El PAE sigue estando en la mira de diferentes organismos del Estado, con el fin de convertirlo en un programa efectivo que cumpla con su misión de alimentar a los estudiantes de bajos recursos en el país.

Los senadores Didier Lobo, José Luis Pérez Oyuela y los representantes Jaime Humberto Cristo, Modesto Enrique Aguilera y Mauricio Parodi Díaz, del Partido Cambio Radical, radicaron proyecto que establece una política que garantice la prestación de calidad de los servicios, en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como el fortalecimiento de la formación académica, para consecuentemente dignificar la labor de las mujeres y hombres cabeza de familia de los hogares colombianos, que prestan sus servicios como manipuladores de alimentos.

Con esta iniciativa, las personas dedicadas a prestar sus servicios en la labor de manipulación de alimentos, cuyo objeto sea la prestación del servicio del PAE, tendrán derecho a las garantías mínimas de ley, en especial a un ingreso no inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el reconocimiento de sus prestaciones sociales, durante el tiempo de operación del programa.

El senador José Luis Pérez (Cambio Radical) argumentó que “se busca fortalecer el Programa de Alimentación Escolar en Colombia, por medio de la acreditación de los manipuladores de alimentos en el proceso de alimentación de las niñas y niños; adicionalmente, la Acreditación debe ser por vía del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con una certificación que respalde la prestación de un servicio de calidad”. Y agregó el congresista que las personas que trabajan en este tipo de servicios ganan un promedio de 13 mil pesos diarios.

La anterior propuesta se podrá desarrollar, con el incremento de los niveles de formación de los manipuladores de alimentos, mediante la acreditación del certificado respectivo, con una entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

Así mismo, el Ministerio de Educación, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar "Alimentos para Aprender”, establecerá, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta ley, los lineamientos para que los operadores del servicio de alimentación desarrollen la prestación de este servicio, cumpliendo con la reglamentación de esta ley; de lo contrario, será causal de caducidad o terminación del contrato y de imposición de las multas a que haya lugar.

Por último, la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus funciones y marco normativo, realizará informes públicos en cumplimiento de esta medida.

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La Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la gobernadora (E) de Norte de Santander, Taiz del Pilar Ortega, y a la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) que se realicen las actuaciones necesarias para garantizar la prestación del PAE en los 39 municipios del departamento y del que se benefician más de 100 mil niños.

El ente de control advirtió que los niños, niñas y adolescentes del departamento podrían carecer del servicio, puesto que, al parecer, las entidades responsables no cuentan con los recursos necesarios para continuar con la prestación, y también se podrían ver afectados en su nutrición e incluso se podría poner en riesgo su permanecía en las diferentes instituciones educativas del departamento.

Así mismo, la Procuraduría instó a las autoridades locales a responder de manera urgente e inmediata por la garantía de esta estrategia hasta la terminación del calendario escolar de la presente vigencia.

Vale recordar que el Ministerio Público requirió a los 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados, un detallado informe respecto de sus obligaciones para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, en especial las relacionadas con las condiciones de sanidad y salud pública, de acuerdo con lo señalado en el lineamiento técnico del PAE y la demás normativa que reglamenta la distribución, manipulación y preparación de alimentos.

Cabe resaltar que el PAE se ha visto involucrado en varios temas de corrupción y escándalos por el estado de los alimentos que se les entregan a los niños en las escuelas. Es por ello que, en busca de anticiparse a hechos que afecten las garantías del programa, el ente de control solicitó a las entidades territoriales, que reporten las actividades de inspección, vigilancia y control realizadas en lo corrido del año, precisando especialmente las visitas en sitio realizadas por la administración para verificar las condiciones de prestación del servicio de alimentación escolar, los resultados y las medidas adoptadas, en caso de haber evidenciado falencias en la ejecución.

Los alcaldes y gobernadores citados deberán entregar un cronograma detallado de las visitas de verificación que se realizarán en lo que queda de este año, señalando las fechas, para ser acompañados por la Procuraduría.

Lo que evidenció la Defensoría

Por otro lado, la Regional Cundinamarca de la Defensoría del Pueblo presentó a la Comisión Regional de Moralización, un informe en el que se relacionan las quejas más frecuentes por el mal funcionamiento del PAE en diez municipios del departamento.

La Regional evidenció irregularidades en San Juan de Río Seco, Bituima, Girardot, Villa Pinzón, El Rosal, Pandi, Cabrera, Guaduas, Pasca y Pacho. El informe detalla que existen inconsistencias en la entrega de minutas, afectaciones en el manejo de la cadena de frío, alimentos en mal estado, riesgo de contaminación cruzada, falta de pago al personal y, en otros casos, que no se les reconoce la seguridad a la que tienen derecho. 

La Defensoría del Pueblo hizo algunas recomendaciones, entre ellas que se tomen medidas sobre la supervisión del contrato y evaluar las tarifas y pagos que se realizan a quienes preparan los alimentos. También propuso buscar una alternativa para realizar un seguimiento en tiempo real entre las raciones proyectadas y las administradas.

Para la Defensoría es urgente que las autoridades tomen las medidas necesarias teniendo en cuenta que eso afecta a grupos esencialmente vulnerables y sujetos de especial protección. La comisión está integrada por la Contraloría, la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Apercundi y veedurías.