VARIOS expresidentes del Partido Conservador le dirigieron una carta a la presidente actual del Directorio Nacional Nadia Blel, tras las determinaciones de la colectividad de sancionar disciplinariamente con la pérdida de voz y voto por 90 días a siete de sus congresistas en la Cámara por votar a favor la reforma pensional que presentó el Gobierno, a pesar de que la decisión de la colectividad y de sus parlamentarios fue no apoyarla por considerarla inconveniente. Con la medida prevista en sus estatutos busca preservar la disciplina partidista y dar cumplimiento a la Ley de Bancadas.
La medida fue tomada en contra de los congresistas Jorge Quevedo, representante por Guaviare; Gerardo Yepes Caro, representante por Tolima; Ruth Caycedo Rosero, representante por Nariño; Ciro Rodríguez Pinzón, representante por Norte de Santander; Daniel Restrepo Carmona, representante por Antioquia; Fernando Niño Mendoza, representante por Bolívar; y Alfredo Cuello Baute, representante por Cesar, al considerar que incumplieron el reglamento del partido sobre la postura política de la colectividad en el Congreso de la República.
Esta decisión, provocó el origen de la misiva que señala “las veedurías de los partidos políticos han sido dispuestos por la ley para vigilar el comportamiento de sus militantes y voceros, el cual debe ser acorde a los programas que profesan y a las doctrinas que deben desarrollar. Quienes ejerzan estas figuras se asimilan a magistrados cuyas decisiones deben estar inspiradas en la búsqueda de la verdad, pues su misión no es perseguir a sus complacientes”.
De la misma manera, el documento agrega que “quienes hemos ocupado la Dirección Nacional del Partido Conservador confiamos en que las directivas de la colectividad garanticen a sus órganos de control, el actuar autónomamente en la toma de decisiones que las atañen, hasta la terminación de los procesos que deben estar rodeados de plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los implicados. En momentos en que las instituciones democráticas están tan amenazadas por la arbitrariedad del régimen, el conservadurismo una vez más debe cumplir con su ejemplo y actitud con oponerse al autoritarismo que interviene para obstruir el desarrollo transparente de los procesos institucionales”.
Las advertencias de la dirección nacional
Luego, se afirma en la carta que “actuar en contrario constituirá un golpe a la confianza democrática depositada por la sociedad en nuestra abnegada colectividad. Por ese motivo, queremos aprovechar la oportunidad para reiterarle nuestros más altos sentimientos de consideración y aprecio”. La comunicación está firmada por Carlos Holguín Sardi, Omr Yepes, José Dario Salazar y Hernán Andrade. Todos, en su momento, no solo fueron directores nacionales del conservatismo, sino que, además, integraron el Congreso por parte de esa colectividad.
Desde cuando asumió las riendas del conservatismo, Nadia Blel dejó claro que “no podemos acompañar reformas o propuestas que busquen habilitar el transfuguismo. Nuestra posición es clara, no acompañaremos figuras cuyo fin es debilitar la representación política y el papel de los partidos políticos; la política colombiana debe avanzar en la consolidación de un sistema de partidos fuertes y evitar el personalismo que tanto daño le ha hecho al país”.
A su turno, el senador y presidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que “la coyuntura que atravesamos exige demócratas militantes que defiendan los valores de la democracia y no permitan que sus fundamentos sean tergiversados con interpretaciones acomodadas. La indiferencia ante las amenazas a la libertad es complicidad. Somos los custodios de las libertades que entregaremos a las futuras generaciones. No debemos fallar”.
De la misma manera, el senador Nicolás Echeverry manifestó que “voy a ayudar a hundir la reforma a la salud, voy ayudar a hundir la reforma laboral y voy a señalar a los que voten a favor de ellas. El Partido Conservador apoya el diálogo y la estabilidad social y económica de Colombia, exigiendo transparencia y responsabilidad en la gestión pública para que familias y empresas no carguen con el costo de la improvisación gubernamental”.