EL COMITÉ Estructurador para establecer las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para iniciar el proceso de licitación de pasaportes ya fue conformado.

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer a través de un comunicado de prensa.

El proceso será abierto, para “garantizar la expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior, y por supuesto, los derechos fundamentales de los colombianos a la locomoción, a la unidad familiar, al trabajo y a los derechos políticos, en estricta sujeción a los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades, pilares esenciales del deber de selección objetiva”.

La Cancillería informó que después de estructurar los componentes se declarará oficialmente abierto el proceso contractual y se publicarán los prepliegos de condiciones, conforme a las normas contractuales vigentes en Colombia.

“Invitaremos a los órganos de control fiscal y disciplinario, como también a la Agencia Nacional de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente y a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, a participar en calidad de veedores del proceso contractual aludido”, informó la cartera liderada por Álvaro Leyva.

Como se sabe, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró “desierto” el proceso licitatorio de pasaportes en el país en septiembre, ya que la compañía Thomas Greg & Sons se presentó como único oferente.

La decisión generó preocupación ante el peligro de paralizar la tramitación del documento.

Otras empresas abandonaron su intención de participar en el concurso, argumentando que los organismos correspondientes no ofrecieron igualdad de condiciones.

Ante la determinación, la Contraloría General de la República lanzó una seria advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, al considerar que hubo riesgo de “una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

La Procuraduría General de la Nación también inició una investigación al canciller Leyva y al secretario general del ministro, José Antonio Salazar Ramírez, por la suspensión del proceso.