EL DELITO de extorsión es en estos momentos uno de los que más afecta la ciudadanía y sigue creciendo, a pesar de la ofensiva de las autoridades y las altas penas de prisión que contempla. Expertos consideran que es necesario fortalecer los controles en las cárceles, pues la mayoría de ilícitos se planean y dirigen desde allí, y también hay que mejorar en hacer crecer la denuncia ciudadana.

Hugo Acero, quien fue secretario de Seguridad en Bogotá en la administración de Claudia López, dijo a EL NUEVO SIGLO que “esto ha venido creciendo porque ha venido creciendo también la criminalidad, y ya no basta solamente con la distribución de droga o los hurtos, sino que algunos grupos se han dedicado también a extorsionar, y son rentas importantes sobre todo porque recurren al miedo”.

Agregó que “la mayor proporción son actividades desde las cárceles, que los delincuentes utilizan los celulares que ingresan para llamar y extorsionar y desde luego intimidar a las víctimas”.

En cuanto a las acciones que habría que tomar para frenar este delito, dijo que “creo que un elemento importante es la denuncia, un poco para saber cuál es la dimensión porque diría que lo que aparece registrado en las denuncias de extorsión no representa ni siquiera el 1% de lo que realmente está sucediendo en las ciudades”.

Dijo también Acero que otro aspecto fundamental es “trabajar cada vez más cerca a las comunidades, esto no es solamente de poder dar con quienes están cometiendo este delito, sino sobre todo que las comunidades sientan que tienen una policía más cercana. Comerciantes de Barranquilla, comerciantes de Bogotá, comerciantes y habitantes de Medellín requieren unas autoridades mucho más cercanas”.

Un tercer aspecto, subrayó Acero, es ir más tras las organizaciones delincuenciales, pues “generalmente se detiene a quien directamente está extorsionando, y esa es una extorsión que es $ 100.000, $ 200.000, $ 500.000, y ahí no pasa nada porque no hay posibilidad ni siquiera en muchos casos de pena privativa de la libertad”.

Indicó que “seguimos golpeando estructuras de tercer y cuarto nivel, y realmente hay que golpear estructuras en su nivel más alto”.

Sigue creciendo

El delito de extorsión contempla prisión de 8 a 15 años y, en caso de concurrir cualquiera de las circunstancias agravantes la pena se incrementará en una tercera parte, para un máximo de 20 años.

Además, la Ley 1121 de 2006 excluye para el delito de extorsión beneficios y subrogados como rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

A pesar de ello, las cifras de extorsión siguen creciendo en el país. Según el más reciente reporte del Ministerio de Defensa entre enero y noviembre del año pasado se registraron 9.297 denuncias, con un incremento del 8% frente al 2022 cuando en el mismo periodo fueron 8.608 y a 2021 cuando se reportaron 7.515.

Las cifras de denuncias por extorsión se mantuvieron relativamente estables entre los años 2013 y 2017, cuando estuvieron entre 4.600 y 5.300 casos (enero a noviembre). Sin embargo, en el 2018 se dispararon a 6.726 y en el año 2019 crecieron a 7.816, en el mismo lapso.

En el año 2020 los indicadores de denuncias por extorsión mostraron una leve reducción a 7.099 (enero a noviembre), pero a partir del 2021 no han parado de crecer.

Por otra parte, la semana pasada la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno para que ponga freno al aumento de las extorsiones desde las cárceles.

En ese sentido, el Ministerio Público propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.

Y es que para el ente de control resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41% del delito desde las cárceles.

El caso más alarmante se da en Tuluá, Valle del Cauca, en donde, dijo el Ministerio Público, la banda delincuencial ‘La Inmaculada’ viene azotando a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o de lo contrario sus establecimientos serán blanco de atentados.

Así mismo, el crecimiento de la extorsión y las medidas necesarias para combatirla fue uno de los temas que abordaron la semana anterior el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una reunión que sostuvo con los alcaldes de Bogotá, Carlos Galán; Cali, Alejandro Eder; Medellín, Federico Gutiérrez; y Bucaramanga, Jaime Beltrán.