Debido a los frecuentes bloqueos a la vía Panamericana, los gremios de la producción, sectores políticos y la ciudadanía urgieron al Gobierno aplicar la ley, en el sentido de autorizar a la policía despejarla haciendo uso proporcional y legítimo de la fuerza.

Algunos congresistas consideran que el diálogo que ha prevalecido por parte de la administración Petro para resolver las protestas, en este caso especialmente de comunidades indígenas, no ha surtido efecto, mientras que las pérdidas económicas son cuantiosas y considerable la afectación a la ciudadanía en Valle, Cauca y Nariño.

Esta semana se produjo un nuevo bloqueo, el número 50 en lo corrido del año, que terminó en hechos de violencia en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, en donde fue detonado un explosivo justo en el momento en que la policía procedía a levantar un taponamiento realizado por indígenas que protestaban contra el Gobierno nacional y que dejó un muerto y tres heridos, uno de ellos un uniformado. Los ministerios del Interior y de Defensa deploraron el acto violento y pidieron identificar a los responsables.

El representante a la Cámara por el Valle, Víctor Salcedo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “es una problemática que el Gobierno cohonestó con ella al comienzo cuando no permitió que la autoridad actuara y levantara los bloqueos, sino que estableció unas mesas de diálogo”.

El parlamentario del Partido de la U señaló que “me parece que aquí se volvió costumbre que cada que a alguien se le ocurre que el Gobierno debe prestarle atención en cualquier tema, atraviesa una guadua, pone cuatro ramas y bloquea una vía. Eso no puede ser el camino, y así como ellos están reclamando unos derechos, aquí hay que defender también los derechos de toda la población. Estamos hablando de seguridad alimentaria, de transporte de alimentos; estamos hablando de salud de los colombianos que se ven afectados en sus citas médicas, en los desplazamientos de pacientes hacia hospitales de mayor complejidad”.

El congresista dijo que también “las pérdidas de los transportadores son incalculables”. Añadió que quienes realizan los bloqueos en la vía Panamericana “siempre son los mismos y el Gobierno ya debería tenerlos identificados, y creo que ya las fracasadas mesas de diálogo tienen que dar paso a intervenciones de la Fuerza Pública”.

Enfatizó Salcedo que “aquí eso se volvió el pan de todos los días: cuando no bloquean la Buga-Buenaventura, bloquean la Panamericana; cuando no bloquean la Panamericana en el Valle, la bloquean en el Cauca. Entonces, de verdad el Gobierno tiene que ponerse serio y ya tiene que actuar de manera inmediata de la mano de las autoridades, y garantizándoles a unos la protesta y a otros la libre movilidad”.

A su turno, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que “nos afecta muchísimo ese cierre de la vía Panamericana, hay que darle una solución definitiva a esa problemática”. Agregó que “está generándole un daño” al Valle, a Cauca y Nariño, “porque el 70 % de nuestras exportaciones a Ecuador son por vía terrestre”.

En tanto que la Gobernación de Nariño dijo en un comunicado que “desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ha informado que el día miércoles 28 o el jueves 29 de agosto se llevará a cabo un diálogo social entre la Gobernación del Cauca, Gobernación de Nariño y el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y demás entidades del orden nacional, donde se planteará que la vía Panamericana no se convierta en un elemento de presión dentro de la garantía al derecho de protesta”.

Reacción de los gremios

La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) pidió al Gobierno adoptar medidas para que no se sigan bloqueando vías, no solo la Panamericana, sino otras arterias claves en el resto del territorio nacional, por los efectos negativos para la economía, las pérdidas que se producen y la afectación a la población.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, dijo que “no hay derecho a que, cuando alguien quiere, se bloqueen las vías del país afectando a todos. Solo este año se han registrado más de 48 bloqueos en la vía Panamericana, causando pérdidas de hasta 40 mil millones de pesos diarios y retrasando suministro de alimentos, transporte de carga y poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de familias".

“Es urgente que la autoridad actúe de inmediato para levantar este bloqueo e implemente acciones concretas que eviten que esta situación siga ocurriendo. La libre circulación por esta vía estratégica debe ser garantizada por el bienestar de todos los colombianos”, dijo la directiva. 

Entretanto, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca manifestó su rechazo porque “nuevamente la comunidad misak perpetra un bloqueo a la vía internacional Panamericana, arteria que conecta el país con el Cono Sur, afectando los derechos de los ciudadanos del suroccidente colombiano”. 

Por ello, este Consejo urgió al Gobierno nacional a que “se restablezcan los derechos constitucionales de la población civil afectada por el bloqueo”, así como pidió a la Fiscalía “se dé apertura de oficio de las investigaciones pertinentes para individualizar, capturar y judicializar a los perpetradores de los hechos delictivos que son de público conocimiento”.

Por su parte, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, indicó que “la vía Panamericana tiene un tránsito aproximadamente de 3.000 vehículos diarios y realmente se están viendo perjudicados precisamente por un bloqueo como estos”.

Mientras que Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), dijo a este diario que “el Gobierno desafortunadamente les está dejando coger mucho terreno a quienes están vulnerando permanentemente el derecho a la movilidad, a la alimentación, al trabajo, y nadie responde por esos bloqueos. Quienes los bloquean a veces terminan es con prebendas del Gobierno, pero a los afectados nadie los compensa”.

Agregó que los bloqueos a la Panamericana lo que generan en Cali, Pasto, Popayán, “cuando se extienden por más de tres o cuatro días, es un problema inflacionario a esas ciudades; y a nuestros productores agropecuarios daños, porque a quienes manejan perecederos se les dañan; ¿quién les va a recoger la leche, cómo llega el alimento concentrado para los pollos y los cerdos o cómo llegan el pollo refrigerado y los huevos a Pasto?”.

El dirigente gremial dijo que “al país no se le puede olvidar que en mayo de 2021 hubo casi 3.000 bloqueos en las carreteras y la inflación de alimentos en un solo mes fue de 5,3%. Eso es un espejo”. 

Gobierno dice que está abierto al diálogo

A pesar de la actitud de diálogo que el Gobierno ha mantenido para solucionar las demandas de la protesta social en distintas regiones, los recurrentes bloqueos a la Panamericana parece que empiezan a colmar su paciencia.

 El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo, frente a lo ocurrido en esta carretera, que “lamentamos la actitud intransigente de los integrantes del movimiento AISO que, en forma ilegal, bloquean la vía Panamericana y afectan los derechos y garantías de la mayoría de habitantes de Cauca y Nariño”.

Las comunidades misak, representadas por AISO (Autoridades Indígenas del Sur Occidente), piden al Gobierno que expida un decreto con unas garantías que requieren y a las que, aseguran, se comprometió.

“La discusión jurídica del decreto es indispensable para asegurar que esté ajustado a la Constitución y la ley. Negarse a ese diálogo es incomprensible. Rechazamos las vías de hecho que entorpecen los avances de las mesas y reiteramos la disposición del Gobierno a continuar la búsqueda de soluciones”, expresó Cristo.

Agregó que “rechazamos las acciones de bloqueo que impiden la libre movilidad de todos los ciudadanos. Invitamos siempre al diálogo y a la concertación. Las vías de hecho no son aceptables en la interlocución con un gobierno siempre abierto al diálogo permanente con las comunidades y comprometido con su desarrollo”.