RESPETO A los derechos humanos y a las normativas internacionales vigentes exigió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ante la falta de claridad de las condiciones jurídicas en las que llegarían ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador.

“Frente al anuncio del Gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de nacionales condenados en ese país, hago un llamado al Gobierno de Colombia y en particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su situación jurídica”, puntualizó Camargo Assis.

Esta entidad defensora de los derechos humanos advierte sobre el impacto que esta expulsión pudiera ocasionar, especialmente en la zona de frontera.

Por esta razón el defensor del Pueblo añadió que, “es necesario que se establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el vecino País”.

Actualmente, en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646 ciudadanos cumpliendo sus penas y un hacinamiento del 24,3%.

Las declaraciones de Camargo Assis se conocen luego del anuncio del Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador sobre la expulsión de 1.500 presos extranjeros, entre ellos venezolanos, peruanos y colombianos, en medio de una ola de violencia criminal que azotó a la nación suramericana en días recientes.

Esta decisión ha generado preocupación en los países vecinos, ya que deben lidiar con un índice bastante elevado de hacinamiento.

La primera vez que se habló en Ecuador sobre retornar a privados de libertad a sus respectivos países fue en diciembre del año pasado, ya que era esa la medida que permitiría aliviar la crisis carcelaria.

Sin embargo, el asunto cobró mayor fuerza a principios de enero, después de los actos violentos que incluyeron explosiones, toma de recintos carcelarios, secuestros, asesinatos y la toma de un canal de televisión por parte de hombres armados en Guayaquil.