El borrador del proyecto de acto legislativo para instaurar en Colombia una amnistía general, presentado el jueves en la tarde por el expresidente Álvaro Uribe a su bancada, generó ayer un fuerte debate, sobre todo con sectores de la izquierda.

La propuesta para “superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública” plantea que “se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia. Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”.

Se añade que “la ley, por una sola vez, ampliará los subrogados penales en favor de personas condenadas o procesadas, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior”.

La propuesta sostiene, además, que “cuando el beneficiario de esta norma realice una conducta penal posterior, la pena se agravará en la mitad”.

Otro aspecto clave que se plantea es que “los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este acto legislativo, que hayan completado cinco años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”.

En cuanto a la Justicia Especial para la Paz (JEP), se propone que “habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016.

Uno de los más duros críticos de la propuesta fue el senador del Polo y reconocido contradictor de Uribe, Iván Cepeda, quien sostuvo que el “borrador de norma de ‘amnistía general’ de Uribe pretende: resucitar a los parapolíticos que fueron sus socios y hoy están inhabilitados; lograr lo que no ha podido en 5 años, que es acabar con la JEP; y lesionar los derechos de las víctimas. Reconciliación con la impunidad”.

El congresista de la oposición señaló que “el proyecto de impunidad disfrazada, que Uribe llama de amnistía, no es para quienes ‘robaron bicicletas’. Es para quienes robaron millones de hectáreas de tierras de comunidades campesinas”.

Cepeda agregó que “la preocupación de Uribe, que plasma su proyecto de impunidad disfrazada, no son los ‘ladrones de bicicletas’. Son sus viejos socios de la parapolítica y los militares que están hablando de ‘falsos positivos’. Es la misma estrategia de impunidad para él, sus familiares y socios”.

Ya antes Cepeda había advertido que “en resumidas cuentas, la propuesta de ‘amnistía general’ de Uribe consiste en: destruir la JEP, garantizar impunidad para todos los que puedan implicarlo a él o a sus aliados, y anular toda obligación con los derechos de las víctimas. Es la reconciliación, pero con la impunidad”.