SE AHONDA el pleito jurídico en torno a la construcción de una base de la Armada en el Parque Nacional Natural Gorgona.
El pasado 13 de marzo, en una audiencia pública en el Congreso de la República, la ministra de Ambiente Susana Muhamad reiteró que el Gobierno no había tomado una decisión final frente al proyecto del muelle y el mejoramiento de la subestación de guardacostas de la Armada Nacional en el Parque Nacional Natural Gorgona.
La alta funcionaria recalcó que ese proyecto fue suspendido porque el Gobierno estaba escuchando todas las posiciones para tomar una decisión asertiva, concertada e informada.
“El proyecto está suspendido por decisión del Gobierno Nacional para recibir cada una de las observaciones y confrontar las dudas de comunidades, academia, científicos, usuarios del parque e investigadores. La decisión la va a tomar como una política de Estado que integre todos los factores: el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), la operación de Parques Nacionales, la gobernanza con inclusión de las comunidades, la seguridad y defensa nacional”, explicó Muhamad.
Dijo que desde noviembre se habían realizado cerca de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. También se creó una mesa con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico que tienen que ver con la isla.
Dichas reuniones, explicó, se han llevado a cabo con científicos, académicos, comunidades, guardaparques, periodistas y ambientalistas para escuchar sus preocupaciones, recomendaciones y comentarios, así como para aclarar dudas frente al proyecto.
Muhamad precisó ante el Parlamento que “hasta que no lleguemos a un acuerdo el proyecto no va a avanzar, porque necesitamos un acuerdo de gobernanza en el que todos estemos en el mismo propósito de proteger Gorgona y sus activos ambientales, y generar mejor capacidad para operar el parque”.
Tras recalcar que la decisión se tomaría con base en un análisis técnico, jurídico, contractual y social riguroso con información detallada, la ministra puntualizó que “esta es una posición que será de Gobierno, porque esto trasciende el tema ambiental, también tiene que ver con la seguridad, la soberanía nacional, las comunidades y el modelo de desarrollo alrededor del Pacífico y la protección del Parque Nacional Gorgona”.
Campanazo
Sin embargo, ayer la Procuraduría General advirtió la que calificó como “una enorme desarticulación” entre las distintas instituciones y autoridades públicas en torno a la decisión política de la ejecución del proyecto para la “Construcción Estación de Segundo Nivel de Guardacostas de Gorgona”.
El ente de control sostuvo que la licencia ambiental que contempla la construcción de la estación de guardacostas de la Armada Nacional y obras complementarias en el Parque Nacional Natural Gorgona, goza de presunción de legalidad, contempla la evaluación de impactos ambientales y es plenamente ejecutable además de indispensable.
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Recordó el Ministerio Público que la licencia otorgada al titular por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es un acto en firme y, por ende, ejecutable por parte de la Armada Nacional, “sin que medie una decisión jurídica de suspensión como se anunció en medios, ante la inexistencia de un acto administrativo que ordene la interrupción del proyecto expedido por la autoridad ambiental competente”.
Asimismo, en el desarrollo de dicha mesa, liderada por la procuraduría delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, y a la que asistieron representantes del Gobierno Nacional, militares y de las autoridades ambientales, se referenció la importancia del proyecto para la seguridad del país en zonas marítimas y costeras, el control de tráfico de estupefacientes y en la lucha de delitos contra el medio ambiente, prácticas asociadas a la pesca ilegal en el pacífico colombiano, entre otros.
Durante la reunión, el ente de control también instó a la ANLA, a evaluar el cumplimiento actual del cronograma de ejecución del proyecto, información que será referida por la Procuraduría, para la eventual solicitud de una audiencia pública ambiental de seguimiento.
Finalmente, se precisó el compromiso por parte del Gobierno Nacional, de la realización de una Mesa Pluriétnica en la isla los días 11 y 12 de abril, para revisar los comentarios del proyecto y otros asuntos asociados a las necesidades que debe satisfacer el Estado colombiano a las comunidades del Pacífico, sin que ellos constituya un espacio de decisión sobre la ejecución del proyecto que concierne exclusivamente a la autoridad ambiental en el marco de los procedimientos y mecanismos previstos para ello.