Durante su segundo día de audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, declaró que hay 200 cuerpos de personas que han sido sepultados en fosas comunes en Venezuela. Y todas ellas fueron víctimas de la violencia desatada en Colombia y que ha tenido como protagonistas tanto a guerrilleros como a paramilitares.
Pero este relato, que ya se había dado a conocer por declaraciones previas del propio Mancuso, vino acompañado de que aseguró que antiguos militares e integrantes de la fuerza pública del lado de Venezuela (en este caso no mencionó nombres) conocieron y hasta hicieron parte de dichas operaciones, muchas de las cuales se desarrollaron en espacios fronterizos con Colombia, específicamente en ciudades como San Cristóbal, San Antonio, Ureña, Boca de Grita y La Fría, todas pertenecientes al estado venezolano del Táchira.
“Todo esto que estoy compartiendo va mucho más allá de lo que ya he relatado. Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones", aseguró Mancuso, quien, en medio de su testimonio desde una prisión en Estados Unidos, también ha hablado sobre los supuestos nexos entre los paramilitares y el Ejército colombiano.
Mancuso, también se refirió a hornos crematorios por parte de las autodefensas en el departamento del Norte de Santander, a fin de lograr la desaparición de los centenares de personas asesinadas, tras ser acusadas de colaborar con la guerrilla o por sencillamente mantener el control en el territorio.
“Las víctimas que llegaron allí venían de Cúcuta, los Patios, Chinácota, Pamplona, el Zulia. Eran víctimas sindicadas de estar relacionadas con la guerrilla o víctimas del control social y político que ejercíamos en la zona”, afirmó.
Mancuso, además, aseguró que eran tantos los cadáveres que ocultarlos no era una tarea fácil. Por lo mismo, aseveró que tuvieron que hacer hornos crematorios para llevar los cuerpos hasta allí y desaparecerlos. Sostuvo que en una oportunidad, autoridades colombianas estuvieron a punto de encontrar una fosa donde estaban sepultados 50 cadáveres.
Según su testimonio, la fuerza pública colombiana empezaba a presionarlos para evitar que los cuerpos fueran descubiertos. “La orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública. En nuestro teatro de guerra, la lógica era dejar los cuerpos para causar terror en la población donde ejercíamos control”, sostuvo Mancuso.
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El exjefe de las autodefensas aclaró durante su comparecencia ante los magistrados de la JEP que muchos cadáveres fueron arrojados al río desde la frontera con Venezuela, para evitar que fueran hallados. También dijo que algunos paramilitares cruzaron hasta la nación vecina para sepultar los cuerpos en fosas comunes.
Las presiones
La orden vino directamente de Carlos Castaño entre los años 2000 - 2001, según Mancuso, tras las presiones ejercidas, presuntamente, por el gobierno de ese entonces, debido al número tan elevado de víctimas.
“Las presiones venían en el sentido de no afectar los ascensos de los militares en estas zonas. Y la manifestación de decirnos que siguiéramos en la lucha contra la guerrilla y: ‘no me dejen los cuerpos, desaparézcanme los cuerpos’”, precisó durante su intervención ante los jueces de paz.
Aprovechó la ocasión para solicitar a los magistrados “ir personalmente con ustedes para poder identificar esos lugares”, es decir, las fosas comunes, donde actualmente y según testimonios del exjefe paramilitar, están sepultadas más de 200 cuerpos.
Los aportes ofrecidos por Mancuso ante la JEP serán sometidos al escrutinio de los investigadores como aporte a la verdad, en su intención de acogerse a esta jurisdicción.