La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirá a finales de junio si ordena retirar de sus cargos a los exmiembros de Farc que hoy ostentan una curul en el Congreso de la República a nombre del partido político Comunes y se encuentran vinculados al Macrocaso 01 relacionado con el secuestro.
La decisión de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP se da tras admitir para revisión una solicitud de la Fundación Defensa de Inocentes que presentó hace un mes, luego de que la propia justicia transicional vinculara a varios de los exjefes de la desmovilizada guerrilla de las Farc en el delito de secuestro y asesinato de los once exdiputados del Valle en 2006.
El auto de la Fundación Defensa de Inocentes reclamó medidas cautelares para los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo y Julián Gallo, quienes actualmente tienen asiento en el Senado de la República, lugar que tendría que ser ocupado por miembros del partido Comunes a quienes no se les haya imputado crímenes de lesa humanidad y de guerra en relación al Caso 01, denominado ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.
De prosperar la solicitud de los peticionarios, también se dictarían medidas cautelares para que estas personas permanezcan en Zonas Veredales de Normalización a la espera de un fallo definitivo.
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Sin embargo, Catatumbo y Gallo no serían los únicos afectados con la decisión de la JEP, ya que también están vinculados al mismo macrocaso otros exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc procesados por estos hechos: Rodrigo Londoño, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda.
La decisión de la JEP
La decisión de la JEP de vincular a los exjefes de Farc al Macrocaso 01 fue emitida por la Sala de Reconocimiento el pasado 26 de enero de 2021.
Ahora decidió avocar el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares presentada en su escrito de observaciones al Auto No. 019 de 2021 por la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varios de los allegados a los diputados vallecaucanos secuestrados por las Farc el 11 de abril de 2002; 11 de ellos fueron asesinados en cautiverio el 18 de junio de 2007.
Así mismo, le dio un plazo de diez días hábiles a los comparecientes individualizados en ese auto y al Procurador Delegado para que se pronuncien sobre la petición, lo mismo que a las víctimas acreditadas dentro del Caso No. 01 para que se pronuncien sobre el tema.
Incluso, la justicia transicional les pidió a varias universidades y centros de estudio emitir un concepto técnico a través de sus facultades de Derecho frente a la petición de dictar o no estas medidas cautelares antes del próximo 4 de junio.
Por su parte, la JEP también les dio el mismo plazo a los excombatientes de las Farc para hacer sus observaciones a lo decidido por el tribunal de paz, plazo que vence el próximo 8 de junio.
Según la Fundación Defensa de Inocentes, es necesario que los exjefes Farc tengan restricción de la libertad en las Zonas Veredales de Normalización pues “hay riesgo de que esas personas no comparezcan al proceso, colocando (sic) en grave riesgo la verdad y el eje central del proceso, como son las víctimas, llegando a que esas víctimas no conozcan la verdad sobre el caso de los diputados del Valle”.
El abogado Juan Camilo Sanclemente, director ejecutivo de esa Fundación, señala que existe suficiente material probatorio para que prospere la solicitud, además de toda la información de los computadores incautados al abatido jefe guerrillero Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’.
Agrega Sanclemente que se convertiría “en algo trascendental dentro del proceso”, porque nunca se había visto que se requirieran esas medidas en contra de miembros del Secretariado, “lo que abre la puerta para un debate jurídico muy importante ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Además, sostiene el jurista que se pretende evitar que una vez se produzca una sanción en contra de los exjefes de Farc vinculados a este proceso puedan “evadir la acción de la justicia y pasar nuevamente a la clandestinidad”, en referencia a lo que sucedió con alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y el ‘Paisa’.
“Esa solicitud se hace en virtud de un principio de convencionalidad, que hace parte íntegra de nuestro ordenamiento jurídico y se trae a prelación jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha resaltado la importancia de la implementación de este tipo de medidas para garantizar los derechos de las víctimas”, dijo Sanclemente.