Diana Ojeda, procuradora delegada para Asuntos de Salud, le pidió al Ministerio dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo crear una mesa de trabajo ante las alertas generadas por el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con el propósito de escuchar las preocupaciones del sector.
"Que conforme una mesa de trabajo con todos los actores, con los gremios, con los expertos en salud, con todos quienes han hecho los estudios de insuficiencia de la UPC, los escuche. No solamente los siente ahí y se vaya y diga, se mantiene el 5,36 %. Los escuche y revise. Eso se lo ha pedido la Corte en otros escenarios, y con otros análisis de la UPC se lo hemos pedido nosotros", indicó Ojeda.
La procuradora Ojeda realizó una petición ante la Corte Constitucional para que declare un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la crisis que enfrente el sistema de salud actualmente, señalando que para la entidad de control, el incremento de la UPC para este año, podría agudizar el panorama de los hospitales y los centros médicos.
"Revisen todo lo que han destruido para ver si se logra algo, porque la situación como está es irreversible, es caótica. La crisis es grande, en un país donde cierran más de mil servicios, donde cierran clínicas, donde cierran hospitales, donde atrasan los tratamientos", indicó la funcionaria, haciendo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro.
Información sobre cálculo de la UPC 2025 pidió Procuraduría al Ministerio de Salud
El pasado 26 de diciembre, la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, pidió al Ministerio de Salud un conjunto de información detallada sobre el proceso técnico y los datos utilizados para estimar los gastos en salud relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2025.
La solicitud, contenida en el oficio IUS E-2024-768508, tiene como objetivo asegurar que el cálculo de la UPC se realice de manera suficiente y técnica, garantizando el flujo adecuado de recursos para el sistema de salud. La Procuraduría destaca que el cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1751 de 2015, que regulan el sistema de seguridad social en salud en Colombia, establece la necesidad de asignar recursos suficientes y sostenibles para la atención de salud de la población.