LA SITUACIÓN de orden público y seguridad en el país sigue agravándose. Semana tras semana, el accionar de los grupos criminales, tanto organizados como de delincuencia común, viene en aumento pese a la tarea de la Fuerza Pública por tratar de contrarrestarlos. 

La Defensoría del Pueblo informó en enero pasado de un incremento en la presencia e injerencia de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales en distintas regiones. El Clan del Golfo, que en el 2022 tenía presencia en 253 poblaciones, en el 2023 delinquía en 392 municipios de 24 departamentos.

El Eln en el 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante el 2023 su presencia se extendió a 231, de 19 departamentos. Para el caso de las disidencias y la Segunda Marquetalia, en 230 poblaciones en el 2022 y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299; las primeras en 19 departamentos y la segunda en 15.

En abril pasado, la Coordinadora Humanitaria con la Paz Total presentó un informe sobre el accionar de grupos armados en el primer trimestre del presente año. Dio cuenta de un incremento del 70 % de las acciones hostiles y de la expansión de los irregulares en Antioquia, Arauca, Buenaventura, Caquetá, Caribe, Catatumbo, Cauca, Córdoba, Chocó, Magdalena Medio, Meta y Guaviare, Nariño, Santander, Tolima y Putumayo.

Delincuencia común

Uno de los delitos que más afectan a los colombianos es la extorsión, que precisamente es la conducta con mayor crecimiento en los últimos años a manos de bandas delincuenciales, especialmente en las zonas urbanas.

El Ministerio de Defensa indica en un informe que entre enero y agosto de este año hay registrados 7.825 de estos casos, con un incremento del 21 % frente al mismo periodo en 2023, cuando fueron 6.446.

En cuanto al comportamiento de otros delitos en igual periodo, el homicidio se mantiene casi en el mismo nivel, con 8.909 en 2023 y 8.594 este año. En tanto que el secuestro se redujo de  226 episodios en 2023 a 157 en 2024.

El hurto de vehículos disminuyó de 35.996 en el 2023 a 33.600 este año. El hurto a residencias bajó de 24.343 entre enero y agosto del año pasado a 20.274 este año. Igual el hurto a comercios, al pasar de 32.165 a 24.288 en el mismo tiempo. 

También según las cifras del Ministerio de Defensa, hubo un decremento en el hurto a personas, pues en 2023 se registraron 262.906 casos, mientras que este año son 220.979.  

En cuanto al problema del narcotráfico la erradicación de coca sigue cayendo, pues en 2023 se afectaron en el periodo anotado 10.996 hectáreas y en este año van 2.970 hectáreas. Mientras que la incautación de cocaína se mantiene al alza, pues en 2023 fueron 476 toneladas y este año hasta agosto eran 604 toneladas.

Sin embargo, se estima que los cultivos ilícitos siguen creciendo, más por la reducción que se presenta en la erradicación forzada. 

El informe Simci de Naciones Unidas el año anterior registró 230.000 hectáreas de coca en todo el país. Expertos consideran que en el reporte que se publicará en las próximas semanas estará arriba de las 300 mil hectáreas.

Ello es clave para entender en parte por qué la crisis de seguridad y afectación del orden público en Colombia, pues se sabe que el narcotráfico es el combustible del conflicto armado, debido a que es la principal fuente de recursos de los grupos al margen de la ley, junto con la minería ilegal y la extorsión.

En las principales ciudades del país las bandas delincuenciales se nutren del microtráfico y la extorsión, y por ello este último delito se ha convertido en un azote en Bogotá y Barranquilla, entre otras, del comercio organizado e, incluso, de trabajadores informales, porque se sabe que cobran hasta a los vendedores de tintos por ejercer su actividad en calles que los delincuentes asumen como su territorio.

La situación se ha complicado más en los dos últimos años por la expansión al país del Tren de Aragua, banda venezolana que es una ‘transnacional’ del crimen, pues ha extendido sus tentáculos a varios países del continente.

Las administraciones distritales y municipales en todo el país hacen grandes esfuerzos con la policía para enfrentar las bandas delincuenciales, y en el caso del Tren de Aragua las autoridades han dado fuertes golpes con la captura en una semana de alias ‘El Salomón’ y alias 'Larry Changa'.

Ahora la intensa búsqueda que hace la policía de los cabecillas de la banda criminal se enfoca en Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, y Johan José Romero, alias ‘Johan Petrica’.
 

Situación en Chocó

La costa del Pacífico está entre las regiones más afectadas por la violencia originada por los grupos armados. Es el caso del Chocó, donde el Eln disputa ese territorio en una encarnizada confrontación con el Clan del Golfo.

En agosto pasado, el Eln ejecutó un paro armado durante cuatro días en el Chocó en la subregión del San Juan, afectando a más de 50 mil personas por su confinamiento y la suspensión de actividades comerciales, educativas y de prestación de servicios en seis municipios de la región.

Entre febrero de 2023 y 2024, esa región del departamento del Chocó ha sido afectada por seis paros armados del Eln.

Tras el paro armado de agosto pasado, el Gobierno se comprometió a reforzar la presencia de policías y militares en Chocó, entre otros sitios en la capital Quibdó, por la alta tasa de homicidios como resultado de la guerra territorial que hay entre bandas urbanas, que se aprovechan de los jóvenes para reclutarlos como carne de cañón por las altas tasas de desempleo de casi el 34 % y la preponderante pobreza. 

La gobernadora Nubia Córdoba indicó que “hay otros grupos que se presume que están conectados con el Clan del Golfo y otros que se van conformando en la medida en que algunos grupos generan injerencia en la ciudad, infortunadamente, reclutando a nuestros jóvenes para condiciones de porte ilegal de armas, el ejercicio de extorsión, para el secuestro y el manejo del microtráfico mediante el monopolio ilegal de armas”.

En Arauca 

Debido al feroz ataque hace unos días del Eln al cantón militar en Puerto Jordán, se anunciaron varias medidas robusteciendo la presencia del Ejército para combatir esta organización ilegal y mantener el orden público.  

Se desplegarán 15 pelotones del Ejército, sumando un total de 500 efectivos que reforzarán la seguridad en la región; también se revisarán las alertas tempranas con el fin de fortalecer la acción interinstitucional.

El jueves pasado, los ministros del Interior, Juan Cristo, y de Defensa, Iván Velásquez, lideraron un consejo de seguridad en Arauca, con el propósito de articular acciones para proteger a la población civil y establecer un control efectivo del territorio.

Entre las principales conclusiones del Consejo, los ministros destacaron un aumento de personal de Policía en 30 investigadores de Policía Judicial y 20 de Inteligencia, la adquisición de cuatro botes para la Armada Nacional, la actualización del cartel de los más buscados y la disposición por parte de la Gobernación de Arauca de $100 millones en recompensas y $6.200 millones para inversión en seguridad de todo el territorio.

A pesar de las medidas de seguridad anunciadas, el Eln en los últimos días atacó con explosivos un vehículo blindado del Ejército en zona rural de Tame y también hostigó la base militar de Fortul, sin consecuencias para los uniformados.

La procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su preocupación ante la compleja situación humanitaria y de seguridad que aqueja a este departamento, pues según dijo, en lo corrido del año se registran 119 personas desaparecidas, 14 líderes sociales asesinados y 10 acciones armadas sólo en los meses de julio y agosto.

La procuradora general, Cabello Blanco, dijo que “requerimos con urgencia al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los araucanos, se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan judicializar a todos los responsables de este ataque y se realicen las labores de inteligencia necesarias para evitar que estos hechos se repitan en este departamento”.

En Norte de Santander 

Es complicado el estado de la seguridad y de orden público en este departamento por la fuerte presencia del Eln y las disidencias de las Farc, especialmente en la región del Catatumbo, donde ejercen control territorial en algunas zonas con extensos cultivos de coca.

Mientras que en la capital departamental, Cúcuta, cada vez hay más violencia por el crecimiento y empoderamiento de bandas criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión. A 31 de agosto de este año se registraban 334 homicidios en Norte de Santander, 190 de los cuales en esta ciudad. 

El pasado martes, un uniformado perdió la vida y cinco soldados más resultaron heridos al caer en un campo minado que habría sido ubicado por el Eln en el municipio de Teorama, en el Catatumbo.

En Cauca

La Procuraduría ha advertido sobre la grave situación de seguridad en que se encuentra la población del Cauca por cuenta de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados Eln, Estado Mayor Central (disidencias), Segunda Marquetalia y Frente Yair Bermúdez, por el control del territorio y las rentas ilegales. 

Un informe elaborado por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos refiere que durante el primer semestre de 2024 estos grupos perpetraron 123 alteraciones del orden público en el departamento, en promedio cinco por semana, distribuidas así: 51 ataques contra población civil, 33 combates contra el Ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales y ocho enfrentamientos entre ellos, sin pasar por alto el subregistro en los datos por estos eventos.

En Antioquia

Preocupa especialmente la situación en el Bajo Cauca, en donde en lo que va corrido del año los homicidios se han incrementado en un 56 %, al pasar de 69 en el 2023 a 108. 

Por ello, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, planteó “que revivamos una figura que solía funcionar para zonas complejas del país y es un plan de consolidación que permita resolver los problemas de orden público, poniendo a correr a los bandidos, posteriormente llevar servicios policiales y de justicia y, paralelamente, oportunidades de desarrollo. Esa es la forma en que se consolida la paz en nuestro criterio, imponiéndola con seguridad, justicia y oportunidades sociales”.

En Antioquia operan el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias, que se disputan el control territorial por las rentas ilícitas.

Valle  

En marzo pasado las disidencias de las Farc emprendieron una oleada terrorista en el suroccidente del país tras levantarse de la mesa que sostenían con el Gobierno, siendo el Valle uno de los más afectados, porque esta organización no se midió en atentar contra la población civil con acciones como un carro bomba que hizo estallar en el centro de Jamundí, así como utilizando drones para atacar a la tropa.

La situación llegó a tal punto que la gobernadora Dilian Toro tomó la decisión de que el departamento comprara de su bolsillo inhibidores de señal para bloquear los drones de las Farc.

“A raíz de todos los ataques que hemos tenido con drones que traen explosivos y han generado daños a personas, soldados y a la infraestructura, decidimos comprar estos antidrones que son, precisamente, para inhibir o para derribar los drones que sean identificados y no son permitidos. De este modo, buscamos garantizar la seguridad, integridad y tranquilidad de la comunidad y de la misma Fuerza Pública”, explicó la mandataria. 

Los grupos que operan en el Valle son el Clan del Golfo, las disidencias y reductos del Eln.

La estrategia que se ha diseñado es fortalecer la seguridad del norte del Valle y cerrar el cerco a grupos delincuenciales como el Clan del Golfo.

“El Ejército va a seguir actuando, se va a fortalecer mucho más para evitar que aumente el alcance del Clan del Golfo. Adicionalmente, se trató el tema de la extorsión, que está afectando tanto el norte del Valle del Cauca, y en ese sentido también se va a reforzar la inteligencia y se va a trabajar articuladamente con la Policía y con el Ejército para lograr disminuir tanto los homicidios como las extorsiones”, dijo la gobernadora del Valle.

Agregó que se fortalecerá la seguridad del sector rural con apoyo del Batallón de Alta Montaña en el sector Paila Arriba, en Sevilla, y reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, por lo que insistió en que “si la comunidad no denuncia, no se puede investigar ni se pueden hacer capturas. Por eso necesitamos que nos apoyen con las denuncias”.

Caquetá

El gobernador Luis Francisco Ruiz dijo en días pasados que “estamos a merced de la guerrilla en todo el territorio caqueteño (...) por la Segunda Marquetalia, ‘Mordisco', ahora ‘Calarcá'. Una situación nunca antes vista”.

La violencia, que se había reducido en el departamento mucho tras la desmovilización de las Farc producto del Acuerdo de Paz, volvió a estallar por la guerra que libran las dos facciones del Estado Mayor Central (disidencias), liderada una por alias ‘Iván Mordisco’ y la otra por alias ‘Calarcá’.

El gobernador del Caquetá dijo que los grupos armados están afectando a la población acudiendo a la extorsión. Agregó que las “condiciones de seguridad se deterioran cada día más” y que “el control territorial ya no existe por parte de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.

“Vaya y compre una finca allá en el Medio Caguán, en San Vicente, en Zabaleta, en Yurayaco, a ver si se atreve a denunciar y no le quitan su patrimonio. Esa es la realidad del territorio, estamos fallando en inteligencia (...) La gente hoy ya no sabe qué hacer (...) Haremos un último llamado al presidente de la República para que se retome el control territorial (...) de las diferentes zonas del departamento”, clamó el gobernador.