LA SITUACIÓN de violencia en Jamundí (Valle del Cauca) en las últimas semanas ha incrementado el miedo de la población de salir a las calles, al igual que ha generado intensos debates entre sectores políticos, al considerar que los niveles de inseguridad en esa ciudad se deben, en gran medida, a que el gobierno del presidente Gustavo Petro está más enfocado en ofrecer beneficios a grupos armados al margen de la ley que en atender las necesidades de los ciudadanos de bien.

Como ya es sabido, la noche del miércoles, motorizados desconocidos arrojaron una granada en plena vía pública en Jamundí, cuya detonación afectó a nueve civiles y dos policías, quienes fueron trasladados a un hospital para atender sus heridas.

Un día después, una patrulla de policía que se desplazaba por el barrio Portal del Jordán de Jamundí fue atacada por uno de estos artefactos explosivos, el cual, para fortuna de los uniformados, no detonó. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información de los responsables de ambos atentados.

Inmediatamente después de este segundo ataque, sectores políticos se pronunciaron, siendo uno de ellos el alcalde de la localidad, Andrés Felipe Ramírez. “Apoyo total a nuestra Fuerza Pública. El Día de la Independencia es para recordarnos la grandeza de hombres que han dado todo por nuestra seguridad. Reprochamos un nuevo hecho de agresión contra la Fuerza Pública, una granada fue lanzada contra un vehículo de la policía, afortunadamente no detonó y unidades antiexplosivas de la policía atienden el caso. El comando de la Brigada 13 dispuso un apoyo de nuevas unidades de Policía Militar para reforzar los operativos”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Valle del Cauca, Álvaro Monedero, aseguró a EL NUEVO SIGLO que las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de estos hechos.

“Hay un fenómeno que pasa en el país y es que el territorio está minado en Coca. Como ha disminuido la demanda de la hoja, las personas que dependían del cultivo han migrado a los cascos urbanos en busca de empleo. Si no lo consiguen, se ven obligados a delinquir”, afirmó el legislador del Partido Liberal, considerando que puede ser esa una de las principales causas de la criminalidad que se desborda en Jamundí, al igual que en otras localidades del Valle como Tuluá y Buenaventura.

También dijo que la presencia de grupos armados en diferentes sectores de dicho departamento ha propiciado delitos como extorsión, robo y, principalmente, asesinatos.

Otro en pronunciarse por estos hechos fue el representante del Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo. Aseguró, en conversación con este diario, que la situación de violencia es grave en Jamundí, pero también en otros territorios del departamento del Valle donde imperan delitos como extorsión y homicidios.

“En Tuluá, por ejemplo, existe un problema de extorsión gravísimo. Allí ha cerrado cualquier cantidad de negocios, desde el que vende jugos hasta el del gran empresario. O usted paga por vender un huevo o lo matan, pues hay cártel de todo tipo”, indicó.

El representante manifestó que, en lugar de diálogos con grupos armados, el Gobierno debe actuar con mano de hierro para garantizar a la población territorios de paz. “Mientras el presidente Petro está hablando de paz total, en Jamundí y Vista Hermosa había problemas de orden público”, destacó.

• Le puede interesar: Dos muertos y varios heridos por atentado a base militar en Tame

La potencia

Los ataques con granadas en Jamundí también hicieron reaccionar al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. En su Twitter manifestó que “no le falta la razón a los jamundeños cuando piden más seguridad. En Jamundí se han vuelto recurrentes los ataques con granadas, la siembra de coca y delitos como la extorsión”.

Ante la magnitud de los hechos, resaltó tres elementos, a su juicio, de importante consideración: Primero que “aunque parezca increíble, Jamundí no es parte de ningún programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos”, además que “está en mora de ser reconocido como un municipio PDET”. Por último, enfatizó que “al igual que en Buenaventura contemplen militarizaciones focalizadas en las zonas más afectadas por la violencia. ¡No más paños de agua tibia!, no más Consejos de Seguridad ni recursos para recompensas. Es necesario tomar decisiones de fondo”.

Desde el Centro Democrático también hubo críticas ante una falta de políticas efectivas en materia de seguridad. La responsable de esos cuestionamientos fue la senadora María Fernanda Cabal, quien se fue en contra del presidente Petro, después de la instalación de la segunda legislatura en el Congreso, la noche del jueves.

“Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Es un slogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamientos en Argelia, Cauca; llegan unas fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo. Se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí, Valle, en las goteras de Cali, donde la Coca inunda porque este sí es un país que se llenó de coca”, destacó la legisladora, reconocida por su dureza hacia el llamado Gobierno del cambio.