EL PANORAMA para el proyecto de reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado comenzó a complicarse, apenas dos días después de haberse radicado la ponencia por parte de los congresistas de la coalición de gobierno.

Por un lado, el Partido Conservador advirtió que la bancada en el Congreso estableció cinco puntos para defender el derecho de los ciudadanos a tener una pensión digna.

El primero de ellos está relacionado al régimen de transición, el cual debe ser de 780 semanas cotizadas y no de 1000 como está planteado en el proyecto. Pero, además, se debe permitir que las mujeres, desde 35 años y hombres con 40, se beneficien de la medida.

Otro punto de interés que plantean los conservadores es la necesidad de proteger los recursos de los cotizantes, a fin de que “el ahorro pensional no se convierta en gasto”. Para lograr su cumplimiento, el colectivo liderado por Efraín Cepeda, habló sobre fortalecer el Comité Técnico con independencia.

En el tercer punto, proponen que aquellos cotizantes que por alguna razón no hayan cumplido las semanas para pensionarse, puedan optar por la devolución del dinero ahorrado. Otra opción es que se le asigne renta vitalicia igual o superior al valor del pilar solidario.

El Partido Conservador también plantea dirigir recursos de las multas generadas por el incumplimiento pensional a la protección a la vejez de los colombianos de menos recursos. Dicho monto puede ser de 250.000 millones cada año.

Por último, se propone que la reforma, de ser aprobada, entre en vigencia en 2026. La razón es lograr un mayor fortalecimiento institucional de Colpensiones.

Por otra parte, la presidenta de la comisión y senadora de la U, Norma Hurtado Sánchez, señaló que su partido apoya tres elementos claves para asegurar mayor beneficio a los adultos mayores, a fin de mejorar su calidad de vida en la edad de la vejez.

La U plantea que el Pilar Solidario y el Semicontributivo otorguen acceso a renta vitalicia a las mujeres vulnerables a partir de los 60 años, no 65 como planteó el proyecto inicialmente.

También contemplan la posibilidad de imponer un umbral de 2 salarios mínimos, con la intención de garantizar la viabilidad fiscal, además, de la capacidad de pago de cada una de las pensiones. A ello se le suma, la posibilidad de sostener el sistema en el tiempo.

Otra de las propuestas que surgieron desde el seno de la U está vinculada al ahorro de los colombianos. Hurtado aseguró que debe ser intocable, por lo que propone que los recursos que hayan sido ahorrado por los cotizantes “estén protegidos y sean usados por el Gobierno únicamente para el pago de mesadas pensionales”.

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Planteamientos

A propósito de la radicación del proyecto de reforma, Berenice Bedoya, senadora por el partido ASI, aseguró que la iniciativa pretende “la unificación de los regímenes públicos y privados para sumar una única pensión de vejez”. Pero, además, destacó que se busca “garantizar renta básica en jubilación para 2,5 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión en Colombia.

Entretanto, manifestó que el nuevo régimen será mayoritariamente público complementario y no competitivo.

Otra en pronunciarse en torno al proyecto fue la senadora Beatriz Ríos, de Colombia Justa Libre. Al respecto, destacó que “es una apuesta decidida e integradora para llegar con una oferta institucional a más personas durante su vejez. Tenemos 3,5 millones de adultos mayores que hoy están en condiciones inhumanas al no contar con ingresos, redes de apoyo y alternativas de protección social. Esa ganancia en cobertura de los esquemas de protección social es muy valiosa”.

Consultada sobre los ajustes que considera pertinentes, aseveró que “existe varias situaciones por mejorar, como ponente vengo liderando la construcción de un acuerdo para garantizar que quienes realizan aportes al sistema en ninguna circunstancia reciban una prestación menor a la renta básica que se crea en el pilar solidario. Estamos muy cerca de lograrlo, mis colegas comparten este compromiso con el país, así como también el de garantizar esas condiciones de acceso diferenciadas para las mujeres colombianas a la protección durante la vejez”.

Adicionalmente, puntualizó que es necesario fortalecer los mecanismos financieros que permiten gestionar los riesgos del sistema.

A su juicio, “debe robustecerse la transparencia y el buen gobierno de los fondos públicos que se crean con la reforma para que se administren esos recursos de manera responsable, personalmente, he venido planteando la creación de una Comisión Autónoma para el seguimiento al sistema, en todos los pilares, estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con algunos detalles de su funcionamiento”.