En días recientes, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de una investigación más amplia que indaga sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia, solicitada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez, busca obtener pruebas que podrían implicar a varios congresistas en un escándalo de corrupción relacionado con la asignación de contratos.
El allanamiento se realizó en el norte de Bogotá, donde se encontraban Benavides y su familia, y se llevó a cabo por más de diez funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). Los investigadores llegaron con la intención de incautar documentación y elementos que pudieran ser relevantes para la investigación.
Se señala que la exasesora presuntamente estaría involucrada en un esquema que favoreció la adjudicación de contratos por un monto total de 92.000 millones de pesos a miembros de la Comisión de Crédito Público, a cambio de su apoyo en la aprobación de empréstitos necesarios para el gobierno.
La defensa de Benavides ha denunciado que, tras el allanamiento, ella y su familia recibieron amenazas de muerte a través de un mensaje de WhatsApp, en el que se decía: “María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el h... de su abogado van a entender que hablar no paga. Brille para ellos la luz perpetua.”
Este mensaje, acompañado de una imagen de una calavera y un ataúd, ha motivado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según el abogado Jaime Andrés López, quien representa a la exfuncionaria, estas amenazas buscan coartar su derecho a declarar y ejercer su defensa en un contexto donde la información que posea podría ser crucial para el esclarecimiento de los hechos.
López subrayó que “se rechazan de manera enfática las amenazas a la vida de mi poderdante, sus familiares y en mi contra”, y ha solicitado medidas de protección para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Además, se ha indicado que María Alejandra Benavides se ha acogido al derecho de guardar silencio en las investigaciones, aunque no se descarta que en un futuro pueda decidir colaborar como testigo.
La investigación no solo abarca a Benavides, sino que se extiende a otros funcionarios y congresistas que, según las autoridades, podrían haber participado en el direccionamiento irregular de contratos.