UNA INTERESANTE situación se presenta por estos días alrededor de poder satisfacer el clamor de las regiones por más recursos para cumplir las obligaciones que tienen en el marco de la descentralización administrativa. Por un lado, está cerca de aprobarse en el Congreso la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), y por el otro, la iniciativa de referendo que impulsa el gobernador de Antioquia va rumbo a los 2 millones de firmas de respaldo, con el fin de que los tributos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente a los departamentos.

Las dos iniciativas coinciden en el propósito de incrementar de manera significativa los ingresos de los departamentos y municipios; sin embargo, el medio para hacerlo y la fuente de los recursos son distintos.

Mientras que el Congreso es la principal expresión de la democracia representativa, pues los congresistas encarnan el poder político del pueblo, el referendo es uno de los principales mecanismos de la democracia participativa, con el que los ciudadanos directamente pueden aprobar leyes y reformar la Constitución e, incluso, derogar leyes.

En cuanto a las fuentes de los recursos que buscan estas iniciativas, mientras que el SGP contempla los ingresos corrientes de la Nación –cuya fuente principalmente son los impuestos nacionales, entre otros el IVA, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio–, el referendo tiene en la mira solo estos dos últimos, que de aprobarse los recaudarían directamente los departamentos y los administrarían.

La reforma al SGP, a la que le faltan dos de ocho debates en la Cámara y que tiene alta probabilidad de aprobarse de aquí al próximo 16 de diciembre –porque hay consenso en las distintas bancadas, que se identifican en que las regiones necesitan más plata–, incrementaría el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación del 22,5 % en la actualidad al 39,5 % de forma gradual en un término de 12 años, tentativamente a partir de 2027, porque antes el Gobierno debe tramitar una ley de competencias para redistribuir con departamentos y municipios las actuales funciones, pues si ello ocurre, la administración nacional tendría menos recursos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, considera que para la autonomía de las regiones es mejor el referendo que la reforma al SGP. 

Esto sorprende a muchos porque, como se dijo, esta iniciativa de acto legislativo está a punto de aprobarse en el Congreso, después de múltiples proyectos que se hundieron en todos estos años tratando de recuperar para las regiones el porcentaje de los recursos por SGP que estableció la Constitución del 91, pero que por una reforma de 2001 se vio reducido del 46.5 % a cerca del 22.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Se calcula que en este tiempo han dejado de recibir más de $300 billones.

Rendón dijo que “hay otro camino posible, que tendría la bendición del voto popular y que no necesitará el guiño del Gobierno. Me refiero a la iniciativa del referendo que les otorgaría autonomía fiscal a las regiones. Hablando con otros colegas gobernadores, manifestaron sentirse desilusionados con la promesa del aumento en el SGP.  En mi opinión, ese sistema, independientemente del aumento que resulte, conserva la dependencia del centralismo”.

Las cifras

Según la DIAN en el año 2023 por el impuesto de renta se recaudaron $50.7 billones y por patrimonio $1.2 billones, que pasarían directamente a los departamentos si así los ciudadanos lo aprueban en las urnas.

Los promotores del referendo ‘Por las Regiones Firme’ indican que “con la información del año 2022, la Nación recaudó, a través de renta y patrimonio, $100 billones, y ese mismo año giró $55 billones a través del Sistema General de Participaciones. Es decir, por un lado, dejaría de recibir $100 billones, pero por otro lado no tendría que girar $55 billones”.

En tanto que la reforma al SGP con el 39.5 % que aprobó la plenaria del Senado en sexto debate, de forma gradual en 12 años, implicaría que en el primer año, de ser posible en 2027, las regiones recibirían $82 billones y en 2032, por ejemplo, $163.5 billones.

Los tiempos

La reforma al SGP debe aprobarse este año por tratarse de una reforma constitucional; sin embargo, la misma contempla que antes de entrar en vigor debe ser tramitada una ley de competencias para una nueva distribución de responsabilidades a cargo de la Nación y las que quedarían en departamentos y municipios.

Es claro que la discusión de la ley de competencias significará un duro pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones por definir con cuáles funciones se quedará cada uno, conforme a los ingresos que reciba, en donde más que elementos políticos se deben tener en cuenta aspectos técnicos sin poner en peligro las finanzas públicas.

Por ello es previsible que la discusión de la pretendida ley de competencias tome la mayor parte de 2025.

En tanto que el referendo debe obtener unas firmas de respaldo, en el caso de autonomía fiscal regional se requieren mínimo 2'027.199 rúbricas (ver recuadro), las cuales deben ser revisadas en su validez por la Registraduría, que debe expedir una certificación si cumplen los requisitos.

Posteriormente, el Congreso debe expedir una ley de referendo, en que con su aprobación se entiende que da aval para su realización, la cual tiene control previo por la Corte Constitucional.

Es probable que este trámite requiera la mayor parte del 2025 y los ciudadanos sean llamados a las urnas en 2026.

Las críticas

A pesar de los beneficios que implica para las regiones tener más recursos, las iniciativas también han recibido críticas. En el caso de la autonomía fiscal regional, algunos gobernadores indican que departamentos como Antioquia, Valle y Cundinamarca se favorecerían por el alto número de población que tienen; en cambio no pasaría lo mismo, por ejemplo, con Vichada y Guainía, en donde el escaso número de habitantes no generaría un recaudo significativo de los impuestos de renta y patrimonio.

En tanto que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo sobre la reforma al SGP que “la discusión de esta reforma comenzó por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial".

Los gremios también han mostrado temores sobre el porcentaje de giro a las regiones que se apruebe en la reforma al SGP. La ANIF dijo que debería ser máximo del 35 %. “Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, dijo este gremio.