Un nuevo episodio se vivió ayer con la intervención a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, al abrirse la posibilidad de demandas y procesos.

En efecto, la Procuraduría General abrió investigación contra el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.

La apertura de la investigación disciplinaria tiene origen en una queja instaurada en contra de la superintendencia, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.

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La queja fue instaurada por Keralty -dueña de Sanitas- pidiendo acciones disciplinarias luego de esta intervención que, de acuerdo a Leal, se ajustó a supuestos incumplimientos de parte de la EPS.

El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.

Precisamente en un comunicado enviado a los medios, Keralty señaló que “durante los últimos 43 años hemos trabajado para cuidar la salud y bienestar de nuestros usuarios, con la calidad y dedicación de los colaboradores y profesionales que hacen parte de la organización. De allí que rechazamos enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

Impacto

Argumenta la empresa que “la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo Gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la Adres y otras instituciones, sin encontrar soluciones”.

Dice Keralty que “igualmente, no se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna. El acto administrativo emitido para la intervención desconoce todo lo anterior”.

Señala que “los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 “supera significativamente el promedio nacional”, cuando el indicador es similar a la media del sector. Frente al tema de reservas técnicas, hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”.

Precisa Keralty que esta medida “puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país. Considerando lo anterior, estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.

Controles

Por otra parte, el procedimiento administrativo de la Supersalud, que se realizó el martes, y desde entonces ha generado distintas polémicas y reacciones en el gremio de la salud y en el ámbito político, hizo que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara una proposición para citar al superintendente de Salud, a un debate de control político para que explique las motivaciones para haber intervenido Sanitas y la Nueva EPS.

A su vez, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió a la actual situación que vive el sistema de salud por cuenta de las intervenciones a las entidades promotoras de salud como Sanitas y la Nueva EPS. Camargo afirmó que le van a poner la lupa a cada acción que adelante la Supersalud para velar porque se le preste el servicio a los afiliados.

“El año pasado hicimos una audiencia defensorial sobre las 5 EPS que estaban intervenidas como Savia Salud. Ahí encontramos que con la nueva administración se había deteriorado de manera significativa sus indicadores de gestión con alto riesgo para la salud de todos los afiliados”, señaló Camargo.

“Para evitar precisamente que eso ocurra con las intervenciones de las EPS sanitas y la Nueva EPS y las que pudieran ser intervenidas (…) le he encomendado a nuestra delegada para la salud sobre tutelas, PQRS y las barreras de atención para verificar que las medidas que vayan siendo tomadas sean efectivas en favor de los más de 17 millones de usuarios de estas EPS", indicó Camargo.

Aunque el vicecontralor con funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, estuvo en el departamento de Arauca, se refirió indirectamente a la polémica suscitada por cuenta de la decisión del Gobierno de intervenir administrativamente a las EPS, aseveró que su entidad, como órgano de control, no tiene nada que opinar al respecto, pues es una decisión autónoma de la Supersalud.

"La contraloría no tiene nada que opinar en relación a las intervenciones que decida hacer la Supersalud, porque ellos tendrán que responder por qué lo hicieron y cómo está soportado. Y en este caso la Procuraduría deberá ejercer la vigilancia si esa actividad administrativa relacionada con el uso de las funciones está o no en el marco de la ley", señaló.

Soluciones

Sin embargo, Caracol Radio, publicó testimonios de funcionarios que advierten que la Superintendencia de Salud no contaría con la infraestructura, ni con los recursos para asumir la administración de Sanitas, ni de la Nueva EPS a pesar de que sustenta la intervención en hallazgos del ente de control.

La información obtenida advierte que nunca una EPS intervenida ha sido retornada a sus dueños y por el contrario, los indicadores de estas entidades terminan a la baja, afectando la prestación del servicio a los usuarios, así como lleva a la inminente pérdida de recursos del sistema de salud.

A su vez, el interventor de la Nueva EPS, Julio Alberto Rincón, afirmó: “Llegamos a buscar la mejor salud para cada uno de los colombianos afiliados.

En un comunicado enviado a los medios, sostuvo que “el objetivo de esta decisión es cumplir la misión que tenemos dentro del Sistema y que consiste, básicamente, en cuidar y preservar las condiciones de salud de todos los afiliados”.

Manifestó que “la operación de Nueva EPS sigue (no es una liquidación) buscamos generar las condiciones de continuidad del negocio y así cumplir con la responsabilidad que tenemos con todos los afiliados. Su salud es nuestro propósito y cuidarla es nuestra misión”. 

Libertad de elección y propiedad privada

El gremio empresarial Aliadas, dijo a este diario que “la intervención de EPS Sanitas implica la prestación por parte del Estado, con infraestructuras y recursos privados, de un servicio fundamental para la vida y la seguridad individual y colectiva. Esta medida atenta contra la libertad de elección y la propiedad privada, derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y pilares de nuestra democracia”.

Indicó que “la decisión del Gobierno de abstenerse de transferir los recursos al sistema, a pesar del llamado del poder judicial, ha provocado un déficit que ahora es un factor clave en la justificación de la intervención estatal en la empresa. Esto genera una responsabilidad directa tanto hacia la EPS como hacia los pacientes que dependen de sus servicios. Medidas de este tipo fracturan la confianza y aumentan la incertidumbre, generando inestabilidad que no contribuye al progreso de Colombia ni al pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos”.

Sostuvo el gremio que se suman “al llamado de nuestros colegas para convocar a toda la sociedad, al poder judicial y a los entes de control a supervisar y auditar los mecanismos utilizados cuando las reformas, como la de salud, no obtienen el respaldo mayoritario ni el consenso popular en las instancias legislativas”.

Trinos en contra de Sanitas

Como se sabe, Luis Carlos Leal también se desempeñó como concejal de Bogotá. Desde ese cargo asumió una postura crítica en contra del sistema de salud. 

En ese entonces, en uno de sus trinos, calificó a Sanitas “mercaderes de la salud"

"En otro mensaje señalaba "Señores Sanitas y ColSanitas ustedes son los dueños del negocio, hagan un favor y cumplan con su deber de atender a sus pacientes, ¿si?", decía el trino. 

En un mensaje del 2022, Leal Angarita señaló "nuevamente las EPS organizando sus famosos paseos de la muerte, señores Sanitas, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, es una paciente de 2 años la que tienen hoy dando vueltas por la ciudad por su pésima organización. ¡No más paseos de la muerte!”.

En diálogo con Caracol Radio, el superintendente Leal señaló que su actuar está respaldado en un informe técnico y que la medida implementada en la EPS será para optimizar los procesos.