LA CONTRALORÍA y la Procuraduría lanzaron nuevas advertencias sobre los posibles riesgos a la democracia generados por la injerencia de grupos armados al margen de la ley ante el proceso electoral que se celebrará en octubre.

Ante esto, ambas instituciones han denunciado las pretensiones de las diferentes organizaciones criminales de no garantizar la libre votación y hasta de querer participar de manera fraudulenta en este certamen, donde serán elegidos los próximos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Tanto la procuradora, Margarita Cabello, como el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitan al Estado blindar el proceso para evitar alteraciones o actos violentos en medio de la campaña electoral y durante el día de la jornada.

“Hemos hecho el monitoreo en el marco del cese al fuego bilateral decretado con las estructuras armadas, a la fecha podemos decir qué hay 117 acciones violentas, acciones armadas directas e indirectas”, denunció Camargo, como parte de acontecimientos efectuados por los irregulares de cara a las regionales.

De acuerdo a las declaraciones del defensor, la democracia y estabilidad en el país pende de un hilo como consecuencia de las jornadas violentas que se han generado en más de 90 municipios, por lo que pidió al Eln, disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales que hagan una demostración real de querer materializar los acuerdos de paz.

Al respecto, manifestó que “no tiene sentido estar hablando de tener intenciones de adelantar cualquier proceso de paz, diciéndole a los colombianos que queremos la paz cuando las acciones demuestran absolutamente lo contrario”.

Bajo la misma tónica, se pronunció Cabello, quien hizo referencia a la necesidad de que exista mayor presencia de las instituciones en territorios azotados por las organizaciones criminales, ya que “es donde se puede evidenciar de primera mano la problemática de violencia y alertas de seguridad a la democracia, representatividad social y de participación política en la próxima contienda electoral”.

Otro en hacer referencia sobre las amenazas a la democracia y la intención de grupos ilegales de filtrarse en los comicios de octubre, fue el registrador Alexander Vega. En declaraciones recientes, alertó sobre el accionar de diferentes estructuras que pudieran afectar el curso normal de las elecciones.

En aquella oportunidad, aseguró que los grupos armados al margen de la ley no solo estarían pensando en intervenir de manera violenta en contra del proceso, también harían ‘constreñimiento en contra del electorado’.

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“Hay 90 municipios en riesgo. Chocó, Norte de Santander y Meta son algunos de los departamentos donde más riesgo existe, pero estamos buscando evitar que se traslade algún puesto de votación”, aseguró Vega a los medios de comunicación.

Pero también declaró recientemente a RCN que la ‘planificación anticipada’, junto con la ‘inteligencia de Fuerzas Militares’ ayudarán a reducir el riesgo de ataques e injerencias durante las elecciones. Asimismo, dijo que esta labor se está desarrollando para no tener que trasladar puestos de votaciones.

El narcotráfico y la minería

La procuradora Cabello hizo referencia a otros problemas como la minería ilegal, narcotráfico, cultivos ilícitos y migración ilegal que, de igual forma, generan mayor incertidumbre entre la población, pero que también afectan la tranquilidad en los diferentes municipios.

Advirtió que no prestar atención a estos casos, muchos de los cuales han sido denunciados por la población e instituciones, es sinónimo de impunidad. De igual forma, representa un peligro inminente para la seguridad y estabilidad de los habitantes de zonas rurales y urbanas donde constantemente se registran alteraciones del orden público.

Entretanto, señaló que la intervención del Estado debe ser integral, inmediata y focalizada, en contra de las actuaciones de grupos armados al margen de la ley y grupos criminales, los cuales, según boletín de prensa, “son financiados por economías ilegales como los cultivos ilícitos, que, para el cierre de este año, podrían alcanzar las 300.000 hectáreas”.

“El enemigo no está en las autoridades ni en las entidades del Estado, no está en la institucionalidad, no lo busquen por ahí que no está, no perdamos el tiempo. Estamos en un momento de país que necesitamos buscar el enemigo que está en otro lado y unirnos todos para entregar la tranquilidad”, dijo la procuradora.