La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP valorar las observaciones hechas por el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, frente a la solicitud de desistimiento parcial presentada por el excongresista Luis Fernando Almario Rojas.
El excongresista, hoy investigado por la JEP, luego de que solicitara su sometimiento voluntario en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, pidió a esa Jurisdicción ser desvinculado del proceso relacionado con su participación en la promoción de grupos paramilitares y solo continuar con el caso por el asesinato de la familia Turbay Cote.
Al respecto, en comunicación dirigida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el delegado Acosta Aristizábal le solicitó a la JEP que, además de tener en cuenta los argumentos expuestos en su concepto, estos sean remitidos a la Sección de Apelación de la jurisdicción para el estudio correspondiente. Lo anterior, por cuanto no fueron analizados por la magistratura en la decisión que resolvió negar la solicitud presentada por el señor Almario Rojas.
Para el Ministerio Público, ignorar el concepto remitido se puede entender como un mensaje de indiferencia, más que frente a la Procuraduría, frente a todos aquellos a los que representa.
El procurador Acosta también recordó que la Corte Constitucional señaló la importancia de la participación de la Procuraduría en cada una de las instancias procesales ante la JEP.
“El Ministerio Público fue llamado por mandato constitucional a ejercer un rol de control en el sistema de frenos y contrapesos ante este sistema de justicia transicional, así como de garantizar el respeto por los derechos e intereses de las víctimas e intervinientes procesales en todas las instancias judiciales”, asegura el documento.
En su análisis, el delegado mencionó que este caso es de especial relevancia, pues tanto las víctimas como el Ministerio Público, desde el trámite ante la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) se han opuesto a la aceptación de la comparecencia en este caso por la renuencia del señor Luis Fernando Almario Rojas a cumplir con el régimen de condicionalidades.
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Antecedentes
Vale recordar que Almario es señalado de ser uno de los responsables del magnicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, ocurrido el 29 de diciembre del año 2000. Almario no ha reconocido su responsabilidad en esos hechos desde julio de 2020, cuando fue aceptado su sometimiento voluntario a la JEP.
La masacre fue ejecutada por la Columna Móvil Teófilo Forero. Aquel día fueron asesinados Diego Turbay Cote (en ese entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara); su madre, Inés Cote de Turbay, y sus acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
Asimismo, a Almario se le investiga por su participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño, ocurrido en 2002, y como el determinador del secuestro de Rodrigo Turbay Cote, que fue perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc-EP en 1995.
La magistratura examinó los expedientes referidos a los hechos, escuchó en versión a Almario Rojas en dos oportunidades; a las víctimas en audiencia y además recibió sus observaciones de manera escrita. La Sala de Reconocimiento de la JEP indagó la presunta responsabilidad del compareciente luego de conocer un video público de 2011, en el que exguerrilleros lo habían acusado de ser el responsable de estos hechos.
Pese a que la magistratura no puede afirmar si el compareciente viola su deber de aportar verdad plena, sí cuenta con elementos suficientes para cambiar la ruta que este debe seguir en la JEP.
“De ser encontrado responsable, habría sido determinador no solo del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc-EP (…) Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad", advierte la JEP en el auto en el que le pide a la UIA investigar los hechos.