UNA SERIE DE recomendaciones presentó ayer la Procuraduría General de la Nación, con la intención de hacer cumplir los artículos de la Ley de Garantías Electorales, de cara a los comicios regionales de octubre. Las sugerencias hechas por el órgano de control están enmarcadas en el periodo de restricción, el cual comenzó el 29 de junio y terminará el 29 de octubre.

Las medidas anunciadas están relacionadas con la prohibición de llevar a cabo contratos administrativos, pero también con restricciones a servidores públicos de participar en actividades políticas. Asimismo, no está permitido modificar plantas de personal.

A pesar de que el lapso de restricción ya se puso en marcha, se ha reiterado la invitación tanto a alcaldes, gobernadores, gerentes, secretarios, directores, como a otros funcionarios pertenecientes a los diferentes departamentos municipales, distritales y departamentales a cumplir con los cronogramas de actividades establecidos, siempre que sus acciones estén supeditadas a los planes de desarrollo que les fueron aprobados.

Las restricciones

La Ley de Garantías es clara al establecer restricciones previas al proceso electoral 2023, a través del reglamento “Prohibiciones a las autoridades para las elecciones locales y departamentales”, por lo que la Procuraduría reiteró las medidas a las que deben estar sujetos tanto funcionarios públicos, como autoridades locales, distritales y departamentales.

1. El organismo en materia de control recordó que entre el 29 de junio y el 29 de octubre no está permitida la realización de convenios interadministrativos para ejecutar recursos.
2. Se prohíbe participar, promover o destinar recursos públicos para llevar a cabo reuniones proselitistas. También planteó la necesidad de evitar la inauguración de obras públicas e “iniciar programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de partidos políticos, así como modificar las plantas de personal, entre otras”.
3. Dentro de las restricciones a los servidores públicos, se estableció poner en funcionamiento lo establecido por la Directiva 07 de 2023, donde se exponen claramente las prohibiciones y conductas vinculadas con la participación en cualquier actividad de partidos políticos.
4. Sobre las recomendaciones hechas por la Procuraduría en materia de contratación, el ente pide a los candidatos y a funcionarios públicos tomar en cuenta las excepciones establecidas en materia de contrataciones, sobre todo “para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, así como los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
5. El texto presentado por Procuraduría hizo hincapié en las excepciones establecidas a la prohibición de vinculación “de la planta estatal que excluye la provisión de cargos por faltas definitivas”. En este punto, destacan elementos como muerte y renuncia al cargo que haya sido debidamente aceptada.

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1. Adicionalmente, exigió a los Comités Territoriales de Control Electoral que soliciten los datos que consideren necesarios. El documento permite programar y practicar “las visitas preventivas para la vigilancia y verificación del cumplimiento de las restricciones allí establecidas. Así mismo, permanecerán atentos a los instructivos que expida la Comisión Nacional de Control Electoral”.
2. Por último, el ente de control plantea la posibilidad de que las personas ejerzan de manera clara el control ciudadano. Asimismo, tienen el derecho de presentar las quejas que estén vinculada a hechos, situaciones o conductas “que vulneren lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005”. Para las denuncias correspondientes se habilitó el correo electrónico  quejas@procuraduria.gov.co y también se puede acudir a la página web de la organización.

Estas medidas resultan importantes durante el proceso electoral para la elección de gobernadores y alcaldes, ya que permitirán que el proceso esté blindado de legalidad y transparencia, pero sobre todo de equidad.

Además, el documento con recomendaciones presentado por la Procuraduría General de la Nación hará que tanto servidores públicos como autoridades locales y departamentales cumplan con sus deberes, primando principios como la igualdad y la democracia.

Se espera el cumplimiento por parte de las autoridades para evitar contratiempos durante este proceso, que ya cuenta con alarmas por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) por las amenazas y presiones que están ejerciendo grupos alzados en armas a algunos candidatos en diversas regiones, siendo Arauca, Nariño, Cauca y Antioquia las principales zonas afectadas.