La investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta vinculación a los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, sigue su curso luego de que por segunda vez una jueza negara la solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía. Tras apelar la decisión para dar continuidad a una “batalla jurídica” para demostrar la inocencia del líder natural del Centro Democrático, Jaime Lombana, uno de los abogados defensores, cree que existe un riesgo real de que el exsenador vaya a juicio y termine condenado.

Pero no, según dijo el profesional del derecho en conversación con EL NUEVO SIGLO, porque existan pruebas sólidas que demuestren que Uribe Vélez en realidad cometió los delitos, sino por lo amañado del proceso.

La semana pasada, la defensa del expresidente rechazó el fallo de la jueza 41, Laura Barrera, y apeló su decisión, por lo que el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá, instancia que determinará su situación jurídica. 

Los abogados defensores, Jaime Lombana y Jaime Granados, esgrimieron los argumentos para justificar que la investigación fuera archivada, durante una audiencia de preclusión la semana pasada, en la que también participaron algunos testigos y el mismo Uribe Vélez.

Al término de la sesión, la jueza Barrera consideró que sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para “permitir afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.

Contrario a esto, Lombana aseguró que no hubo valoración ni confrontación de las pruebas que reposan en el expediente contra el exsenador del Centro Democrático para tomar una decisión acertada sobre la petición de precluir el caso.

“El cuestionamiento es la no valoración y una valoración completamente subjetiva. Acudiendo a reglas de la experiencia y, descartando elementos materiales, documentales, testimoniales, bitácoras de seguridad recolectados, debieron haber llevado a la preclusión”, destacó el abogado defensor.

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Sin pruebas

Sobre la veracidad de las pruebas en manos de la jueza, Lombana aseguró que algunas grabaciones obtenidas “de manera ilícita” contienen conversaciones entre el exmandatario y su abogado en aquel entonces, Diego Cadena. Pero sostuvo que en ninguna oportunidad el exsenador solicita al profesional cometer alguna actividad al margen de la ley.

“De todas las grabaciones ilícitas que se le hicieron al expresidente Uribe, tratando de interceptar a otra persona vinculada en la corrupción del Cartel de la Toga, el expresidente no hace una afirmación que diera lugar a una expresión desvalorada o determinando al abogado Cadena a la realización de un hecho ilícito. Eso no corresponde a la verdad”, puntualizó.

También dijo que “quien haga un análisis de las pruebas contra al expresidente, objetivo, sin sesgos, sin odios y sin apasionamientos, tiene que concluir en la inocencia de Uribe”.

Lombana sacó a relucir la posición que mostró la Procuraduría en torno a este caso, ente que considera que las grabaciones obtenidas por la justicia de conversaciones entre Uribe y Cadena no se ajustan a derecho. “Son sagradas las conversaciones entre cliente y abogado. Hay un resquebrajamiento a las garantías constitucionales para cualquier persona al interceptar grabaciones con sus abogados”, dijo.

Así las cosas, indicó que, independientemente de la forma en que dichas grabaciones se hayan obtenido, no existe ninguna frase que haya dicho Uribe que lo comprometa legalmente. “Sus afirmaciones se basaban en exigir que se dijera toda la verdad”, señaló. 

En virtud de la situación, Lombana cree que el proceso contra su defendido ha obtenido matices políticos, principalmente porque “las decisiones que se han tomado no están basadas en las evidencias”.

 A su juicio, las presiones políticas del momento han llevado a los jueces a tomar una decisión en contra del dirigente opositor. 

Además, Lombana explicó otras razones por las que considera que el proceso se ha politizado: “Uribe se entera 10 meses después” de abrirse el caso que hay una acusación en su contra. “Está probado, con testimonios y declaraciones de Cadena, que Uribe no sabía de manera previa sobre los hechos. Se entera después, cuando se lo cuentan, circunstancia que protestó”.

Tras los hechos presentados y tomando en cuenta que el caso contra el expresidente Uribe reposa ahora en el Tribunal Superior de Bogotá, Lombana espera que esa instancia haga un estudio profundo en temas jurídicos relevantes que permitan la toma de una decisión acertada.