La regulación de la eutanasia sigue generando discusiones en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo ayer en diversos medios radiales que reglamentar esta figura es una tarea del Congreso, no de la Corte Constitucional. Recalcó  que el Gobierno no puede pasar por encima de la ley y que, por lo tanto, debe ser el Legislativo el que tome las decisiones al respecto.

De acuerdo con el magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, se declaró exequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000 en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta (terminación voluntaria de la vida) sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o síquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

La decisión de la Corte exhorta al Congreso para que avance en la protección del derecho a morir dignamente, con el fin de eliminar las barreras que existen al momento de acceder a dicho derecho.

De hecho, la sentencia señala que mantener el requisito de ser un paciente con una enfermedad terminal “desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida porque se encuentra en condiciones extremas, que le producen un sufrimiento intenso, y que se oponen a su concepto de vida digna”.

El documento de la Corte también señala que este requisito puede llevar a que una persona padezca de un trato "inhumano, cruel y degradante porque la somete a soportar un sufrimiento intenso de manera indefinida".

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Frente a todo ello, el ministro Ruiz precisó ayer que “pedimos una solicitud de aclaración a la Corte Constitucional, a partir de su propia sentencia, en la que afirma que la reglamentación debe hacerse desde el Congreso, por ley estatutaria”.

“Pedimos aclaraciones sobre temas muy importantes que tienen que analizarse y solucionarse. Es muy diferente hablar de terminalidad y de no terminalidad. Los criterios objetivos y subjetivos alrededor de dicho término no cambian”, indicó Ruiz.

Reiteró que el Ministerio de Salud no ha puesto trabas a este proceso, pues recalcó que lo único que exige su cartera es claridad para que los médicos puedan ejercer la práctica de la manera más clara posible.

“Esto va más allá de un caso en particular, tendremos múltiples situaciones que se pueden presentar. Por eso necesitamos claridad”, concluyó.

De acuerdo con el Ministerio el derecho a morir con dignidad no es sinónimo de eutanasia, sino que es la forma de garantizar a la persona la toma de decisiones sobre cuidado y atención integral del proceso de su muerte, incluyendo la posibilidad de elegir la forma a través de la cual se vive el momento de muerte.