LA ASONADA del jueves pasado en las puertas del Palacio de Justicia, protagonizada por una turba que intentó ingresar a la sede de la rama judicial, en protesta porque la Corte Suprema no eligió Fiscal General en su segunda sesión de votación al respecto, es un hecho de graves y profundas implicaciones a corto y mediano plazos en lo político, jurídico, institucional y en la escogencia misma del titular del ente acusador.

En primer lugar, lo ocurrido en la sesión del jueves tendrá mañana una primera consecuencia concreta: Francisco Barbosa dejará de ser Fiscal General y lo reemplazará la vicefiscal Marta Mancera, cuyas cualidades para ocupar el cargo no tienen discusión.

Es abogada de la Universidad Libre de Bogotá, con magíster en derecho penal de la Universidad Libre de Cali y dos especializaciones de la misma facultad en derecho constitucional y criminalística y ciencias forenses. También funcionaria de carrera en la Fiscalía, ya que ingresó en 1993, desempeñando múltiples cargos en el Valle y luego en la sede central, como directora de la Unidad Especial de Investigación, entre otros. Es la segunda a bordo de Barbosa desde 2020 y pocas funcionarias conocen la entidad como ella, tras casi tres décadas de servicio.

El problema es que desde el Gobierno, desde el presidente Gustavo Petro para abajo, así como el Pacto Histórico y gran parte de la centroizquierda, le llueven críticas y acusaciones, señalándola de politizar, junto a Barbosa, las decisiones judiciales contra ese sector, en especial por las investigaciones alrededor de presuntas anomalías en la financiación de la campaña presidencial petrista de 2022 y la imputación de cargos al hijo del jefe de Estado por delitos relacionados con recepción de dineros ilegales para la misma causa, una parte de los cuales se habría apropiado. Esas pesquisas llevaron, incluso, al Ejecutivo a hablar en días recientes de un presunto plan de sectores de oposición política y judicial para propiciar una “ruptura institucional” y sacarlo del poder, por lo que llamó a la movilización popular interna y la solidaridad internacional.

Lo cierto es que, a hoy, Mancera no tiene ninguna sanción ni investigación a bordo. La última, sobre una presunta actuación omisiva frente a un alto cargo de la Fiscalía en Buenaventura señalado de nexos con el narcotráfico, terminó siendo archivada semanas atrás por ausencia de pruebas.

En ese orden de ideas, la vicefiscal no tiene impedimento legal alguno para asumir como Fiscal General (sería la tercera mujer en ocupar la dignidad, tras Marta Lucía Zamora y Viviane Morales). Tampoco es la primera vez que un vicefiscal llega a la jefatura del ente acusador como encargado, ya sea por renuncia, destitución o terminación del periodo del titular. Guillermo Mendoza Diago (2009, estuvo 528 días encargado), Martha Lucía Zamora (2012, por 23 días), Jorge Fernando Perdomo (2016, por 124 días) y Fabio Espitia (2019, por 258 días) cumplieron similar labor.

Sin ‘humo blanco’

¿Cuánto puede durar Mancera? Esa es la gran pregunta tras lo ocurrido esta semana. Por ahora ninguna de las integrantes de la terna presentada en agosto del año pasado por Petro, y cambiada en una jurista semanas después, tiene mayorías aproximadas como para ser elegida.

El 25 de enero pasado, cuando la sala plena de la Corte se reunió para empezar a votar, hubo varias rondas. En la primera ganó el voto en blanco con 13, mientras que Amelia Pérez obtuvo seis, cuatro Luz Adriana Camargo y ninguno para Ángela María Buitrago.

Se pasó a votar por las dos primeras y de nuevo el blanco ganó con 13. Luego solo por Camargo, que solo sumó cinco y 18 el blanco. Cuando solo se puso a consideración el nombre de Pérez, sumó 9 votos, pero el blanco de nuevo se impuso con 14.

En una nueva ronda con todas las ternadas, el blanco subió a 15 y Pérez bajó a cinco, Camargo tres y Buitrago ninguno. En la siguiente fase no cambió mucho el panorama frente a la primera ronda. Ninguna se acercó a los 16 votos mínimos de 23 que se necesitan para ser elegida.

En la sesión del jueves pasado tampoco hubo ‘humo blanco’. En la primera ronda el voto en blanco se impuso con 10 votos, Buitrago sumó 5, en tanto Pérez y Camargo lograron 4 cada una. En la segunda ronda, el blanco subió a 11, Pérez a 6, y Camargo y Buitrago quedaron con 3, respectivamente.

Como se ve, es claro que el voto en blanco ha oscilado de 10 a 18 en las rondas realizadas en ambas sesiones en la Corte, lo que debe ser interpretado como una duda significativa de los magistrados sobre a quién escoger. Esto es aún más complejo porque no solo se escuchó en sala plena a las candidatas a finales del año pasado, sino que hubo entrevistas directas de algunos togados con las aspirantes.

Aunque en elecciones anteriores la Corte de turno demoró incluso varios meses en escoger al Fiscal, ya que no hay límite de tiempo en este aspecto, parece evidente que los magistrados de la actual no ven favorita a ninguna de las ternadas. De hecho, Pérez en la primera lideró, mas, en la segunda repuntó Buitrago.

La próxima cita es el 22 de febrero y, por ahora, no se ve que haya un elemento nuevo que modifique ese escenario de votación de las primeras dos sesiones. Aunque por ahora parece descartada la posibilidad de que la terna sea devuelta al presidente porque ninguna de las candidatas se acerca a la mayoría, es innegable que en el panorama no asoma ‘humo blanco’.

Desafío institucional

En el campo político e institucional el escenario también es muy complejo. Fue claro que el gobierno Petro promovió las marchas del jueves pasado contra la Fiscalía de Barbosa y la posibilidad de que Mancera lo reemplazará a partir de mañana. La movilización de Fecode y otros sindicatos del sector oficial así lo evidencian, además los sitios de concentración no solo fueron la Plaza de Bolívar en Bogotá, sino muchos edificios judiciales en el resto del país.

También resulta innegable que el llamado presidencial a que fuera una protesta pacífica no se cumplió, sobre todo después de que el tumulto en la Plaza de Bolívar se enteró de que no hubo elección de nueva Fiscal. Todo ello degeneró en una especie de ‘sitio’ al Palacio de Justicia e intento de ingreso violento a la sede de la rama judicial, poniendo en peligro la integridad misma de los magistrados y funcionarios. Hubo, entonces, la necesidad de intervención de la Fuerza Pública y del mismo Escuadrón Antidisturbios de la Policía, pedido por la alcaldía de Bogotá al Gobierno, para despejar los alrededores de Palacio y facilitar la salida de los juristas en sus vehículos fuertemente escoltados.

Así, Petro y varios de sus ministros hayan tratado de minimizar el nivel y gravedad del hostigamiento a la Corte Suprema, tanto este alto Tribunal como las demás altas Cortes, gremios, la mayoría de partidos y muchos sectores advirtieron que el Ejecutivo se equivocó gravemente al promover una movilización que desembocó, no solo en una presión indebida e inaceptable a la máxima instancia jurisdiccional, sino que lesionó el principio de separación de poderes, autonomía judicial y el propio estado de derecho. Incluso, la tesis gubernamental sobre el riesgo de una “ruptura institucional” terminó volviéndose en su contra.

Adicionalmente, la insistencia y los riesgos que tomó la Casa de Nariño al aumentar su presión a la Corte para que eligiera ya al sucesor de Barbosa, constituye un pesado lastre para la nueva titular del ente acusador, sea quien sea. No solo pone en duda, de entrada, su nivel de autonomía e imparcialidad frente a un Ejecutivo sub júdice desde el presidente y su familia para abajo, sino que profundiza la percepción en amplios sectores de la opinión pública de la existencia de una justicia politizada o, peor aún, del peligro de pasar de un “Fiscal de Duque” a un “Fiscal de Petro” …

Paradójicamente, el mismo Gobierno al que se señaló estos días de intentar lesionar la independencia de las altas Cortes, ahora busca presentar un proyecto de reforma integral a la justicia ¿Tendrá algún chance en un Congreso desconfiado y con mayorías independientes y de oposición?