La Comisión Sexta del Senado aprobó ayer un proyecto que establece las normas tendientes a la equiparación de oportunidades de las personas sordas o sordo ciegas, y para ello fija un plazo máximo del 31 de julio de 2022 para que entidades estatales de orden departamental, municipal, distrital y local, incorporen en sus diferentes dependencias el servicio de intérprete y guía intérprete, de manera presencial.

El senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) consideró  oportuno este proyecto, “cuya finalidad es lograr la eficacia de una norma que pretende arropar el principio de igualdad y velar por una población en debilidad, como son las personas con discapacidad auditiva específicamente sordos y sordos ciegos”; y a renglón seguido agregó, “es necesario fijar un plazo que haga exigible la incorporación de intérpretes y personas capacitadas para la atención de esta comunidad en entidades estatales o aquellas que presten un servicio público”.

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En el mismo sentido, la senadora Ruby Chagüí (Centro Democrático) manifestó que el proyecto es pertinente porque establece un plazo de cumplimiento a una disposición que ya existía en 2005. “En muchas entidades se ha ignorado la obligación de la existencia de intérpretes para esta población. Hay que recordar que hoy hay más 560.000 personas con esa discapacidad en nuestro país; 5.4% de las personas con discapacidad son sordas, según datos del 2020. En el 2018, entre las personas que reportaron vinculación laboral, hay 11.200 hombres y 4.000 mujeres con esta discapacidad; debemos equiparar estas oportunidades y superar las barreras de comunicación”, precisó.