HAY TRES conclusiones que se pueden derivar de la carta que envió el jefe único del partido Liberal, el exmandatario César Gaviria, al presidente Gustavo Petro, el miércoles pasado.

En primer lugar, que la postura de esa colectividad frente al trámite y aprobación de las reformas a la salud, pensional y laboral continúa siendo la misma que ha defendido desde el comienzo de esta legislatura, en que son necesarios esos ajustes de fondo, pero bajo tres condiciones muy claras.

La primera es que dichas iniciativas se deben llevar adelantar “sin destruir las instituciones que han servido bien al país y sin profundizar en la polarización”. Es decir, que los liberales se ratifican en aspectos que han recalcado en los últimos meses como preservar una parte del esquema funcional de las EPS y evitar una excesiva estatización del sistema de salud; que la reingeniería laboral debe propender por un empleo de calidad en conjunto con un equilibrio empresarial, sin retroceder a legislaciones ajenas a la realidad laboral; y que en la modificación al régimen de jubilación no se puede permitir que los dineros de las cotizaciones terminen siendo manejados por el Estado (…).

La segunda condición que reitera el expresidente liberal, como ya lo había hecho en las reuniones con el propio Petro y la ministra de Salud de entonces, Carolina Corcho, así como con otros miembros del gabinete, al comienzo de esta legislatura, es que se requiere una concertación efectiva. “(…) Teniendo en cuenta y consideración los puntos de vista de otros partidos, la extrema radicalidad no pueden ser los puntos de referencia de los temas, como ha ocurrido hasta el momento con las iniciativas legales o constitucionales que nos proponemos modificar”, recalcó el exmandatario en su misiva.

No es la primera vez que Gaviria advierte que es imposible avanzar en la agenda legislativa si desde el Gobierno, e incluso la postura personal de los ministros, se asumen tesis inflexibles y radicales. De hecho, este tipo de críticas del exmandatario fue lo que, precisamente, llevó a que a finales de marzo el propio Petro tomara la decisión de romper la coalición parlamentaria gubernamental, determinando la salida de los partidos Liberal, Conservador y de La U.

A hoy, casi dos meses y medio después de ese rompimiento, la tesis de Gaviria continúa siendo la misma: para concertar el alcance de las reformas se requiere dejar de lado las posturas radicales y marcadamente ideologizadas desde la orilla gubernamental.

Una tercera condición de esta primera conclusión es que el exmandatario considera que, en el marco de un nuevo esfuerzo de concertación real, “el Gobierno debería abrir espacios de diálogo con las diferentes fuerzas sociales y políticas para abordar los aspectos problemáticos de las reformas”.

Esta afirmación del exmandatario está en la misma línea de lo anunciado, el mismo miércoles, por la bancada liberal de la Cámara de Representantes, en el sentido de que no votará la reforma a la salud en esta legislatura, solicitando aplazar el debate para la segunda, que comienza el 20 de julio. Esto con el fin de vislumbrar la posibilidad de buscar un consenso alrededor de los temas más complicados de esta iniciativa, que lleva más de dos semanas patinando en la plenaria, en medio de una luz de impedimentos, recusaciones y falta de quorum.

En este punto no hay que olvidar, que, justamente, el liberalismo asumirá esa misma fecha la presidencia de la Cámara de Representantes (hoy en cabeza de David Racero, del Pacto Histórico), lo que le permitirá a esa bancada, que es la más numerosa en esta corporación legislativa (33 parlamentarios), tener un mayor margen de maniobra política para forzar un consenso alrededor de esta reforma o, incluso, empujar su hundimiento si el Ejecutivo no accede.

De hecho, el propio Gaviria, enfatizando que el tema central es de las reformas, advirtió en su carta sobre los riesgos de la estrategia gubernamental de promover marchas para presionar al Congreso.

Ahí está y…

La segunda conclusión de la carta de Gaviria a Petro es que, oficialmente, ese partido sigue considerándose como gobiernista.

Como se sabe, desde que el jefe de Estado, a finales de marzo, declaró la ruptura de la coalición, ya los conservadores y La U anunciaron, tras la respectiva votación de sus bancadas y el aval de sus directorios, que dejaban de ser colectividades oficialistas y se pasaban a la franja de los independientes.

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Los liberales, sin embargo, no han tomado ninguna decisión al respecto, por lo que a la luz del Estatuto de la Oposición continúan siendo un partido de la coalición petrista.

De hecho, como se lo han dicho a EL NUEVO SIGLO varios senadores y representantes de ese partido, hasta el momento Gaviria no ha convocado una reunión de bancada para que se vote de manera puntual y estatutaria por cambiar el estatus frente al Ejecutivo.

Por el contrario, en la carta del miércoles, Gaviria utiliza un lenguaje que trasluce, al menos así lo interpretaron muchos analistas y congresistas, que el liberalismo todavía se considera un partido de gobierno e, incluso como tal, le preocupa el “lenguaje beligerante” desde la Casa de Nariño contra la colectividad. También se dice preparado para “concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo…, no para regaños ni respuestas agresivas ni amenazas sobre hechos de los que somos completamente ajenos”.

El exmandatario también afirma que el partido “ha operado dentro de los límites establecidos por el presidente Petro, quien ha designado a personas cercanas a los partidos y que han sido afines a su campaña… Todos los miembros de su gabinete votaron en campaña por Petro y el ministro del Interior propone ahora poner a un lado la Constitución y borrar lo que ella dice sobre cómo se toman las decisiones de los partidos en bancada…”. Incluso el propio Gaviria se queja de que Petro lo ha, en varias ocasiones, “excluido tanto en el ámbito político como personal, ante mi supuesto incumplimiento en compromisos políticos pasados, transmitiendo ese mensaje que carece de fundamento”.

De hecho, en el último párrafo de su carta da a entender que no se considera enemigo del gobierno, como tampoco su partido respaldaría cualquier acción que lleve a afectar la institucionalidad o la legitimidad del Ejecutivo, incluso descalificando “los llamados golpes blandos”, tesis de Petro en medio de los escándalos de ‘chuzadas’ y financiación de su campaña.

“En este sentido, enfatizamos que somos sus aliados y no un obstáculo”, precisó a Petro el jefe único de los liberales en una frase que, sin lugar a dudas, parecería evidenciar que el liberalismo, sin entrar a discutir sobre cuotas ministeriales (no reconoce como propios a los titulares de Justicia y Vivienda) y de poder dentro del Gobierno (la semana pasada el Ejecutivo exigió la renuncia del presidente del Fondo Nacional del Ahorro por distribuir contratos a los congresistas liberales), continúa considerándose un partido oficialista.

Alertas tempranas

Lo que sí queda claro, tercera conclusión, es que, aunque Gaviria se ratifica como un aliado del Gobierno, no deja de advertir una serie de preocupaciones por los escándalos de corrupción de los últimos días, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial, y los casos del exembajador Armando Benedetti y la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

Frente a todo ello urge la acción de la justicia y la institucionalidad, al tiempo que condena “el retorno de expresiones beligerantes e insensatas en la política, especialmente cuando se utilizan argumentos populistas que van en disonancia con nuestra Constitución”.

En la misma línea Gaviria fustiga las críticas del Ejecutivo a la prensa, llama al respeto de las instituciones democráticas, alerta sobre la necesidad de control político de los partidos al Ejecutivo, advierte sobre los vacíos de la estrategia de paz, así como sobre los problemas de inseguridad y orden público, más aún en la antesala electoral.

Como se puede apreciar, Gaviria, que suele ser muy estratégico en sus pronunciamientos políticos, parecería estar en la línea de seguir más cercano al Gobierno, pese a todas las crisis y escándalos de los últimos meses, que de lanzarse a la oposición o, como los otros partidos de centro derecha que hicieron parte de la coalición oficialista, pasarse a la franja independiente.

Este es un elemento de alta política que no solo será clave para lo que pase con las reformas en este segundo semestre, sino para la capacidad gubernamental de recuperar margen de acción frente al difícil escenario que hoy enfrenta.