TRAS LA sesión reservada en la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, abordó el tema del software ‘Pegasus’, destacando, a su juicio, la gravedad de sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos en Colombia.

“Desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tenemos toda la disposición para llevar a cabo las verificaciones necesarias, a medida que avanzan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el ministro Velásquez.

El ministro también aclaró que los organismos de inteligencia ya han realizado revisiones exhaustivas, confirmando que no existe registro de adquisición del software ‘Pegasus’ en los inventarios del ministerio o sus organismos asociados: “No hay ningún rubro destinado a esta adquisición ni hay registro de que este software esté en uso actualmente”.

Velásquez fue enfático al señalar que, si bien ‘Pegasus’ fue adquirido en el pasado, en este Gobierno no se ha autorizado la renovación de licencias. Además, dada la magnitud del escándalo, es probable que los equipos asociados a su uso hayan sido destruidos. Sin embargo, el ministerio asegura que continuará comprometido con llegar al fondo del asunto: “Debemos determinar cómo se adquirió, quién lo adquirió y, posiblemente, contra quiénes se utilizó”.

El jefe de la Cartera también subrayó la importancia de asegurar el uso legal y controlado de todos los mecanismos de inteligencia intrusiva. Como presidente de la Junta de Inteligencia Conjunta, Velásquez solicitó a cada organismo de inteligencia un informe detallado sobre los equipos y software disponibles, enfatizando la necesidad de ejercer un control riguroso sobre estos recursos.

Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo una nueva sesión reservada con la Comisión, para avanzar en el inventario de los equipos de inteligencia y revisar las garantías de control sobre su uso.

“El compromiso de este Gobierno es garantizar el respeto absoluto por los derechos humanos, y asegurarnos de que en el futuro no se repitan estas violaciones”, concluyó Velásquez.

Rechazo de tutela

Es importante recordar que recientemente el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado y presidente de la Veeduría Ciudadana “Antioqueños por Colombia”, Stefan Bravo Martínez, contra el presidente Gustavo Petro. La demanda fue presentada con el objetivo de que el mandatario se retractara públicamente de sus declaraciones del 4 de septiembre, en las que aseguró que el gobierno anterior habría adquirido el software ‘Pegasus’ para interceptar comunicaciones sin autorización judicial.

Bravo argumentó que los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresión, a la honra y a la información habían sido vulnerados por el presidente en su alocución, en la que dio detalles sobre una transacción supuestamente realizada por la administración de Iván Duque para adquirir ‘Pegasus’.

Este software, creado por la empresa israelí NSO Group Technologies Limited, tiene la capacidad de interceptar y espiar dispositivos móviles, lo cual representaría, según Bravo, una violación de derechos constitucionales.

El Consejo de Estado, en su fallo, reiteró que la tutela no es un mecanismo idóneo para dirimir controversias de este tipo, debido a que no se acreditó una amenaza inminente a los derechos del demandante ni se demostró que la alocución presidencial vulnerara los derechos fundamentales de Bravo. En el texto del fallo se lee: “... la tutela resulta improcedente, pues el accionante no ha acreditado la afectación concreta y directa de sus derechos fundamentales”.

Asimismo, la Corte subrayó que las referencias imprecisas o difamatorias pueden afectar los derechos al buen nombre y a la honra en ciertos casos, pero destacó que en esta situación particular la alocución presidencial no se refirió al señor Bravo Martínez ni de forma directa ni tangencial, y que las declaraciones realizadas por el presidente tenían como objetivo informar a la comunidad sobre un tema de interés nacional. El fallo afirma: “Se trató de una intervención referida a un tema que, en opinión del presidente de la República, era de interés de la comunidad en general”.