Presidente Duque expresó su respaldo a modificar la Constitución ya sea a través de un acto legislativo o convocar a la ciudadanía para que se pronuncie. Juristas opinan en EL NUEVO SIGLO

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La posibilidad de implementar la cadena perpetua para violadores de menores ha vuelto a la discusión pública en los últimos días.

Legisladores del partido de La U han manifestado que radicarán un nuevo proyecto ante el Congreso. Esta semana el presidente Iván Duque expresó su respaldo a modificar la Constitución ya sea a través de un acto legislativo o convocando a la ciudadanía para que se pronuncie.

“Esto nos va a llevar a dos discusiones: o la discusión es en el Congreso en el trámite de un acto legislativo, que seguramente suscitará mucha controversia, o el camino será, entonces, hacer un llamado a la sociedad colombiana para que se pronuncie”, dijo ayer el Presidente en Barranquilla.

Un día antes, el Mandatario manifestó que le llegó el momento al país “para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del Artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”.

Manifestó que le duelen “los delitos y las agresiones a nuestros niños” y que “no puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares”.

“No puede ser que haya procesos que se demoren tanto para sancionar ejemplarmente a quienes han cometido estos delitos”, agregó.

Protección infantil

EL NUEVO SIGLO dialogó con expertos sobre la viabilidad de esta iniciativa y su trámite.

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández manifestó estar de acuerdo con el Presidente. “Estoy completamente de acuerdo con el presidente Duque en el sentido de que el Estado colombiano no se puede quedar con los brazos cruzados frente a las permanentes violaciones de los derechos, la integridad y el honor de niños y niñas colombianos”, dijo.

Y añadió: “Los niños necesitan una protección especial de parte del Estado y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. El Estado colombiano no puede seguir quieto ante todo esto que está pasando con los niños y las niñas”.

Hernández señaló que, actualmente, la cadena perpetua está “prohibida en la Constitución colombiana, como está prohibida la pena de muerte. De modo que para establecerla sería necesaria una reforma constitucional”.

Afirmó que existen varios mecanismos como el referendo, la asamblea constituyente o la tramitación de un acto legislativo. “Estaría de acuerdo con cualquiera de las modalidades, pero me parecería mucho más objetivo y mucho más auténtico que fuera una decisión adoptada por el mismo pueblo que modificara la constitución”, sostuvo.

Advirtió que en el pasado, la Corte Constitucional declaró “inexequible la convocatoria a un referendo con ese objeto aunque fue por razones de forma, no de fondo, entonces quiere decir que se puede volver a presentar un proyecto”.

De acuerdo con Hernández, cualquier mecanismo en el que se la ciudadanía se pronuncie tiene que antes ser abordada por el Parlamento. “La decisión de todas maneras tiene que pasar por el Congreso. Porque bien que sea que convoque a una asamblea constituyente, bien sea que se convoque a un referendo o bien sea que se vote un acto legislativo tiene que ser el Congreso el que actúe. Para la asamblea constituyente tendría que dictar una ley que convocara al pueblo y el pueblo a su vez debe decidir si hay asamblea. Para los efectos del referendo la ley tendría que pasar, como la asamblea, por la Corte Constitucional en un control previo”, dijo.

Varios inconvenientes

Por su parte, Juan Manuel Charry, exmagistrado de la Corte Constitucional, afirmó que esta que una reforma tiene varios inconvenientes.

“Se ha propuesto muchas veces en los últimos años y no ha prosperado. Se trata de un tema de mucha acogida y sensibilidad en la opinión pública, pero que tiene grandes inconvenientes. Algunos pensamos que puede estar en contra de los convenios internacionales de derechos humanos. A eso se le puede sumar argumentos de inconveniencia. Sé que tiene mucha acogida en la opinión pública y que es un delito repudiable, pero pienso que incrementar la pena no es la solución”, dijo.

En relación sobre la posibilidad de un referendo, dijo que “los referendos constitucionales han demostrado que son de muy difícil éxito. Los mecanismos de participación ciudadana tienen muchos requisitos, son lentos, es difícil que se logre superar los umbrales. Me parece que estamos realmente en un capítulo de una propuesta que ya vimos en el pasado que no prospera y que sirve para que haya presencia de sectores políticos y discusión”.

Fines electorales

Kenneth Burbano, del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, consideró, por su parte, que la propuesta es “indebida e innecesaria para el país”.

En ese sentido, manifestó que en la nación “se tiene la falsa creencia que aumentando las penas los delitos y los graves problemas sociales van a desaparecer. La experiencia histórica y jurídica nos ha demostrado exactamente lo contrario”.

“Tenemos que examinar y revisar los compromisos internacionales que tenemos en esa materia. Crear una cadena perpetua significaría un proceso de regresividad en materia de derechos humanos y esto iría en contra de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como el pacto de derechos civiles y políticos, solo para mencionar un caso”, agregó.

Para Burbano, “el tema se está utilizando más con fines electorales de conseguir votos que con un fin verdadero de superar el problema. Un país en donde una pena de violación a niños puede llegar a los 60 años es más que suficiente”.

En la relación con el trámite de la iniciativa, afirmó que las “posibilidades de tramitación, ya sea en el Congreso de la República con un acto legislativo o posiblemente buscando un referendo son viables jurídicamente. Están en el orden de reforma de la Constitución”.

La legislación es adecuada

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez manifestó que “el problema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se resuelve fundamentalmente con prevención y con sólidas investigaciones”.

Adicionalmente, señaló que “la legislación hoy es suficientemente adecuada, actualmente, hay penas de 60 años, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua. Si el problema fueran las penas, Colombia tiene tal vez las penas más altas por lo menos en América Latina sobre este tema y el delito continúa, no ha habido una reducción sensible”.

Sobre una convocatoria a la ciudadanía para decidir sobre el tema, afirmó que es “claro que los colombianos están indignados. Si hoy le preguntan, el pueblo colombiano va a apoyar claramente no solo la cadena perpetua sino la pena de muerte. El tema no es solo emocional, el problema es si esto realmente es la solución”.