Luego de 21 años de haber salido desplazados del municipio de Lejanías, Meta, para no ser reclutados por el Frente 27 de las Farc, varias víctimas se volvieron a encontrar. Ahora esperan que ese vínculo forzado con las guerrillas, cuando eran niños, se tenga en cuenta por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como Reclutamiento ilícito en grado de tentativa y, de esta manera, puedan acreditarse como víctimas dentro del macrocaso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado).

Estas víctimas vivían junto con sus familias en los municipios de La Julia y El Triunfo, Meta. “Allí enseñaban a menores de edad a hacer ejercicios, a marchar y les hacían cantar el himno del grupo armado (…) cuando un niño se encontraba apto para la guerrilla era reclutado”, asegura una de las víctimas que busca su acreditación en la JEP, a quien su madre decidió sacar de su hogar a escondidas una noche de 2001 y huir, primero, hacia el pueblo de La Uribe, y finalmente a Bogotá. En ese momento ya su padre había sido fusilado por las Farc al tratar de impedir el reclutamiento de sus hermanos en 1999.

Otra víctima recuerda que los guerrilleros empezaron a llegar a su escuela para entrenar niños de entre cinco y seis años, “evaluaban sus capacidades físicas y a los más ágiles los inscribían en el grupo 'Los Pioneros'. Mi hermano alcanzó a disparar y era el que ellos se querían llevar (…) el día que mi mamá supo de la amenaza tomó la decisión de que debíamos abandonar y dejar todo”.

Una de sus hermanas recuerda que “llevaban los niños a nadar para medir su resistencia al agua, jugaban a los pistoleros con distintos palos y luego les enseñaban a disparar antes de reclutarlos”.

Los argumentos del Ministerio Público

Ante la decisión de la JEP de no reconocer a estos solicitantes como víctimas dentro del macrocaso 07, por considerar que los intentos de reclutamiento forzado no se materializaron y que solo fueron víctimas del delito de desplazamiento forzado, la Procuraduría solicitó en un recurso de apelación revocar la decisión y reconocerlos como víctimas de reclutamiento ilícito de menores de edad argumentando que, de no hacerlo, la JEP estaría contrariando los principios que enmarcan el modelo de justicia transicional.

“La no acreditación de los peticionarios desconoce la definición constitucional y legal de víctima, así como los estándares de protección dirigidos a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos”, aseguró el Ministerio Público en su solicitud.

La Procuraduría añadió que “es evidente que los peticionarios sí son víctimas del delito de reclutamiento ilícito de menores de edad, en modalidad de tentativa, y deben ser reconocidos dentro del macrocaso 07, al margen de que se realice el mismo reconocimiento dentro del macrocaso 10 por crímenes diferentes”.

También recordó que la tentativa de reclutamiento de menores de edad está reconocida como delito en el Código Penal colombiano y en el Estatuto de Roma, a nivel internacional.

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En el Eje Cafetero

De igual manera, recientemente, en un comunicado de la Procuraduría, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, indicó que se evidencian deficiencias en la operación de los mecanismos propuestos a la fecha para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos en el Eje Cafetero.

La Procuraduría advirtió la necesidad de adelantar gestiones para evitar la declaratoria de un Estado de cosas inconstitucional. Por eso, el vocero del Ministerio Público formuló cuatro solicitudes:

Adelantar las diligencias necesarias para que las autoridades locales, regionales y nacionales responsables adopten nuevas estrategias a fin de dar cumplimiento a los compromisos de búsqueda.

Adelantar dos grandes audiencias; la primera con gobernaciones, alcaldías, entre otras instituciones, para evaluar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en esta materia, y precisar qué falta por hacer en cada territorio. La otra audiencia sería con instituciones del nivel nacional comprometidas con el Sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas, con el propósito de establecer competencias, límites, canales de interacción y protocolos.

Definir protocolos de actuación para cada entidad para evitar procesos fraccionados.

Solicitar a las autoridades de Trujillo y Riofrío, en el Valle del Cauca, que revelen la información que facilite el proceso de búsqueda de las víctimas.