A través de la resolución 257 del 2024, el presidente Gustavo Petro autoriza el inicio de diálogos de paz con el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (EGC). Esta decisión busca un acuerdo de sometimiento con la organización criminal más influyente del país. El acuerdo formaliza este proceso y establece un "Espacio de Conversación Sociojurídico" para tratar con la estructura armada.
El documento designa a Álvaro Jiménez Millán como el coordinador gubernamental para estas negociaciones, cuyo objetivo principal es el sometimiento del grupo al sistema de justicia colombiano. La resolución define el proceso como un mecanismo para verificar la voluntad del Clan del Golfo de transitar hacia el Estado de Derecho, en lugar de concederles estatus político, como ha sido solicitado por la organización.
Entre los líderes del Clan del Golfo que participarán en los diálogos se encuentra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', quien es actualmente el máximo cabecilla del grupo. Junto a él, también se han reconocido como representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a Orozman Orlando Osten Blanco, José Gonzalo Sánchez, Elkin Casarrubia Posada, José Miguel Demoya Hernández y Luis Armando Pérez Castañeda.
Este proceso de diálogo surge en un contexto complejo. Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, el Gobierno ha intentado establecer comunicación con esta poderosa organización criminal sin éxito significativo hasta ahora. La resolución busca superar las dificultades previas, que incluyeron la falta de claridad en el marco jurídico y problemas de comunicación entre las partes.
Ricardo Giraldo, vocero del Clan del Golfo, expresó que la organización está dispuesta a participar en las conversaciones, pero subraya que su preferencia es un proceso de paz que les otorgue estatus político, en lugar del actual enfoque de sometimiento. "Las AGC tienen disposición total de conversar, pero si el Gobierno no lo desea, seguirán en sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de un sometimiento, y que se respete el nombre de la organización", afirmó en una reciente entrevista.
El reto principal del proceso será encontrar un equilibrio que satisfaga tanto las expectativas del Gobierno como las del Clan del Golfo, sin comprometer los principios jurídicos establecidos. La resolución también estipula que se levanten las órdenes de captura contra los miembros del grupo, siempre y cuando demuestren un compromiso claro con el desmantelamiento de sus estructuras armadas y el tránsito hacia el Estado de Derecho.
Con la resolución 257, el Gobierno pretende avanzar en un proceso que podría tener implicaciones significativas para la seguridad y la estabilidad en las regiones más afectadas por el conflicto con el Clan del Golfo.