A pesar de Colombia haber alcanzado un importante avance legal para judicializar a las personas que abusan de los menores de edad, es necesario endurecer las penas, pero más aún se requiere que impere la sanción social para este tipo de comportamientos.

Así lo señaló Cristina Plazas Michelsen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué está haciendo el ICBF frente al crecimiento de la utilización de menores para el llamado turismo sexual?

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN: Combatir los delitos sexuales contra los menores de edad es prioridad de este Gobierno. Desde el ICBF estamos impulsando acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación en departamentos como Antioquia y Bolívar, entre otras regiones del país, con los contundentes resultados que hemos visto a través de los medios recientemente.  Seguiremos trabajando de la mano con alcaldes y gobernadores para que continúen los operativos y no bajemos la guardia.

Pero vamos más allá de la reacción. Estamos potenciando una cultura de prevención y un marco legal pertinente. Apoyaremos decididamente propuestas como la de aplicar la Ley de Extinción de Dominio a quienes fomenten la explotación sexual infantil, para cerrar el cerco a estos criminales y golpearlos donde más les duele: en sus finanzas.

El Código Penal Colombiano tipifica el delito de turismo sexual. Debemos precisar que esta es una modalidad de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que se produce en el contexto de viajes y turismo con la complicidad de muchos actores, eslabones de una cadena delictiva atroz.

En los últimos años, el país ha alcanzado grandes logros legislativos para judicializar a los victimarios, pero aún tenemos retos muy importantes, como el de lograr que la sociedad comprenda cuál es la verdadera importancia de denunciar estos casos para salvar la vida de una víctima.

De otro lado estamos emprendiendo una gran campaña con padres y madres de familia y el sector educativo para que hagamos verdadera prevención y para que tanto los hogares como las aulas se conviertan en entornos seguros y protectores.

El compromiso ante la explotación sexual debe ser: cero complicidad, cero indiferencia, cero tolerancia.

ENS: ¿Además de Cartagena y Medellín en qué otras ciudades crece este fenómeno?

CPM: En 2013 el ICBF abrió procesos de restablecimiento de derechos a 233 niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual. Y hasta agosto de 2014 habíamos recibido otros 92. Pero esta cifra responde solo a los casos que llegan a conocimiento de las Defensorías de Familia y sabemos que la magnitud real de la explotación sexual es muchísimo más grande.

Las regiones donde más casos se han reportado entre 2013 y 2014 son Bogotá, Valle, Atlántico, Bolívar y Caldas. Pero debemos ir más allá de las cifras o los rankings. Este despreciable fenómeno lo debemos combatir activamente en todo el país.

ENS: ¿Se requiere endurecer las penas para los abusadores de niños o crear nuevos tipos penales?

CPM:Se requiere ser implacable. Nada justifica el abuso. Un solo menor víctima de abuso debería ser suficiente para la movilización de todo un país y para la sanción ejemplar del abusador con todo el rigor de la ley. Las penas nunca serán proporcionales al daño que el abusador causa a la víctima, a la familia y a la sociedad. En este sentido, sí se requiere endurecer las penas, pero también se requiere, de manera urgente, que se ejerza sanción social y eso solo lo logra la sociedad en su conjunto, las familias, las comunidades y los individuos cuando denuncian una relación abusiva de un adulto con un niño, niña o adolescente. Las autoridades de Policía y la Fiscalía también deben tener un papel protagónico en este frente ciudadano para proteger a nuestra infancia.

Hoy, para que se tenga una idea, la ley colombiana establece penas de hasta ocho años para quienes dirijan, organicen o promuevan actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad. Estas penas se aumentan en la mitad cuando el acto punible se realice con un niño o niña menor de 12 años. Asimismo, se establece que quienes utilicen o faciliten medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores de edad, correos tradicionales, redes globales de información o cualquier otro medio de comunicación para estos fines, incurrirá en pena de prisión hasta de 14 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos. Estas penas se aumentan en la mitad cuando las conductas se realizan con menores de 14 años.

Transparencia

Cuando Plazas se posesionó como directora del ICBF, en agosto pasado, el presidente Santos dijo que se requiere mano dura para que sea más transparente esta entidad.

La funcionaria dijo que “mi administración no permitirá ningún hecho de corrupción ni conducta que vaya en detrimento de los recursos de los niños, niñas y adolescentes. Ya nuestros funcionarios tienen una instrucción clara: el ICBF no admite corrupción”.