Qué tan cierta es la hipótesis de que con los recientes acontecimientos se "están tirando la paz". 

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El pasado fin de semana el arquitecto de la paz en Colombia y candidato presidencial, Humberto de la Calle, así como el exnegociador de la desmovilizada guerrilla de las Farc, Iván Márquez, dijeron en diferentes pronunciamientos que “se están tirando la paz”.

De la Calle y el líder político de la Farc hicieron referencia a un artículo del diario estadounidense The Wall Street Journal publicado el pasado sábado, el cual vincula a Márquez en delitos de narcotráfico, y a la captura de Jesús Santrich por los mismos hechos. Los exnegociadores sugirieron que hay intervención extranjera en la etapa posterior a la firma de los acuerdos de paz para afectar el proceso.

Ante esto, la Agencia Anadolu consultó a dos expertos para constatar dicha posibilidad.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, no confirmó directamente una injerencia estadounidense en el proceso de paz, pero sí dejó vislumbrar que Washington posee sus “estrategias”.

Según el analista, Estados Unidos tiene su propio sistema judicial y sus prioridades “claras”. No obstante, subrayó que el interrogante de una eventual intervención extranjera en el proceso de paz debería dirigirse hacia el Gobierno colombiano, pues en sus manos está definir el futuro de los procesos judiciales contra miembros de las Farc.

“En determinado momento la justicia estadounidense pidió en extradición a los jefes paramilitares, por qué no hacerlo ahora”, señaló Ávila, al resaltar que de aprobarse la entrega de los jefes de la exguerrilla se pondría en entredicho la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

De acuerdo con Ávila, la Justicia Especial para la Paz deberá primero confirmar si los hechos por los que se le acusa al líder político Jesús Santrich sí ocurrieron dentro del periodo estipulado por el Acuerdo de Paz para que fueran juzgados por esta jurisdicción especial.

No obstante, de no ser así, opina que los exguerrilleros que hayan incurrido en este tipo de delitos tras la firma del acuerdo sí deberían ser juzgados en Colombia para garantizar que no se violen los derechos de las víctimas.

“Lo importante es dejar claro que la negociación de paz se hizo entre Colombia y las Farc, por lo que es relativamente normal que el gobierno norteamericano siga pidiendo en extradición a los jefes de las Farc, porque la negociación no fue con EEUU”.

Javier Garay, doctor en Ciencias Políticas y docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, concuerda en que Estados Unidos tiene sus propios intereses y que las decisiones de la justicia norteamericana no tienen en cuenta aspectos que eventualmente puedan poner en riesgo el acuerdo de paz.

“Para ellos (EEUU) las únicas negociaciones válidas son las que se dan con otros Estados. Negociar con un grupo como las Farc, por ejemplo, es negociar con terroristas y ellos no conciben eso”, explicó el docente.

Para Garay es importante tener clara la importancia de la participación de la Casa Blanca en el proceso de paz, que al principio con el presidente Barack Obama fue muy “tímida, sin mayor interés en apoyar o rechazar” el mismo, pero que cambió con la llegada de Donald Trump.

“Hay una diferencia con el proceso actual y el que se presentó durante el Gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, cuando el Departamento de Estado sí rechazó cualquier tipo de apoyo. En este caso, con Obama, al principio no hubo ni un rechazo ni un apoyo directo (…) al acuerdo con las Farc, pero esa situación fue menguando en el transcurso del proceso mismo, cuando se conoció la posibilidad de la firma de la paz, de un proceso de desmovilización, entre otros, hasta el punto que nombró un delegado que se reunió en La Habana con representantes de las Farc”.

De acuerdo con el analista, esto facilitó uno de los elementos en los que se puede ver un tipo de apoyo directo al acuerdo con este grupo subversivo: Paz Colombia, el conjunto de recursos de cooperación internacional que iban a ayudar a financiar algunos de los proyectos en el periodo posterior a la firma de la paz.

Ahora, con el cambio de gobierno y la llegada de Donald Trump al Despacho Oval, cambiaron “las prioridades, los intereses y la visión” hacia este asunto.

“Si bien se mantiene el Paz Colombia (una iniciativa que ha sido apoyada principalmente por el Legislativo), el gobierno Trump tiene una visión muy radical frente al caso colombiano. Colombia ya no es prioridad para la administración de Estados Unidos, y ese cambio ha sido mediado por el asunto de drogas ilícitas”, expone.

Garay subrayó que esta ayuda va a ir disminuyendo de manera dramática, a la vez que aumentará la presión por la “opción fracasada e histórica de la guerra contra las drogas: la visión prohibicionista y tradicional que no ha funcionado ni funcionará”.

En resumen, se puede concluir que para Estados Unidos prevalecen sus intereses, definidos por su política exterior, por encima de la paz de Colombia. “Ellos tienen otra concepción de como es el asunto de la paz”, ratifica el experto.

Por último, también se mostró partidario de que los jefes guerrilleros sean juzgados en Colombia, de ser encontrados responsables de algún delito luego de la firma de la paz; es con el fin de dar garantías a las víctimas y que no se vulneren sus derechos.

Para los dos analistas, la situación de los líderes políticos de desmovilizada guerrilla tendrá algún desenlace entre el tercer y cuarto trimestre de este año, periodo que coincide con la posesión del nuevo presidente en Colombia y las elecciones legislativas en Estados Unidos.