El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín ha emitido una sentencia que establece la responsabilidad del Estado en la protección de Claudia Patricia Gómez, quien fue asesinada en 2017. La víctima había solicitado ayuda en una comisaría de familia debido a situaciones de violencia intrafamiliar, pero no recibió la protección adecuada antes de su feminicidio, cometido por su pareja, Andrés Felipe González Montoya
La sentencia concluyó que existió negligencia administrativa por parte del Estado al no garantizar la seguridad de Claudia Gómez. La comisaría que recibió su denuncia no actuó con la inmediatez que exige la ley, limitándose a proporcionarle unas fotocopias de una orden de alejamiento para su agresor, sin implementar medidas efectivas de protección.
Susana Boreal, representante a la Cámara por Antioquia y hermana de la víctima, destacó que la sentencia #148 reconoció la responsabilidad del Estado en la muerte de Claudia debido a las omisiones de las instituciones que debieron proteger su integridad. "Este fallo no es solo una condena, es una muestra clara de cómo las instituciones fallan en proteger la vida de las mujeres y es un llamado urgente a la acción", argumentó.
La sentencia también resalta que la protección solicitada por Gómez nunca se concretó efectivamente. Boreal enfatizó que "la respuesta fue tardía e ineficiente", y lamentó que el feminicidio no sea un caso aislado en Colombia, sino el resultado de un sistema que ignora la perspectiva de género en sus decisiones y procedimientos. Ella subrayó que "la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo tolerada por la ineficiencia y desarticulación de las instituciones".
Este fallo del juzgado no solo implica un reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad, sino también un llamado a mejorar los protocolos y procedimientos para garantizar la seguridad y protección de las mujeres en situaciones similares.
El caso:
La Alcaldía de Medellín ha enfrentado críticas por su postura en el caso, argumentando que Claudia tenía responsabilidad en su propia protección, además que la efectividad de las medidas de protección no depende exclusivamente de las autoridades. Los argumentos presentados por la administracion municipal, bajo el mandato de Daniel Quintero, generaron indignación entre los familiares y defensores de derechos humanos, quienes sostienen que las instituciones deben garantizar la seguridad de las víctimas.
La defensa presentada por la Alcaldía se basó en testimonios que indicaban que Claudia había evadido las medidas de protección.
Sin embargo, eñ juzgado administrativo encontró a la Alcaldía responsable por no proteger a Claudia Gómez y ordenó la indemnización para su familia.