LUEGO DE conocer los resultados del último informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy exhortó al Gobierno nacional a implementar medidas que permitan salvaguardar los comicios regionales fijados para el 29 de octubre.

La petición también deriva de los llamados de alerta que han hecho alcaldes y gobernadores de algunas regiones del país donde se han denunciado amenazas y presiones por parte de grupos armados al margen de la ley.

Uno de los gobernantes regionales en pronunciarse al respecto fue el mandatario del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien en reiteradas ocasiones ha expresado el peligro en torno a las elecciones en manos de organizaciones criminales, específicamente de disidencias de las Farc.

De hecho, solicitó la implementación del Plan Democracia, con la intención de resguardar la integridad y vida de los candidatos y electores.

Lorduy también se hizo eco de la situación, por lo que apuntó que las denuncias por amenazas son “preocupantes, inquietantes y graves, lo que informa el gobernador del departamento del Meta, sobre lo que está ocurriendo y el riesgo que tiene el certamen electoral de octubre de 2023 en el sur de ese bello territorio”.

Por lo tanto, hizo un “respetuoso llamado al Gobierno nacional, para que se revisen las inquietudes que se plantean desde diferentes sectores regionales, con el fin de salvaguardar el certamen electoral de octubre de 2023". 

Recientemente, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo alertas al Ejecutivo, al considerar que existe un riesgo latente en 74 municipios, pertenecientes a 8 departamentos, para la ejecución de los próximos comicios.

Desde la entidad se asomó la posibilidad de suspender las elecciones en los territorios en peligro, para evitar hechos lamentables.

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En el cuarto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el 2023 (29 de octubre 2022-29 de mayo 2023), la MOE identifica riesgos en departamentos como Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, a los que consideró como los más violentos.

Al respecto, en un documento señala que “mira con preocupación que, ante esta situación de violencia, desde hace varios meses algunas instituciones desafortunadamente han emitido pronunciamientos poniendo en duda la posibilidad de la realización de las elecciones por motivos de seguridad, la MOE reitera que, en lugar de simplemente emitir llamados de alerta, se activen y den a conocer los planes de acción y prevención a la violencia”.

Alianza gremial

Con la finalidad de garantizar total transparencia durante la financiación de las campañas políticas, gremios hicieron alianzas para fomentar la rendición de cuentas de los candidatos.

Entre las organizaciones que presentaron los acuerdos están el Consejo Gremial Nacional, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Funcicar, Transparencia por Colombia, Pro Bogotá Región, Unidad de Acción Vallecaucana y la MOE.

La intención es que las empresas que deseen hacer aportes a las campañas electorales, de cara a los comicios regionales, tengan la información necesaria sobre la forma más transparente en el momento de financiar actividades de proselitismo político. También es importante que conozcan las vías para llevar a cabo la rendición de cuentas de los aspirantes a cargos de elección popular.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo a Caracol que la mayoría de los procesos electorales durante las presidenciales fueron objeto de investigación por financiamiento de campaña.

“La importancia de esta alianza radica en la preocupación coincidente entre las diferentes organizaciones en torno a la opacidad y dificultad que se presenta en el seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Solamente para dar una idea de la gravedad, ninguno de los últimos procesos electorales a las elecciones presidenciales ha estado exento de investigaciones por parte de la Fiscalía a la financiación de las campañas”, manifestó.

Desde Transparencia por Colombia también se ha hablado de la necesidad de que el sector privado cuente con los mecanismos que garanticen la integridad del proceso de financiación a las campañas.

“Los recursos de origen privado son la principal fuente de financiación para las campañas políticas en Colombia, por lo tanto se requiere que el sector privado cuente con herramientas como las que brinda esta alianza, para promover la integridad en el financiamiento electoral a través de buenas prácticas de transparencia y el respeto por los límites de aportes definidos por la normativa”, afirmó Andrés Hernández, director de dicha entidad.