Por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según dieron a conocer medios de comunicación, se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta Corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.
Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si es su deseo, narre en calidad de quejoso las circunstancias sobre las presuntas irregularidades objeto de la actuación.
La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
La denuncia
El fin de semana, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez interpuso una denuncia ante la Fiscalía porque presuntamente "organismos de inteligencia del Estado" interceptaron sus comunicaciones.
Petro negó esos señalamientos en la red X: "Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes", escribió.
Ibáñez asegura que algunos de sus magistrados auxiliares también han sido interceptados y no descarta que otros de sus colegas en la Corte Constitucional estén siendo igualmente afectados.
"Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos (...) por fuera de los marcos jurídicos", escribió Ibáñez en una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Inspección Casa de Nariño
Este lunes se abrió un nuevo capítulo en otro escándalo por presunto espionaje del gobierno. La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó en un comunicado que realizó una inspección judicial en la Casa de Nariño, la sede de gobierno en Bogotá.
Los agentes buscaron "material probatorio y evidencia física" en el marco de una investigación por las presuntas escuchas ilegales el año pasado a Marelbys Meza, niñera de la mano derecha del presidente, Laura Sarabia.
Tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia, Meza terminó interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego fue víctima de interceptaciones a sus conversaciones telefónicas, aparentemente con la venia del gobierno.
El Ejecutivo hizo uso de un informe falso de la policía que la vinculaba con narcotraficantes, según reveló la fiscalía a mediados de 2023.
Sarabia, quien fungía como jefa de gabinete de Petro, dejó su cargo semanas después de esas revelaciones, pero en febrero pasado fue nombrada al frente del Departamento de Prosperidad Social, una entidad que maneja un vasto presupuesto del Estado.