EN MEDIO del cruce de argumentos y señalamientos por responsabilidades entre el Ministro de Salud y la EPS Sanitas por la crisis que estalló, debido a que la red de droguerías Cruz Verde anunció que no entregará más medicamentos que no estén en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a los afiliados de esta empresa porque le adeuda $ 400.000 millones, la Defensoría del Pueblo y otros sectores hicieron un llamado al diálogo y la concertación para no poner en riesgo la prestación del servicio.

La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de este mes por el operador farmacéutico, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS.

La EPS Sanitas indicó que ha acumulado esta deuda porque desde hace varios años son insuficientes los recursos que le corresponde al Estado girar a las EPS por medicamentos que no están en el PBS.

En tanto que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que la EPS Sanitas es responsable de la situación que se presenta porque a la fecha el Gobierno está al día con los giros que le debe hacer.

Ayer sobre el particular el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre los diferentes actores del sistema de salud, estableciendo la necesidad de sincerar las cifras del sector y así lograr una liquidez de manera oportuna y suficiente que permita a los diferentes actores cumplir su función y prestar servicios con calidad y eficiencia a la población”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental. Mientras que al Gobierno le solicitó verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.

Camargo hizo un llamado a la EPS, a Cruz Verde, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Superintendencia de Salud y los ministerios de Salud y Hacienda, para que de manera concertada lleguen a soluciones que eviten afectar el derecho fundamental a la salud de los usuarios que requieren el suministro de medicamentos.

“Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia”, señala el defensor.

Adicionalmente, Camargo llamó la atención a los ministerios de Hacienda y Salud a que “adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras (EPS) para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando”.

¿Qué dice el Ministro?

“Quedé sorprendido al ver una deuda por más de $ 382.000 millones en ese momento. Hace mes y medio solicité a la Superintendencia de Salud mediar para lograr acuerdos de pago con Cruz Verde, y ellos se comprometieron a realizarlos. Nosotros no le debemos nada, todo lo que tiene que ver con UPC y los presupuestos máximos de 2023″, aseguró a Caracol Radio el ministro Jaramillo.

Agregó que “la Adres ha pagado a Sanitas $ 7,8 billones (para más de 5,8 millones de afiliados que tiene la EPS) (…) si hay un proveedor que no les va a suministrar unos medicamentos, deberían buscar otro, porque (Sanitas) tienen la misión de cumplir con su misión de atender a cada uno de sus usuarios”.

Fue enfático el ministro que “estamos al día, ellos no pueden seguir mintiéndole a la opinión pública. Vamos a tener que denunciarlos si dicen que no les hemos pagado todo lo que corresponde a UPC y presupuestos máximos. Ellos se están escondiendo sobre la base y es una total mentira. No queremos escalar a otro nivel, hemos buscado conciliación con las EPS y cuando tengas deudas se intervienen para buscar una solución”.

Mientras que el presidente de Adres, Félix Martínez, dijo que “con un giro de $ 166.000 millones aproximadamente se cerró el mes de octubre, para dejar completamente al día el pago de los presupuestos máximos a todas las EPS del país. En total, entre septiembre y octubre, se giraron un billón de pesos por este concepto”.

El presidente Petro intervino en la discusión para señalar que “si las EPS no invirtieron y son tangibles las reservas técnicas, como toda aseguradora debe hacer, pues simplemente las EPS violaron la ley y los recursos se evaporaron. Son $ 21 billones que provienen del público y del presupuesto público. Muy bien que la Contraloría realice la investigación y estamos a la espera de su informe”.

Versión de las EPS

El presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, aclaró que “haya pagos oportunos de parte del Gobierno a la EPS no significa que sean suficientes (...). Hemos recibido $ 7,8 billones, pero hemos gastado este año alrededor de $ 8 billones, tenemos un hueco de $ 200.000 millones”.

Añadió que “le propusimos al Gobierno las potenciales soluciones, donde nacieron las mesas de trabajo, donde después de dos meses no hay respuesta o avance. Con ese reconocimiento de recursos, buscábamos que todos los actores de la cadena sintieran la tranquilidad de que había un reconocimiento de deuda. Desafortunadamente las mesas no prosperaron, pero como opciones alternas tenemos la posibilidad de que el Gobierno desarrolle el modelo de pago de giro directo”.

Por su parte Acemi, el gremio de las EPS, dijo en un comunicado que “los recursos que reciben las EPS por este concepto se destinan exclusivamente a la compra de esos medicamentos y tecnologías no cubiertas en el PBS y corresponde exclusivamente al Gobierno nacional asegurar su oportunidad y suficiencia".

Señaló que los pagos de julio, agosto y septiembre de 2023 recién fueron girados en octubre, “afectando el flujo de pagos de las EPS a los gestores farmacéuticos”. Agregó que tampoco ha pagado el Ministerio los ajustes de los presupuestos máximos del año 2022, que ascienden a $ 1,67 billones.

Contraloría declaró situación de impacto nacional

El vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con las presuntas irregularidades presentadas por la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas, correspondiente a los medicamentos que no están en el PBS.

Esta declaratoria, explicó la Contraloría, le permitirá “obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud”.

Manifestó la Contraloría General que, en el último año, ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud en cuantía de $ 630.933 millones, dentro de los cuales se han proferido 4 imputaciones de responsabilidad fiscal, por $ 274.201 millones y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por $ 389.619 millones.