LA DIRECTORA de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, confirmó ayer que en los próximos días deja el cargo porque le pidieron la renuncia, después de que según ella tuvo un enfrentamiento con el canciller Leyva, en medio del lío por la licitación de los pasaportes. Se suma a otros funcionarios en este Gobierno que han salido en medio de polémicas.

El enfrentamiento entre el canciller y la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se habría registrado a raíz de la demanda que impetró la empresa Thomas Greg and Sons contra la nación, alegando perjuicios por la decisión de la Cancillería de declarar en septiembre pasado desierta la licitación para la fabricación de pasaportes por cerca de $ 600.000 millones.

La principal razón que tuvo la Cancillería para declarar desierta esta licitación es que solo se mantenía un proponente, Thomas Greg and Sons, pues otras empresas se retiraron alegando que los términos establecidos presuntamente beneficiaban a la primera de estas, la cual ha tenido el contrato de los pasaportes en los últimos 16 años, el cual finalizó en agosto pasado.

Entonces para que no se viera interrumpida la producción de pasaportes la Cancillería hizo la declaración de la urgencia manifiesta, por medio de la cual de manera directa extendió un año el contrato con Thomas Greg and Sons.

Empero los socios de Thomas Greg, agrupados en la unión temporal Pasaportes 2023 iniciaron un proceso contra la nación de conciliación extrajudicial por $ 120.000 millones, alegando perjuicios por la licitación declarada desierta.

En este punto se presentó una diferencia en el Gobierno, pues el canciller dice que no hay razón para conciliar con la unión temporal, pero Zamora piensa que hay que hacerlo porque si se va a pleito habría gran probabilidad de que la nación pierda el caso.

Hay versiones de que el lunes pasado, se encontraron en la Oficina Jurídica de la Presidencia el Canciller y Zamora, y que, supuestamente, le reclamó airadamente y de forma desobligada por su postura de pedir conciliar con dicha unión temporal.

Zamora explicó ayer en su perfil en la red X que “jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m., y me la reiteraron a las 5:00 p.m. No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo”. En tanto que el viernes pasado publicó que “reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró en X que “no hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”. En tanto que ayer el mandatario señaló en Blu Radio que “en realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana”.

Otros casos

En febrero pasado Petro produjo el primer remezón ministerial, cuando salieron los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Deporte, María Isabel Urrutia; y Cultura, Patricia Ariza.

El cambio de Gaviria habría sido por las críticas que hizo en un consejo de ministros al proyecto de reforma a la salud; en tanto que de Urrutia se supo que ad portas de su salida firmó más de un centenar de contratos de prestación de servicios, por lo que hoy está llamada a juicio por la Fiscalía.

En abril pasado, Petro hizo otro ajuste en el gabinete cambiando siete ministros, entre ellos Carolina Corcho, en Salud, quien salió en medio de las críticas de los partidos porque dijeron mantuvo una posición irreflexiva frente a los cambios que solicitaron hacer a la reforma.

En agosto pasado, renunció la ministra de Minas, Irene Vélez, en medio de una polémica porque se supo llamó a funcionario de Migración Colombia para que permitieran salir del país a su hijo menor de edad, con su padre, a pesar de que no tenían un documento que exige la ley por ser menor de edad.

Otra salida polémica fue la de Belizza Ruiz, viceministra de Minas, en enero pasado, quien dijo que la entonces ministra Vélez presentó un informe que no correspondía a la realidad sobre las existencias de gas en el país.

Sin olvidar el gran escándalo que hubo en junio pasado con la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el por esos días embajador en Venezuela, Armando Benedetti, por un audio en WhatsApp en donde éste le reclamaba porque no le daban la importancia en el Gobierno, a pesar de que dijo consiguió el financiamiento de la campaña Petro en la costa norte. Incluso señaló que, si se sabía la verdad, podrían ir todos presos.