Exministros de Defensa y generales retirados, que conformaron parte de la cúpula militar del entonces presidente Iván Duque, negaron que desde la Presidencia se haya ordenado la compra del software Pegasus.
A través de un comunicado de prensa, los exfuncionarios y exmilitares negaron que el expresidente Iván Duque estuviera involucrado en algún tipo de adquisición de bienes o servicios estatales.
“Durante su mandato, el expresidente Iván Duque Márquez dio directrices claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley. Bajo su liderazgo y con estricto apego a la Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional",indica la misiva.
En ese sentido, agregó que "desde la Presidencia de la República nunca se ordenó la adquisición del software denominado Pegasus por parte del Estado Colombiano. El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”, señala el comunicado.
El texto está firmado por los exministros de Defensa, Diego Molano y Guillermo Botero; el exconsejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante (r) Rafael Amaya; el exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas.
Como se sabe, el pasado 4 de septiembre el presidente Gustavo Petro denunció que la Policía Nacional pagó 11 millones de dólares en efectivo al fabricante israelí del controvertido programa informático de espionaje Pegasus durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque (2018-2022).
El programa Pegasus, que infecta teléfonos móviles para extraerles información, saltó a la luz en 2021 cuando un consorcio de 17 medios internacionales reveló que miles de personalidades públicas fueron espiadas con él en países como México, Hungría, Polonia y Arabia Saudita.
Su uso también ha sido investigado en España y Países Bajos, mientras que Estados Unidos lo vetó en 2023.
"Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones" de políticos y activistas, señaló Petro, citando como fuente un informe de la estatal Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
"¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó el presupuesto nacional?", cuestionó el mandatario.
Según Petro, el informe de la UIAF era confidencial y solo podía ser divulgado con el visto bueno de autoridades de Israel.
"Como no obedezco relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza me salgo de esta prohibición y les cuento", se justificó el presidente.