LA ESTRATEGIA de “paz total” del gobierno Petro sufrió ayer un tercer y grave revés en menos de un mes, que no solo pone en duda su viabilidad sino que, además, aumenta la prevención de la opinión pública sobre si hay voluntad de paz de los actores armados ilegales con los que la Casa de Nariño quiere adelantar sendos procesos de negociación o de sometimiento a la justicia.

El pasado 3 de marzo la Corte Constitucional decidió tramitar bajo la figura de “urgencia nacional” una demanda contra la ley 2272 de 2022, más conocida como la prórroga a la “Ley 418”, marco normativo de todo proceso de paz. En dicha norma, aprobada por el Congreso en tiempo récord en el segundo semestre del año pasado, la Casa de Nariño plasmó las bases jurídicas de la “paz total”, incluyendo temas tan polémicos como la posibilidad de entablar procesos con bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’.

Si bien el alto tribunal se negó, como lo pedía el demandante, a suspender la vigencia de dos artículos clave de la norma, sí le dio trámite prioritario al examen de exequibilidad, lo que significa que en pocas semanas se tendrá una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la “paz total”. A ello se suma que la Corte señaló que, en adelante, si encuentra alguna ley o acto legislativo que podría ser inexequible o gravosa para el orden institucional, congelará su aplicación hasta que emita un fallo en firme.

El 19 de marzo se presentó otro grave contratiempo para la estrategia de paz gubernamental. Tras un nuevo pico de violencia en el marco del ‘paro minero’ en el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, el presidente Petro ordenó suspender el cese el fuego que había decretado desde enero con el ‘Clan del Golfo’ y ordenó a la Fuerza Pública actuar con toda firmeza contra esa organización criminal.

Al ser más que evidente que esa banda fustigaba e incluso financiaba esa protesta con el fin de proteger sus operaciones de extracción ilícita de oro a gran escala en la zona, al Gobierno, ampliamente criticado por una tregua que inmovilizó a la Fuerza Pública mientras el ‘Clan’ seguía delinquiendo abiertamente, no le quedó opción distinta que reversar un decreto de cese el fuego. No hay que olvidar que cuando fue emitido, a comienzos de año, generó múltiples críticas y reservas por la dificultad que implicaba hacérselo cumplir a las también llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

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La suspensión de ese cese el fuego resultó más gravosa aún para la viabilidad política y jurídica de la “paz total”, ya que se produjo apenas unos días después de que el Gobierno radicara en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para las bandas multicrimen como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’, la otra facción con la que hay vigente un cese el fuego.

Esa iniciativa, que plantea beneficios como máximo ocho años de cárcel para los cabecillas e integrantes de base que se sometan a la justicia, fue fuertemente criticada por la Fiscalía y la Procuraduría. La primera, incluso, alertó que se estaba abriendo paso a una amnistía disfrazada a narcotraficantes y otros peligrosos delincuentes, ofreciéndoles una amplia gama de beneficios penales y penitenciarios que generan impunidad.

Obviamente que se tuviera que suspender el cese al fuego con el ‘Clan’ debido a su persistencia en la criminalidad, terminó dando más peso a las críticas del Fiscal e incrementando las dudas sobre la “paz toral”.

Golpe en Catatumbo

Como si lo anterior fuera poco, el ataque ayer del Eln en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), que tuvo como saldo nueve militares asesinados y varios más heridos, dejó el proceso de negociación con este grupo guerrillero en vilo. No solo porque se trata del golpe más duro a la Fuerza Pública en ocho meses de gobierno, sino porque puso sobre la mesa si hay verdadera voluntad de paz en esa guerrilla, con la que se tiene instalada una mesa de negociación formal, con agenda definida y se va rumbo a un tercer ciclo de conversaciones en La Habana, tras los dos primeros en Caracas y México.

Si bien es cierto que el Gobierno ha tratado de avanzar un cese el fuego con el Eln, no ha podido. Aunque el propio Petro anunció el pasado 31 de diciembre que había un acuerdo al respecto con esta guerrilla (así como con las disidencias y reincidencias de las Farc, el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’), la propia guerrilla lo desmintió y la Casa de Nariño tuvo que admitir que se apresuró al respecto. Obviamente un ‘descache’ de ese calibre aumentó las críticas y reservas de varios sectores nacionales en torno a una posible improvisación en la “paz total” y puso aún más bajo la lupa el rol del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.

El ataque del Eln se torna más grave porque -a la par de los incumplimientos del cese el fuego por parte del ‘Clan’ y los grupos residuales de las Farc-, esa guerrilla no ha dado muestras de querer bajarle la intensidad al conflicto. Incluso, el propio máximo comandante de esa facción, alias ‘Antonio García’, no solo se ha mostrado cada vez más desafiante en sus críticas a la política de “paz total”, sino que reivindica el hecho de poder atacar a la Fuerza Pública, ya que no hay cese el fuego firmado.

Esa falta de voluntad de paz fue confirmada ayer en el comunicado de Otty Patiño, jefe de la delegación gubernamental en la mesa de negociación: “… en los últimos días el Eln ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario que dicen acatar. Ello lastima la confianza de la ciudadanía en la voluntad de paz del Eln y lacera profundamente la cordialidad en las conversaciones y en la implementación de los acuerdos”.

¿Romper o seguir?

El ataque del Eln se produjo apenas unas horas después de que terminara en el Congreso un debate al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en donde se le cuestionó por el evidente deterioro de la seguridad y el orden público en distintas zonas del país. Esto pese a estar vigentes los cese el fuego con grupos residuales de las Farc y las bandas criminales, así como teniendo en marcha un proceso de negociación política con los elenos.

Aunque desde la oposición y otros sectores le urgieron ayer romper el proceso de paz con el Eln (tal como ocurrió en febrero de 2019 cuando el gobierno Duque acabó la negociación con esa guerrilla tras el cruento atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía), Petro se limitó a condenar duramente el asesinato de los nueve militares y anunció que convocaba a “consulta a la delegación del gobierno en la mesa del Eln, países garantes y acompañantes”.

Si bien reiteró que “este llamado a consultas no implica un congelamiento de los diálogos, ni que haya una decisión de que el Gobierno se levante de la mesa”, sí afirmó que los militares fueron “asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”.

En la reunión del lunes, según lo dijo ayer Patiño, insistirá en “hacer prioritaria la exigencia de cese el fuego y de hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso, y el desarrollo de alivios en zonas donde el Eln puede interferir o afectar las acciones y dinámicas humanitarias”.

El propio Rueda dijo que "la paz se construye con hechos, haya o no cese el fuego. La continuidad de la violencia beneficia a los intereses del conflicto. El Eln no está escuchando al pueblo: comunidades en toda Colombia quieren la paz con justicia social y que los hermanos dejen de verse como enemigos".

Sin embargo, dada la actitud beligerante del Eln y sus antecedentes en procesos con otros gobiernos, no se ve muy posible que ceda fácilmente a esta exigencia petrista. A lo sumo aceptaría abocar el tema con más urgencia en los diálogos de La Habana, pero nada más.

En el entretanto, muchos sectores nacionales exigían ayer al Gobierno “desamarrarle” las manos a la Fuerza Pública y que esta busque asestarle a esa guerrilla un golpe fuerte y contundente. Falta ver si Petro, como sí lo hizo con el ‘Clan del Golfo’, da la orden directa y perentoria de ir con todo tras esa guerrilla y cómo reaccionaría esta tal decisión.

Como se ve, la política de “paz total” cierra marzo en un escenario bastante crítico. Tres grandes reveses que ponen en duda su viabilidad y aumentan la prevención sobre sus metodologías, implementación y resultados.