de sujeción a la justicia, lo mismo. Es posible que se le alcance a dar un debate en la próxima semana o en sesiones extras. Lo volveremos a radicar, los debates enriquecen más los proyectos”.

Las líneas del proyecto

Desde su presentación a principios de año, la ley de sujeción de organizaciones criminales planteó puntos relevantes como coordinar los mecanismos con los que grupos armados de alto impacto pudieran someterse a la justicia ordinaria. El texto ofrece garantías de desmantelamiento de dichas estructuras, exigiéndoles, a cambio, el compromiso de no reincidir en las acciones delictivas.

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Los requisitos que establece la propuesta para que grupos armados puedan adherirse a la justicia son que dichas organizaciones estén conformadas por varios miembros, que cuenten con una estructura jerárquica, que operen al margen de la ley, que incurran en el sometimiento violento de poblaciones vulnerables y encabecen operaciones ilícitas para financiarse.

Aunque, además, se estipulan tres fases de acción. La primera es la de acercamiento, con la que el Estado y las organizaciones realizarán aproximaciones importantes para establecer las condiciones del sometimiento.

La segunda es la etapa de verificación, en la que la Fiscalía tendrá que identificar si las personas que han accedido al cuerdo hacen parte de organizaciones criminales. La última fase es la concerniente a la imputación, para que los jueces impongan los castigos o penas que tendrán que cumplir los miembros de dichas bandas criminales.

En torno al proyecto de ley de humanización carcelaria, se han planteado temas como el hacinamiento como factor violatorio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

También expone dar oportunidad a los jueves de imponer o vigilar las condenas a algunos imputados. Esto quiere decir, que se les permitirá evaluar condiciones particulares para reducir condenas.

Uno de los puntos que ha generado mayor conflicto son los beneficios que establece la iniciativa como los permisos de salida de las cárceles o flexibilización del régimen de prisión domiciliario, además, de los permisos a reclusos para estudiar o trabajar fuera los centros de reclusión.

El contenido de ambos proyectos de ley, hoy sin esperanzas de ser debatidos en esta legislatura, ha generado divisiones en los sectores de la sociedad, quienes exigen una revisión exhaustiva al articulado.