A sanción presidencial pasó la ley que permitirá la contratación directa de cabildos indígenas con el Estado colombiano. Para ello el Congreso modificó la Ley 80 de 1993 y la Ley 550 de 2007 y ya solo resta la firma del Presidente de la República.

Para el viceministro del Interior, Carlos Baena, el respaldo del Congreso a esta iniciativa es "un mensaje contundente a todas las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. Un mensaje de reconocimiento a nuestros pueblos y comunidades, para gestar su propio desarrollo".

Agregó que “actualmente lo pueden hacer las organizaciones indígenas, pero no lo pueden hacer de manera directa los cabildos, salvo cuando ejecutan recursos del Sistema General de Participaciones”.

“Ahora el Gobierno podrá llegar directamente a estas comunidades y lo mismo ocurrirá con los consejos comunitarios y los consejos de base. Acá lo que estamos es promoviendo la equidad, punto que el Gobierno Duque impulsa para generar oportunidades en nuestras comunidades étnicas”, precisó.

Según explicó el funcionario público, esta iniciativa beneficiará también a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; precisamente va a permitir que estas minorías puedan "contratar directamente con el Estado, en el ámbito nacional, pero también a nivel departamental y municipal, para avanzar en términos de equidad, porque la contratación será en todos los territorios de Colombia, con las diferentes autoridades".

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Sobre la iniciativa a la que solo le resta la firma del presidente Iván Duque para convertirse en una realidad, Baena afirmó que "los recursos llegarán directamente a donde están las necesidades, y podremos avanzar en reactivación económica, emprendimiento y equidad".

Ya el año pasado el presidente Iván Duque había firmado el Decreto 252 del 2020, el cual autoriza a las organizaciones indígenas para adelantar contratación directa con las entidades del Estado. La nueva ley acepta también contratar directamente con los cabildos.

En este sentido, el Decreto 252 estableció que, “además de las anteriores asociaciones, las organizaciones indígenas también podrán celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales, de acuerdo con lo contemplado en el presente artículo y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre y cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia”.

“Para la ejecución contractual, la entidad estatal deberá exigir la constitución de una garantía única que consistirá en una póliza de seguros que cubrirá suficientemente los riesgos del contrato o convenio”, indica el decreto.

De la misma manera, determinó que “la entidad estatal podrá terminar unilateralmente el contrato o convenio en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la organización indígena”.

Su camino en el Congreso

Con la ponencia del senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, el proyecto contemplaba la necesidad de crear una disposición que otorgue plena capacidad jurídica a los cabildos indígenas y autorice a las entidades del Estado la suscripción de negocios directamente.

“De esa forma promoveremos el derecho a la autonomía, en pro de su desarrollo”, sostuvo el ponente. Por su parte, la senadora Paloma Valencia, uribista, presentó una proposición para dejar constancia de que "estamos en contra de que se apruebe esta iniciativa, porque creemos que genera un gran problema en las competencias y las autonomías de la organización indígena del Cauca". La proposición fue negada con 74 votos.

Entre tanto, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, en la proposición de un artículo nuevo manifestó que “con esta propuesta buscamos justicia de igual manera con la comunidad afro. Instamos al Gobierno para que reglamente y desarrolle los mismos derechos en salud y educación que tienen las comunidades indígenas, quienes se sienten marginadas, por las desigualdades existentes”. La proposición fue negada con 41 votos por el no y 31 por el sí.